Juez dictaminó peritaje a sistema de grabación que registró tratos inhumanos a internos de Turi

Tras cuatro horas de escuchar las intervenciones de los representantes de las diferentes carteras del Estado y la defensa de los 13 internos del Centro de Rehabilitación Social Turi, el juez de la Unidad de Penal Cuenca suspendió hoy, 5 de septiembre de 2016, la audiencia de hábeas corpus  a favor de los internos, víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por miembros de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO).

Esto debido a que la defensa del Ministerio del Interior y de 15 policías de UMO solicitó un peritaje informático al sistema de grabación de la CRS Turi con el fin de obtener las grabaciones completas de lo que ocurrió el 31 de mayo de 2016 donde los internos fueron golpeados, recibieron descargas eléctricas y gas lacrimógenas.

En la audiencia pública, Ana María Ordoñez y David Ayala, defensores públicos de Azuay que llevan la defensa técnica del caso reprodujeron dos videos que registran las agresiones que recibieron los internos del Turi.

Durante 7 minutos,  el juez, los 13 internos, los abogados del Estado y de la defensa, los 10 policías que custodiaban a los internos y el público presente observó en el video cómo los internos boca abajo fueron golpeados, pisados y obligados  a desnudarse para realizar sapitos y luego recibir golpes en sus partes íntimas y descargas eléctricas sobre sus cuerpos.

Además, en la audiencia se escuchó el testimonio de uno de los internos que afirmó: “cuando ingresaron los policías dijeron: -Este es un saludo del grupo UMO si se porta bien,  imagínense si se portan mal- Nos dijeron que si querían nos podían desaparecer, que no teníamos derechos”.

Para Óscar Zuñiga, abogado de los 15 policías, la ley faculta a sus clientes a hacer uso de la fuerza. “Ponerles boca abajo ¿es trato inhumano, denigrante? El reglamento de 2014 lo permite”. Al parecer Zúñiga no prestó atención a los videos que se pasaron en la audiencia y tampoco ha visto los videos que ya han sido difundidos en redes sociales ( http://bit.ly/2cfb9uQ y  https://vid.me/prisionero69), en ellos se observa claramente los tratos a los que fueron sometidos los internos de la cárcel de Turi, tratos que no son permitidos en ningún reglamento, al contrario, son tipificados como violaciones a los derechos humanos, tanto en la normativa nacional, como en los pactos y tratados internacionales que el Ecuador ha suscrito.

Para David Cordero Heredia, docente de la Pontificia Universidad Católica de Quito, quien presentó un amicus curiae en la audiencia, firmado por varios docentes universitarios y juristas,“las personas privadas de libertad al tener una condena solo se les priva del derecho de la libertad, no de todos los otros derechos que los asisten”.

Además, dijo que la requisa no puede justificar el accionar de la Policía que no hiso uso progresivo de la fuerza, pues no tenían ante sí ninguna resistencia ni actitud agresora o que pueda considerarse como peligrosa para los agentes policiales.

Con él coincide Nathaly Yépez, asesora legal de INREDH, qu
e señala que los operativos son normales sino que los procedimientos son los inadecuados por que se vulneraron los derechos de los internos.  Enfatizó que las personas privadas de libertad son un grupo de atención prioritaria que al estar las 24 horas  y 7 días en las celdas están bajo la tutela del Estado y por ende el Estado es responsable de lo que sucede con ellos.

Frente a esto, la defensa del Ministerio del Interior, Centro de Rehabilitación Turi, y Ministerio de justicia informaron al juez que se han cumplido varias medidas de reparación a favor de los internos.

Uno, el traslado de las personas privadas de libertad a Guayaquil, Riobamba y Cotopaxi. Dos, las disculpas públicas por parte de la Policías a los internos en un diario local. Tres, se investiga en asuntos internos del Ministerio del Interior el accionar de los policías que participaron en el operativo.

Para la defensa de los internos, las medidas señaladas por los ministerios no son de reparación ya que sus defendidos fueron trasladados a centros lejanos a sus casas, tampoco las disculpas públicas han llegado a ellos ni se presentó el mencionado diario local en el que consta las disculpas.