INREDH, ante los nuevos desalojos ilegales en Tundayme

Ante los nuevos desalojos que se están ejecutando en la parroquia Tundayme,  desde la noche de ayer, 15 de diciembre, y madrugada de hoy, 16 de diciembre de 2015, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chicnchipe, por parte de la Policía Nacional y la guardia privada de la  empresa

Ecuacorriente S.A, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, manifiesta lo siguiente:

1.  Los desalojos producidos en la zona de concesión minera del proyecto Mirador ejecutado por la empresa Ecuacorriente S.A se producen en territorios indígenas y de la comunidad shuar  sin que se haya mediado ningún proceso de consulta previa, libre e informada  para que estos desalojos tengan legitimidad. 
2.  A ninguna de las familias desalojadas se les ha ofrecido una reubicación  y vivienda adecuada, tal como lo señalan los instrumentos internacionales de derechos humanos sobre la materia, en especial los Principios Básicos y Directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el Desarrollo. Al igual que las 16 familias desalojadas el pasado 30 de septiembre, las familias desplazadas  en este día han quedado literalmente en la calle.
3.  Rechazamos la política gubernamental de actuar sobre hechos consumados. Las familias desalojadas no han tenido oportunidad de hacer valer sus derechos y menos lo podrán hacer ahora que han perdido todos sus recursos y posibilidades de sobrevivencia. (La idea de seguir adelante con el proyecto gubernamental y dejar pendientes los juicios para que se resuelvan luego, a más de ser ilegítima e ilegal, puede acarrear situaciones de violencia que después lamentaremos. )
4.  Rechazamos la sumisión que el sistema judicial local ha mostrado ante el gobierno nacional y la empresa minera china  ECUACORRIENTE S.A; sumisión que le ha impedido proteger los derechos de las personas y comunidades de Tundayme y, al contrario, se ha dejado utilizar para hostigar a los dirigentes que luchan por preservar sus derechos.
5.  El dar paso a proyectos en los que el país no tiene experiencia de fiscalización ni económica ni ambiental, con el solo argumento de que se necesitan los recursos que puede producir la minería a gran escala, es un acto de gran irresponsabilidad política, más aún cuando, para implementar estos proyectos se vulneran los derechos de las personas, las comunidades y la naturaleza.
6.  En el informe “Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos en Ecuador”, presentado en días pasados en Quito, por la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, ya se denuncia todas las arbitrariedades que se han cometido en Tundayme. Las mismas que se han vuelto a cometer con estos desalojos, configurando así un proceso sistemático de violaciones a los derechos humanos en esta zona. (ver informe: https://www.fidh.org/IMG/pdf/equateur666espagn2015hd_1_.pdf)  
7.  INREDH se mantendrá atento a los acontecimientos que se vayan desarrollando en Tundayme y, en conjunto con las personas y comunidades afectadas, hará las denuncias y procesos legales que se sean pertinentes, tanto en el ámbito nacional, como en el internacional, con el único fin de que se respeten los derechos humanos de los habitantes de Tundayme.

Por el Consejo Directivo de INREDH

Beatriz Villarreal
Presidenta