Las organizaciones: Mujeres de Frente, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH-Guayas), Fundación Regional de Asesoría en Derechos (INREDH), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU); Vivir Libre-Organización LGBTI y las personas abajo firmantes, de manera colectiva, nos pronunciamos frente a la crisis del Sistema Penitenciario en el Ecuador y el estado de excepción que el día martes 16 de julio cumple 60 días de vigencia.
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Como organizaciones de la sociedad civil estamos preocupadas por la violencia desatada en las prisiones así como por las graves vulneraciones a los derechos humanos de la población penitenciaria en el Ecuador. Consideramos que el Nuevo Régimen implementado desde el año 2013, ha deteriorado las condiciones de sobrevivencia de las personas presas, provocando escasez de medios de vida: alimentos, medicinas, materiales educativos, objetos afectivos, radios, periódicos, libros, instrumentos de trabajo. En las cárceles no hay acceso a servicios básicos que garanticen los derechos humanos de las personas privadas de la libertad tales como: salud, educación, alimentación, trabajo, recreación; además el “economato” tienda en que se vende productos de primera necesidad no aporta ni en calidad ni en cantidad la alimentación de la población, pero si implica la elevación de costos y la privatización de esta posibilidad.
Esta millonaria inversión en infraestructura de seguridad ha sepultado las esperanzas de pan y trabajo prometido, peor aún ha creado un espacio clausurado que reproduce la violencia y crea jerarquías entre gente encarcelada. La violencia penitenciaria ocurre en distintos niveles del sistema, es ejercida cotidianamente en entidades administrativas y de seguridad del Estado, por la policía que tortura a los internos como en el caso del Turi. Además, las personas presas denuncian, constantemente, la comida en pésimas condiciones, basta con mencionar la intoxicaron de 200 personas en la cárcel de Ibarra en mayo de este año.
Quienes sufren enfermedades catastróficas tuberculosis, deficiencia renal, cáncer, testimonian la imposibilidad de alimentarse de acuerdo a su condición, así como los malos tratos y la ausencia de medicinas. Las quejas de visitantes mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes, ancianos y ancianas son constantes, señalan las requisas como invasivas y humillantes; las mujeres son toqueteadas y obligadas a desnudarse, saltar y hacer “pasitos” mientras se observan sus genitales. Los niños son auscultados. Estos hechos impactan y deterioran los lazos del grupo familiar, a su vez constituyen graves violaciones al derecho a la intimidad e integridad personal.
En este escenario, las mujeres encarceladas por narcotráfico desbordan las prisiones, su criminalización implica la expansión del castigo del Estado a sus hijos e hijas pues, ellas son -en su mayoría- sostenes de hogar. La construcción de infraestructuras lejanas de los lugares de residencia de las personas presas implica la restricción al derecho de las visitas a permanecer más tiempo y más personas. Tales dificultades devalúan los vínculos con familiares, amistades, sociedad civil organizada, organizaciones de derechos humanos, deteriorando también las posibilidades de reconstruir la vida posterior a la excarcelación -proceso cargado de estigma, desintegración familiar y social-. Estos son hechos que exponen la falta de garantías que el Estado ofrece para el cumplimiento del Derecho Superior de estos niños, niñas y adolescentes, sus derechos a tener una familia y una vida libre de violencia.
Si bien, las justificaciones para la construcción de los centros penitenciarios regionales eran los altos índices de hacinamiento penitenciario, hoy restos sobrepasan el 40% de su capacidad, lo que demuestra el incremento de la criminalización de la pobreza, así como el fracaso del sistema. Es decir que las políticas estatales implementadas no sólo no garantizan las necesidades básicas de las personas encarceladas sino que se vulneran sus derechos fundamentales, sociales y económicos aún antes de ser condenadas.
Pese al temor a retaliaciones, las personas encarceladas han denunciado graves vulneraciones a su integridad física, psicológica y económica. El estado de excepción con las medidas de militarización en los exteriores y el ingreso de la Policía Nacional ha promovido mayor violencia; desde la emisión del decreto se cuentan 12 muertos dentro de las cárceles[1]. A pesar de que es competencia del Organismo Técnico de Rehabilitación Social emitir las políticas penitenciarias y evaluar su implementación, este no se ha pronunciado ante la grave crisis de la población penitenciaria.
Frente a lo expuesto, como colectivos de organizaciones de derechos humanos y de familiares, amigas y amigos de personas privadas de la libertad exigimos a las entidades pertinentes del Estado ecuatoriano, exigimos:
- Que el Estado garantice los derechos humanos de las personas privadas de la libertad considerando la diversidad de población que se encuentran dentro de los Centros de Rehabilitación.
- Que el Estado estimule una política pública en derechos humanos que fortalezca el vínculo social pacifico con distintas organizaciones de la sociedad civil.
- Que el Estado reconozca la importancia de los vínculos entre las personas encarceladas para la rehabilitación social a través de la ampliación de las visitas de familiares (sus horarios y número de visitantes) como medio de fortalecimiento de los vínculos sociales y emocionales de las personas privadas de la libertad.
- Que el Estado sancione las requisas humillantes y se instaure el respeto a la dignidad de las personas que acuden a la visita.
- Que el Estado garantice una adecuada alimentación y atención médica.
- Que el Organismo Técnico de Rehabilitación Social se pronuncie y responsabilice sobre la vida de las personas muertas y/o desaparecidas.
- Que el Ejecutivo se abstenga de renovar el Estado de Excepción, toda vez que se ha evidenciado que no ha sido la vía idónea ni efectiva para superar una crisis penitenciaria.
- Que la Defensoría del Pueblo publique los informes de seguimiento al Estado de Excepción ordenado por la Corte Constitucional.
- Que la Defensoría Pública cumpla con su cumpla con sus competencia garantizando el acceso a la justicia de las Privadas de la Libertad.
- Que se renueve el Sistema Rehabilitación Social con la finalidad de evitar actos de corrupción dentro del Sistema Penitenciario.
- Que el Estado permita y promueva la intervención de una veeduría compuesta por familiares, organizaciones amigas de la gente presa así como organismos internacionales contra la tortura.
Las y los firmantes son:
Andrea Aguirre
Lisset Coba
Odalys Bustamante
Gardenia Chávez
Carlos Reyes
Gina Benavides
Mónica Vera
Billy Navarrete
Michelle Erazo
Pamela Chiriboga
Beatriz Villarreal
Alejandro Baño
Rosa Bolaños
Daniel Sepúlveda
Adriana Rodríguez
María Augusta León
[1]De acuerdo a la información emitida por medios de comunicación. Ver en: https://manabinoticias.com/inseguridad-once-muertos-desde-que-inicio-la-emergencia-en-carceles-del-ecuador/; https://www.eluniverso.com/noticias/2019/07/13/nota/7423272/nuevo-incidente-penitenciaria-litoral-deja-muerto