La Relatora Especial de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, ofreció hoy 29 de noviembre del 2018, una rueda de prensa con el fin de instar al gobierno ecuatoriano a tomar medidas reales para la construcción de una sociedad plurinacional y multicultural prevista en la Constitución. Esto en el marco de su visita al Ecuador que concluyó hoy tras 11 días de recorrer el país.
“No solo hay que proteger la naturaleza,
sino también a quienes la protegen”.
Victoria Tauli- Corpuz
Tauli-Corpuz en su informe preliminar agradeció al gobierno de Ecuador por invitarle y permitir realizar esta visita a las nacionalidades indígenas del país que lo mostró de primera mano las realidades de los distintos pueblos indígenas como la lucha en contra de proyectos extractivos en la comunidad de Sinangoe y las afectaciones del ingreso de la fuerza pública en Tundayme, donde opera el proyecto minero Mirador.
La relatora filipina recomendó al Gobierno respetar las decisiones de los pueblos y nacionalidades indígenas; la consulta previa, libre e informada; sus posturas frente a la extracción de recursos extractivos mineros o petroleros, y sobre todo le pidió respetar todos los derechos de los pueblos indígenas.
También Tauli-Corpuz aplaudió las iniciativas del gobierno de Lenín Moreno en plantear un diálogo con el movimiento indígena, rescató los compromisos que se discutían en este proceso como el pedido de amnistía a los criminalizados, la recuperación de la educación bilingüe y el cese de concesiones mineras, por lo que recomendó al Estado retomar y cumplir dichos acuerdos.
En el marco de la justicia indígena, Tauli-Corpuz se refirió a la visita que realizó a José Sarmiento Jiménez, Sergio Roberto Paucar Huerta y María Digna Sarmiento Chuqui, tres autoridades indígenas que se encuentran recluidas en el Centro de Rehabilitación Social Turi – Cuenca por administrar justicia indígena en su territorio. La relatora los visitó con el fin de conocer personalmente los casos de la criminalización de la justicia indígena.
Frente a esta situación, dijo que es deber del sistema judicial otorgar medidas sustitutivas a las autoridades indígenas para que se pueda coordinar el ejercicio de la justicia indígena con la ordinaria. Cuestionó que autoridades indígenas hayan sido criminalizadas por ejercer la justicia indígena bajo delitos de plagio y daño a la propiedad privada. Por eso, señaló que el pedido de amnistías para aquellos que han sido injustamente encarcelado y criminalizados debería ser manejado de la manera más inmediata.
“Recomendé que las autoridades debería tener poder legal y diálogo colectivo con las autoridades de la justicia indígena, entre justicias tiene que existir una conversación para armonizar y colaborar entre ellas”, precisó la relatora.
Los casos de dirigentes indígenas asesinados como Freddy Taish, Bosco Wisuma y José Tendetza también preocupó a la relatora que recomendó al Estado otorgar las facilidades y herramientas en la búsqueda de responsables y reparación las familias de las víctimas.
Finalmente recordó al gobierno, que las nacionalidades y pueblos indígenas no solo se oponen a proyectos extractivos o políticas estatales, si no que también tienen proyectos de vida en comunidad, tal es el caso del proyecto Kawasak Sacha de Sarayaku, o Déjenos vivir de la nacionalidad Huarani en relación al territorio que comprende el Yasuní.
Para Nelson Atupaña, asesor legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), el Estado ecuatoriano debe cumplir con las recomendaciones emitidas por la relatora especial, debido a que el Ecuador ha suscripto todos los instrumentos internacionales de derechos humanos en materia de pueblos indígenas. «Es su obligación proteger, garantizar y respetar sus derechos».
En septiembre de 2019, la relatora presentará el informe completo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.