Representantes de 109 comunas indígenas caminan hacia la Fiscalía de Orellana. Foto: Inredh
Coca, 07 de abril de 2021.- Esta mañana, cientos de indígenas Kichwa de la Amazonía lideraron otra caminata de protesta en la ciudad de El Coca, Orellana. Hoy, hace un año, un derrame de 15,800 de barriles de crudo y combustibles contaminaron los ríos Coca y Napo, sus fuentes de agua y alimento. Les contaminaron la vida. Cerca de 400 personas recordaron, frente al Consejo de la Judicatura y la Fiscalìa de Orellana, la impunidad de las responsables: las operadoras, Petroecuador y OCP Ecuador, y las autoridades de control, el Ministerio de Recursos y Energía y el de Ambiente y Agua.
Tras un año del derramamiento de crudo y petróleo, más de 27 mil personas indígenas de 109 comunidades siguen viviendo las afectaciones de la contaminación en sus cuerpos y en sus territorios, y los riesgos asociados a la erosión regresiva de los ríos, incluidos posibles nuevos derrames.
Con esta caminata, que inició en el Consejo de la Judicatura de Orella y avanzó por la av. 9 de Octubre hasta la Fiscalía Provincial, dirigentes de las comunas afectadas recordaron a la justicia ecuatoriana que continúan con la exigencia de justicia y reparación integral. “Los jueces de primera y segunda instancia que conocieron nuestra demanda no reconocieron las vulneraciones a nuestros derechos, es por eso que estamos aquí varias comunidades afectadas luchando por nuestros derechos, para hacerlos cumplir.”, indicó Verónica Grefa, presidenta de la comunidad Toyuca. Los territorios están en alerta.
Además, la presidenta de Toyuca recalcó que en algunas áreas, literalmente, se están desmoronando las riberas. “Igual que hace un año, las comunidades permanecen en la desinformación y la desatención”.
A raíz de estas afectaciones, las comunidades indígenas con el apoyo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONENIAE) y la Alianza de Derechos Humanos, interpusieron una acción de protección con medidas cautelares el pasado 29 de abril de 2020. La justicia negó en dos instancias la acción de protección planteada contra las empresas y el estado por su responsabilidad en la vulneración de derechos a la vida, agua, alimento, ambiente sano, integridad territorial y derechos de la naturaleza.
A la par, se ha iniciado la persecución legal contra un dirigente indígena e integrantes del equipo de apoyo legal al caso. Verónica Potes, abogada del equipo jurídico de la Alianza por los Derechos Humanos señala que “a un año de un derrame evitable, Jaime Oña, juez constitucional de primera instancia, ha iniciado un proceso penal poco creíble basado en un confuso cargo de “delito informático” e instigación, contra un líder indígena y miembros del equipo legal.”Coincidencialmente, fueron convocados para hoy a rendir versión en un proceso penal. Sin embargo, el fiscal Oscar Franco Chasiguasig, no tomó la versión libre sin juramento a cinco defensoras de derechos humanos ya que no se encontraba en la Fiscalía.
Declaraciones:
Carlos Jipa, presidente de la Federación de Comunas Unidas de la Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana (F.C.U.N.A.E.) “Señores fiscales no nos traten de criminalizar, estamos pedimos justicia por una vida digna. Hoy, las 500 personas que estamos aquí queremos decir la verdad de lo que ocurre en nuestros territorios. Las nacionalidades de Orellana estamos cansados de tanto atropello, continuaremos esta lucha hasta las últimas consecuencias.”
Marlón Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) “Hace 50 años nos dijeron que la explotación petrolera iba a terminar con la pobreza y seguimos en miseria, con necesidades. Este pueblo merece respeto,más de 27 mil comuneros que están en las orillas de los ríos Napo y Orellana, estamos en pie de lucha. Señor Fiscal mande a encarcelar a todos, mujeres con niños, no sea cobarde, no se escude detrás de la fuerza pública.”
Luisa Villacís, abogada de Carlos Jipa, “A pesar de reconocer a Carlos Jipa como autoridad defensora de derechos humanos e indígena, la primera notificación para toma de versión no ha tenido enfoque intercultural. Solicitamos que sea notificado en kichwa, tal como lo establece la Constitución. Como organizaciones de derechos humanos consideramos a esta denuncia una herramienta que se usa para callar a líderes y defensores de derechos humanos”
¡Exigimos Justicia!
¡Si el Estado no garantiza nuestros derechos y el poder judicial favorece a
quienes los vulneran, no hay otro camino que la resistencia!
Fotos Alta resolución :
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CONTACTO DE PRENSA: Yuli Gaona, Alianza por los Derechos Humanos – 098 091 6690