Para este miércoles, 13 de febrero de 2019, a las 09:00, se prevé que el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Chillanes, Eduardo Rafael Pazmiño, visité la comunidad de San Pablo de Amalí, ubicada en el cantón, Chillanes, provincia Bolívar. El objetivo: realizar una inspección judicial para verificar y constatar los daños causados por el desvío del río Dulcepamaba realizado por la hidroeléctrica Hidrotambo S.A.
El desvío del río ocurrido el 20 de marzo de 2015 provocó la inundación de la comunidad de San Pablo de Amalí, la muerte de tres personas, la destrucción de 12 casas y la perdida de hectáreas de sembríos y ganado.
Esta inspección judicial se da en el marco de la acción protección presentada por la Defensoría del Pueblo de Bolívar y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) en contra de siete instituciones de Estado: Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), el Ministerio del Ambiente (MAE), la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), la Procuraduría General del Estado, la Secretaría Nacional de Riesgos (SNGR), el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chillanes. Así como en contra de la hidroeléctrica.
A la inspección judicial deberá asistir cada uno de los representantes de las carteras de Estado y las partes accionantes.
