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La audiencia de juzgamiento contra Manuel y Manuela

Por Super User
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Luis Ángel Saavedra

22/01/2016

La audiencia de juzgamiento contra Manuel y Manuela


A las seis de la mañana, en el intenso frío que caracteriza a la ciudad de Guaranda, ubicada en la provincia de Bolívar y al pie del nevado Chimborazo, llegó un pequeño bus que transportaba a Manuel Trujillo Manuela Pacheco, acusados de terrorismo organizado. Ellos, junto a 16 testigos que los acompañaban, llegaban a esta ciudad para enfrentar una audiencia de juzgamiento que iniciaría a partir de las nueve de la mañana.

 

  Minutos después llegó un camión con más de 20 campesinos de la comunidad de San Pablo de Amalí, situada a unas dos horas y media de Guaranda, ya en el subtrópico ecuatoriano. A pesar del frío, los campesinos se mostraban alegres, las mujeres hacían despertar a los niños y niñas que también venían en este viaje, pues así es la dinámica comunitaria: hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños hacen parte de cada actividad que se realiza en las comunidades, incluyendo la lucha social.

  

A las siete de la mañana llegó otro bus desde San Pablo de Amalí, esta vez llegaban unas cincuenta personas: la comunidad entera se había movilizado para respaldar a sus dos dirigentes.

 

El frío empezaba a ceder y en la sede de la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Bolívar (Fecab – Brunari), se hacían los últimos preparativos para la rueda de prensa que los dirigentes indígenas iban a dar en la puerta del Tribunal de Garantías Penales de Guaranda, juzgado donde se daría la audiencia en contra de Manuel y Manuela.

  

A las ocho y media todos estaban en las afueras del Tribunal; habían llegado también los principales dirigentes del movimiento indígena ecuatoriano: Jorge Herrera, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y su Consejo de Gobierno; también estaban representantes del Frente Unitario de Trabajadores, de organizaciones ecologistas, de derechos humanos y comunidades de la Fecab – Brunari.

 

En la rueda de prensa el mensaje fue claro en la voz de Jorge Herrera: “Estamos aquí en una vigilia por la justicia y estamos dispuestos a llegar a todas las instancias si hoy no se hace justicia». Luego de algunos vivas de los activistas presentes y gritar la consigna que se está escuchando, en los últimos meses, en el país “Fuera Correa, fuera”, Manuel y Manuela ingresaron en el Tribunal junto al equipo legal que los defendería. No pudo ingresar nadie más ya que la audiencia había sido declarada reservada pues al parecer los incidentes acaecidos en San Pablo de Amalí el 14 de agosto de 2012, los presuntos golpes a  cuatro policías y los cristales rotos de un patrullero eran razón suficiente para atentar contra la seguridad del Estado; por tanto, lo que se trataría en esa audiencia debía ser de suma confidencialidad, alguna filtración podría poner en riesgo la existencia misma del país.

 

 

Dos tesis en debate

 

Manuel y Manuela son acusados de terrorismo organizado porque el 14 de agosto del 2012 se habría producido un enfrentamiento entre miembros de la comunidad y policías. Ese día se registraron cuatro policías con presuntos moretones y un patrullero con los vidrios rotos. Los primeros certificados médicos sobre dichos heridas fueron reportados por un odontólogo y luego en un examen médico que apareció en diciembre con fecha de agosto señalaba  que se produjo una incapacidad de dos días sin especificar el tipo de herida que tenía cada policía.

 

Para la Fiscal que lleva el caso, las heridas de los policías son producto de la violencia de los comuneros que se manifestaban en contra de la construcción de una hidroeléctrica que logró la concesión de la mayor parte del caudal del río Dulcepamba, en detrimento de los sistemas de riego de los campesinos e indígenas de la región. En el proceso, los vidrios rotos del auto policial se transformaron en destrucción de una patrulla.

 

Para la comunidad, los hechos del 14 de agosto del 2012 se produjeron por el hostigamiento policial hacia la comunidad, en especial por parte de un Mayor de Policía que parece obedecer a los requerimientos de la empresa Hidrotambo S.A., que construye la hidroeléctrica. Este Mayor de Policía ha sido ya denunciado por las constantes agresiones en contra de miembros de la comunidad, incluyendo a niños y personas discapacitadas.

 

Respecto al supuesto enfrentamiento, la comunidad asegura que Manuel y Manuela no estuvieron presentes en el lugar de los hechos y que las lesiones de los policías se produjeron cuando éstos intentaron cruzar el río para enfrentarse con la población y fueron arrastrados por la corriente.

 

En cuanto al patrullero dañado, aceptan que alguien lanzó una piedra y provocó la ruptura del parabrisas, pero en ningún momento se destruyó el patrullero, tanto así que en una diligencia posterior, un perito de la  Fiscalía, para realizar la reconstrucción de estos hechos, se desplazó en el patrullero que supuestamente había sido destruido.  

