La FIDH condena el uso desproporcionado de la fuerza en la ciudad de Celendín, Cajamarca, y en Bambamarca

 El 5 de julio de 2012 – La FIDH condena el uso desproporcionado de la fuerza en la ciudad de Celendín, Cajamarca, y en Bambamarca que resultó en la muerte de cuatro manifestantes y de un campesino rondero y hace un llamado a las autoridades peruanas para que pongan fin a la represión en contra de las protestas vinculadas a megaproyectos extractivos.

El pasado 3 de julio de 2012, efectivos de la Policía Nacional arremetieron contra los manifestantes reunidos en la plaza de armas de la ciudad de Celendín, matando a tres personas, entre las cuales un menor de edad, y dejando heridos 30 civiles y tres efectivos de la fuerza pública. 

La manifestación tenía como objetivo denunciar el proyecto minero Conga, desarrollado por la minera Yanacocha, primera productora de oro en Sudamérica, que contaminaría de manera irreversible las reservas de agua de la zona. Frente a este riesgo ambiental, desde finales del año pasado se han venido desarrollando protestas en la región de Cajamarca. Las autoridades peruanas respondieron declarando en varias oportunidades el estado de emergencia en las provincias de Celendín, Hualgayoc. 

« Condenamos vehementemente el recurso a la represión y a la violencia para resolver los conflictos ambientales », asertó Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH. « Después de Bagua, después de Islay, estos graves hechos se suman a los recientes sucesos de Espinar. Perú debe cumplir con sus obligaciones internacionales y garantizar el derecho a la integridad física y psicológica de los manifestantes », agregó. 

La FIDH urge a que se investigue con celeridad la responsabilidad de la fuerza pública en la muerte de estas tres personas. También insta a las autoridades peruanas a buscar una salida negociada y pacífica del conflicto. En este sentido, solicita al equipo de comisionados desplegados desde ayer en Celendín tomar todas las medidas necesarias para favorecer la apertura de un diálogo de buena fe entre las autoridades, la empresa Yanacocha y la población afectada. Asimismo, la FIDH llama a la empresa Yanacocha a ejercer su responsabilidad de debida diligencia para evitar de causar o contribuir a violaciones de derechos humanos, y a la Corporación Financiera Internacional a respetar los derechos humanos y sus
propias Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social, así como a suspender su apoyo financiero al proyecto como accionista. 

Más generalmente, la FIDH solicita que las autoridades peruanas establezcan mecanismos efectivos de consulta y participación, de manera a respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas, tomando en cuenta la opinión de éstas, y entablen un debate nacional amplio entorno a la explotación de los recursos naturales y la seguridad ambiental.