De las cuatro autoridades indígenas que se encontraban privadas de libertad por ejercer su derecho a la justicia indígena, los señores Ángel Belisario Calle Calle y Luis Eduardo Calle Espinoza recobraron su libertad el día de ayer; mientras que José Sarmiento y María Sotamba aún se encuentran en el CRS Turi. Sus familiares denuncian que han presentado los escritos respectivos a los jueces de garantías penitenciarias para tramitar la inmediata libertad, sin embargo, aún no se extienden las boletas de excarcelación y las autoridades siguen tras las rejas.
Esta acción se efectivizó a partir de la publicación de la resolución de la Asamblea Nacional sobre la amnistía a 20 líderes de la comunidad de San Pedro de Cañar en el Registro Oficial, con Suplemento Año II -No. 261, con fecha del 05 de agosto de 2020.
La resolución indica que “uno de los efectos de la amnistía se establece la extinción de la pena impuesta y se dispone del archivo de los procesos penales; así como la inmediata excarcelación de las personas privadas de la libertad, la revocatoria de órdenes de captura y, la extinción de cualquier medida cautelar real o personal y pena alternativa a la prisión.”
Para cumplir con este cometido, los familiares de las autoridades indígenas de San Pedro de Cañar, con el apoyo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), gestionaron las boletas de excarcelación de quienes están privados de libertad; de igual manera, el día de ayer viernes, presentaron los escritos para el archivo de los procesos y el levantamiento de medidas cautelares.
Gracias a las gestiones realizadas, en horas de la tarde de este viernes 7 de agosto, Ángel Belisario Calle Calle, de 54 años y Luis Eduardo Calle Espinoza, de 72 años, recuperaron su libertad, luego de estar recluidos en el Centro de Rehabilitación Social de Cañar. Este procedimiento también fue realizado hace dos días, por el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Edmundo Moncayo, y en el escrito solicitaba al CRS Turi que realice las gestiones legales necesarias para cumplir con la resolución de amnistía de la Asamblea Nacional. Sin embargo, las autoridades del Centro de Rehabilitación aseguraron desconocer esta disposición.
En ese sentido, como organizaciones que conformamos la Alianza por los Derechos Humanos recordamos a las autoridades competentes que en la Constitución de la República, en el artículo 11, donde se habla del ejercicio de los derechos, en el numeral 9, se especifica:
“El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos”.
Además, en el mismo numeral se estipula que:
“El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso”.
Ante esto, alertamos y exigimos al Consejo de la Judicatura, así como a los jueces de las Unidades de Garantías penitenciarias de Azuay emitir las boletas de excarcelación y al director del CRS Turi, Rómulo Montalvo de la Torre, agilizar los trámites para la inmediata excarcelación de las dos autoridades indígenas privadas de la libertad en este centro: José Sarmiento Jiménez y María Josefina Sotamba Padilla, en virtud de cumplir con este requerimiento legislativo amparado en la Constitución de la República.
Ha transcurrido una semana desde la resolución favorable por parte de la Asamblea Nacional a la solicitud de amnistía, y al ser de inmediata aplicación nos llama la atención y preocupa sobremanera que no se ha llevado un proceso diligente por parte de las autoridades del Centro de Rehabilitación Turi para llevar a término este pedido.