 

34 testigos entrarían en escena para apuntalar estas tesis: 17 policías defenderían la tesis esbozada por la Fiscal, 10 probarían que Manuel Trujillo no estaba en el lugar de los hechos y 6 probarían lo mismo en el caso de Manuela Pacheco y un médico. Un testigo fue convocado tanto por la Fiscalía como por la defensa.

 

Este juicio suscitó el interés de organismos internacionales y se convirtió en un caso paradigmático del cómo se criminaliza la protesta social frente a proyectos extractivos en el Ecuador. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) elaboró un informe sobre este tipo de criminalización en el que habla de San Pablo de Amalí. Coincidentemente, un día después de la presentación del informe en el Ecuador, se reactivó el juicio a Manuel y Manuela, un proceso que había estado parado por más de dos años.

 

El caso también fue conocido por Amnistía Internacional y la Organización Mundial Contra la Tortura, instituciones que mandaron sendas cartas a las autoridades ecuatorianas mostrando su preocupación por este juicio y exigiendo que la audiencia sea pública.

 

En la vida hay que ser correcto

 

Cerca del medio día una nueva delegación llegaba a las inmediaciones del Tribunal, esta vez venían desde Quito y traían tambores, pitos y maracas: era la gente de Acción Ecológica y los Yasunidos. Empezó el estruendo y una de las abogadas de la defensa de Manuel debió salir para informar que el Presidente del Tribunal había amenazado con suspender la audiencia si seguían sonando los tambores. Se optó por hacer una marcha por las calles céntricas de la ciudad y evitar que el Tribunal cumpla con su amenaza.

 

Fue un momento oportuno también para preguntar cómo marchaba la audiencia. Rosa Elena de la Torre, abogada de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), que defiende a Manuel dijo: “Vamos bien”. Rosa Elena, conocida más como “Tocha”, dijo que ya habían interrogado al Mayor de Policía, a quien se le vio salir del Tribunal furibundo.

 

Además, en la audiencia estuvo Milton Vargas, abogado de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) que también defiende a Manuel.

 

Por otra parte, el Tribunal había decidido no aceptar un Amicus Curie presentado por Cedhu, argumentando que no se debía aceptar elementos ajenos al juicio oral que se adelantaba en ese Tribunal; sin embargo, ese “vamos bien” provocó aplausos de la gente y la esperanza creció con mayor fuerza. Luego vendría lo mejor.

 

Uno de los policías, testigo presentado por la Fiscalía, dijo que su testimonio se alejó de las versiones de sus compañeros pues relató a los jueces detalle a detalle lo sucedido en esa confrontación entre la policía y la comunidad. La versión de este gendarme convalidaba las versiones que habían dado los campesinos. 

 

Desde las primeras versiones, este policía había mostrado su entereza al enfrentarse a los testimonios de sus compañeros y, aun cuando debió sufrir varios traslados a ciudades que lo alejaron de su familia y que fueron consideradas como una retaliación, no se dejó inmutar y sostuvo su testimonio. “En la vida hay que ser correctos”, fue el lema que lo mantuvo firme en las declaraciones que aclararon definitivamente la no participación de Manuel y Manuela en los hechos del 14 de agosto del 2012.

 

La preocupación que ahora tienen las organizaciones de derechos humanos involucradas en este caso es sobre la seguridad de este policía, por ello están diseñando mecanismos para proteger su integridad física y su permanencia en las filas policiales sin que sufra retaliación alguna.      

 

No caer en la provocación

 

Mientras en la sala de audiencias se tenía la impresión de que se ganaba, la policía en la calle empezó a provocar a las personas que estaban ahí para respaldar a Manuel y Manuela. Primero desconectaron la electricidad con la que se alimentaba un pequeño parlante en el que se ponía música para entretener a los asistentes. En toda la mañana no había molestado el volumen del parlante; luego arrancaron una pancarta que estaba colocada en la pared de la Fiscalía, también esa pancarta había estado toda la mañana sin que nadie de la Fiscalía o la Policía protestara.

 

Una pequeña reacción de las personas que rechazaban la acción policial se pudo controlar y no se cayó en la provocación, mientras tanto se dio un nuevo receso para esperar al último testigo de la Fiscalía que no se había presentado pero  había sido llamado de urgencia y estaba viajando desde la ciudad de Quevedo, a unas tres horas de Guaranda.

 

Nuevamente este receso fue aprovechado para obtener información del avance de la audiencia. Se ratificó la impresión de que se ganaba y que los testigos de la Fiscalía no habían podido asegurar que fueron atacados por Manuel y Manuela. La presencia del testigo que estaba por llegar muy poco podía hacer para virar el caso.

