La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) expresa su profunda preocupación por los hechos ocurridos la madrugada de este miércoles 9 de mayo y la noche de ayer en la parroquia de Molleturo, ubicado en el cantón Cuenca, provincia del Azuay, que desembocó en actos de represión en contra de sus habitantes.
Durante estos dos días, las comunidades pertenecientes a Molleturo tomaron acciones de hecho directas contra el proyecto minero Río Blanco para exigir la salida de la minera Ecuagoldmining establecida por la empresa china Junefield Resources S.A.
Esto, luego de que el proyecto minero Río Blanco en sus primeras fases fuera rechazado por las comunidades campesinas e indígenas de la zona por las afectaciones que generaría. Por ejemplo, la destrucción del páramo y la contaminación del suelo y de fuentes de agua que son indispensables en la dinámica vital de la comunidad.
Según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y Acción Ecológica el Estado ecuatoriano no realizó la consulta previa, libre e informada, como también se omitió las decisiones de las comunidades sobre el uso de su territorio. Con esto, perjudicó la dinámica social y productiva de la comunidad, estrategias utilizadas por empresas mineras en otros proyectos extractivitas del país, siendo estas las causas originarias del conflicto.
Para INREDH, los hechos ocurridos hoy en Molleturo corresponden al olvido estatal y a la falta de consulta en las comunidades, tal como lo establece la Constitución y los instrumentos internacionales en materia de pueblos indígenas, lo que generó que las personas hagan uso de su derecho legítimo a la resistencia consagrado en la Constitución de la República del Ecuador: “Art. 98.- Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.Por lo cual, rechazamos los actos de represión de la fuerza pública y la criminalización de los defensores de derechos y exigimos como garantía política e institucional del respeto al derecho a la resistencia.
Frente, a esto exhortamos al presidente de la República, Lenín Moreno; a Javier Enderica, gobernador del Azuay, y a todas las autoridades pertinentes, a detener la represión y evitar el abuso de la fuerza pública en contra de los pobladores para evitar una escalada de violencia. También demandamos de los pobladores ejercer sus acciones en el marco de la no violencia activa.
Demandamos que se garantice la integridad, seguridad y protección de los derechos de las y los habitantes de las comunidades de la parroquia Molleturo afectadas por el proyecto minero, y que se aplique inmediatamente las garantías de protección reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales.