La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) solicitó a la relatora de país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, celeridad en la emisión del informe de fondo sobre caso Luis Eduardo Guachalá Chimbo desaparecido desde enero de 2004, cuando estaba internado en el hospital Julio Endara, ciudad de Quito.
Este pedido lo hicieron en el marco de período de sesiones 169 de la CIDH que se desarrolló en la Universidad de Colorado en Boulder, Estado Unidos, el pasado 2 de octubre de 2018.
Daniel Véjar, asesor legal de Inredh, recordó que hace dos años se realizó la audiencia de caso Guachalá en la ciudad de Washington – Estados Unidos, sin embargo, han pasado dos años y el informe no se ha emitido.
También la relatora país se reunió con otros familiares de personas desaparecidas, Yanera Constante, madre de Giovanna Pérez desaparecida en 2010; Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde desaparecida en 2012; y Jazmín Montenegro, hermana de Michelle Montenegro desaparecida en 2018, quienes informaron sobre la problemática de desaparición que vive el país.
Las tres mujeres dijeron que en los procesos de búsqueda de sus seres queridos hay negligencias y revictimización que han sufrido los familiares de personas desaparecidas al momento de denunciar o exigir que la policía cumpla su trabajo. La relatora se mostró solidaria con la causa y explicó que entiende perfectamente la lucha de las familiares de personas desaparecidas. Además, precisó que moverá sus esfuerzos para lograr una respuesta viable del Estado y que se establezca un plan de acción.
Respecto a la desaparición de Giovanna Pérez, su madre entregó documentos a la relatora para que el caso pueda pasar a una nueva etapa en la CIDH.
Movilidad humana
Otro de los puntos expuestos a la relatora país fue un informe acerca de la situación migratoria de personas venezolanas en el país.
El informe consta con el análisis de la situación de los migrantes venezolanos y los requerimientos que el Estado ecuatoriano determinó necesarios para admitir su ingreso al país; por ejemplo, la solicitud de pasaporte a estos ciudadanos se convirtió en la respuesta del Estado ecuatoriano a la crisis política y económica que vive Venezuela, respuesta que revictimiza y desconoce la crisis que sufre el país vecino.
El informe también recoge el trabajo de la coalición de varias organizaciones y la presentación de un Amicus Curiae que logró revertir el decreto de solicitud de pasaporte con el argumento de que esta medida vulnera los derechos de las personas migrantes y les obliga a tomar caminos ilegales, además de poner su vida en riesgo.
Para la relatora esta información es preocupante, sin embargo, rescató varias acciones estatales con respecto a la educación y los niños migrantes venezolanos. Se comprometió a establecer una hoja de ruta que pueda ayudar la situación de las personas en contexto de movilidad.
Informe Situación Migrantes Venezolanos Ecuador