 

Con la gente que apoyaba esta causa se habló nuevamente sobre la necesidad de mantener la calma y no caer en la provocación policial, al tiempo que se pedía estar atentos sobre la presencia de cualquier persona que pudiese provocar un enfrentamiento. Se consideraba que a estas alturas de la audiencia, la Fiscalía necesitaba un pretexto para lograr la suspensión de la misma.

 

Como estaba previsto, el último testigo de la Fiscalía no aportó nada para involucrar a Manuel y Manuel en los hechos del 14 de agosto de 2012      

 

Cuando el río suena….

 

Llegó el turno de los testigos de la defensa. Uno a uno fueron ratificando la inocencia de Manuel y Manuela, dijo Daniel Véjar, abogado de Inredh que patrocina el caso.

 

Con el testimonio de los testigos  se evidenció que no hay ningún indicio que le permita a Fiscalía consolidar su acusación, en especial aquello que se afirma en el proceso: hombres encapuchados y fuertemente armados, supuestamente, atacaron a los policías.

 

A media tarde llovió en Guaranda y eso encendió la preocupación de los campesinos de San Pablo de Amalí, pues la acción irresponsable de Hidrotambo S.A. había puesto en peligro al pueblo al desviar el cauce del río y dejar piedra suelta en el lecho cuando construyó un muro de piedra para proteger la boca toma de agua que conduce a la hidroeléctrica.

  

Los campesinos denunciaron que la piedra suelta se estaba acumulando en un recodo formado por río en el nuevo cauce y esto provocaría una nueva tragedia en San Pablo de Amalí,  como aquella provocada por el desbordamiento del río, ocurrido el 19 de marzo de 2015, que destruyó 7 casas y se llevó la vida de 3 personas. Cuando el río se vino contra el pueblo, Manuel Trujillo perdió su casa, sus pertenencias, incluso el dinero con el cual mantenía su negocio de compra venta de productos agrícolas.

 

El Fenómeno de El Niño, caracterizado por un aumento considerable de las lluvias y que se presenta periódicamente en el país, como se está presentando en este año, hace pensar que la tragedia se volverá a repetir y las autoridades no han hecho nada por proteger el pueblo, a pesar de las constantes denuncias de sus moradores.    

 

Lo que se viene

 

A las siete de la noche se suspendió la audiencia, todos los testigos habían dado sus versiones; nuevamente se escucharon gritos y aplausos al ver salir del juzgado a Manuel y Manuela. Daniel Véjar, abogado de Inredh que lidera la defensa de Manuel, informó que ya solo faltan los alegatos finales y escuchar la decisión del Tribunal, lo cual sucederá el este lunes 25 de enero.

 

Según Vejar, hay tres opciones que pueden adoptar los jueces de este caso. La primera es que acojan la acusación de la Fiscal y, que sin que existan elementos de prueba, condenen a Manuel y Manuela, consolidando así un nuevo caso de criminalización de un defensor y una defensora de derechos humanos y la naturaleza por el solo hecho de liderar una lucha en defensa del agua, elemento vital para la sobrevivencia de San Pablo de Amalí y sus actividades agrícolas.

 

La segunda opción, y alejada también del debido proceso, es que el Tribunal cambie la acusación y los condenen por otro delito que, según el Tribunal, pueda haberse configurado durante el proceso, ya que el delito de terrorismo organizado dejó de existir al haber cambiado el código penal. En efecto, el delito por el que están siendo procesados Manuel y Manuela ya no está tipificado en el actual código penal del Ecuador por lo que todo el proceso por el que están atravesando los dirigentes de San Pablo de Amalí debió haberse extinguido.

 

La tercera opción, que es la única que estaría enmarcada en el debido proceso, es que se archive el juicio o se declare la inocencia de Manuel y Manuela. El archivo del juicio debe basarse en la extinción de la figura penal por la que se les está procesando, y, en caso de hacer válido este proceso, el declararles inocentes sería la conclusión lógica luego de escuchar todos los testimonios.

 

En todo caso, este lunes 25 de enero tendremos el desenlace de un  caso que han mantenido en zozobra a la comunidad de San Pablo de Amalí por más de tres años; que ha exigido que Manuel y Manuela semanalmente salgan de su comunidad para firmar un registro en el juzgado de Chillanes, cabecera cantonal a donde pertenece la comunidad, como parte de las medidas alternativas a la prisión.

 

El equipo legal de Inredh y Cedhu, junto al abogado particular Luis Vallejo que defiende a Manuela, están listos para dar los alegatos finales; están convencidos que en este caso de defensa de los derechos humanos van a salir triunfantes, pero como todo es posible, también sienten temor porque puede imponerse la política gubernamental de disciplinar y escarmentar a quienes se atreven a resistir en defensa de la naturaleza.

 

 

 

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