El desbordamiento del río Dulcepamba, ocurrido entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de febrero, era un acontecimiento venidero que la población de San Pablo de Amalí, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) habían puesto en conocimiento ante el Juez de la Unidad Multicompetente con sede en el cantón Chillanes, Dr. Eduardo Pazmiño,a través de la interposición de una acción de protección.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) se sumó a esta petición a través de un “amicus curae”, pues ya en marzo de 2005 se denunció como San Pablo de Amalí vivió una tragedia con el desbordamiento del río, al haber sido desviado de su cauce natural, provocando la muerte de tres personas y la destrucción de siete casas.
La acción de protección denunciaba cómo la construcción inconsulta de la Hidroeléctrica Hidrotambo y el desvío del cauce natural del río Dulcepamba genera un altísimo riesgo para la población, pues el nuevo cauce forzado lo enrumba directamente hacia el pueblo.
A tan solo tres días de que el juez Eduardo Pazmiño negara esta acción, y a tan solo horas de haber publicado esta negativa a acción de protección, el río Dulcepamba se desbordó nuevamente.
Es muy lamentable que, a pesar de que el juez constató la realidad que vive la población de San Pablo de Amalí, en su resolución asegure que no hay nexos entre el desvío del río a manos de Hidrotambo y las afectaciones a la población. La propia naturaleza se ha encargado de desmentir al juez y dar la razón a la comunidad de San Pablo de Amalí y a las organizaciones que la han acompañado durante los últimos años denunciando el riesgo en el que viven los pobladores.
Como ya se dijo, no es la primera vez que el río Dulcepamba exige retornar a su caudal natural; tampoco es la primera vez que las y los habitantes de la comunidad de San Pablo de Amalí exigen que se les garantice el derecho a llevar una vida digna y en armonía con la naturaleza, pues, a partir de la construcción de la HIDROTAMBO, en todas las temporadas de invierno se vive un ambiente de zozobra, temiendo que la naturaleza otra vez muestre su furia ante las modificaciones hechas por la construcción de la hidroeléctrica.
Por los hechos denunciados desde la construcción de la Hidrotambo y la violación múltiple a derechos constitucionales como al agua, a una vida digna y una vivienda, el juez debía aceptar la acción de protección y garantizar los derechos de la comunidad.
Desde la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Inredh, exigimos a las autoridades pertinentes tomar las medidas necesarias con la finalidad de garantizar la vida de las y los pobladores de la Parroquia del Tambo y de la comunidad de San Pablo de Amalí; además, recordamos que los accionantes apelaron a la decisión del juez de instancia, por lo que esperamos que la justicia no permita que los hechos del pasado se repitan y se garantice los derechos de la comunidad.
Rechazamos la inoperancia de todas las autoridades estatales, que a pesar de conocer el enorme riesgo que ha representado y continúa representando el río Dulcepamba desviado, siguen sin brindar protección a la población de San Pablo de Amalí.
Como organismo de derechos humanos nos mantendremos vigilantes y reiteramos nuestro compromiso para con las y los defensores de derechos humanos de la tierra, el agua y la vida.