La relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola Noguera, expresó su preocupación sobre los procesos judiciales en contra de 23 autoridades indígenas de la ciudad de Cañar, procesadas por ejercer su derecho constitucional de administrar justicia indígena dentro de su territorio. Así lo informó hoy, 2 de mayo de 2018, el asesor legal de Inredh, Nelson Atupaña.
La comisionada mostró su preocupación al conocer detalladamente que de las 23 autoridades procesadas penalmente, 6 se encuentran sentenciadas por el delito de secuestro y cumplen su pena en los centros de rehabilitación social de Azuay y Cañar y otra persona, está procesada por complicidad de un secuestro cumpliendo su sentencia de veinte meses de privación de libertad. Mientras, que los otros procesados por el delito de secuestro extorsivo, secuestro y daños al bien ajeno esperan la notificación de la audiencia. Estas figuras penales son utilizadas para criminalizar la administración de justicia indígena, dijo Atupaña.
Frente a esta situación, la relatora especial señaló que analizará este caso con el equipo de la Relatoría de la Comisión. Esto luego, de recibir un informe sobre la “Situación de la justicia indígena en Cañar”, que fue enviado por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humano (Inredh), el pasado 23 de abril del año en curso.
Para Atupaña, el derecho de administrar la justicia indígena está reconocido por la Constitución de nuestro país y por los instrumentos internacionales de derechos humanos en materia de pueblos indígenas.
Contexto:
Durante el período de sesiones número 167 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se desarrolló en la ciudad de Bogotá, en febrero y marzo de 2018, se presentó el caso de Cañar ante la relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y a la relatora para Ecuador de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño.
