Ecuador, 30 de septiembre. Fundamedios, junto con los familiares de las víctimas del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico El Comercio; y los representantes de la Fundación “Nos Faltan 3”, Periodistas sin Cadenas, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) se reunieron el pasado viernes, 25 de septiembre de 2020, para conformar la Veeduría Ciudadana del caso Nos Faltan 3 que dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la convocatoria realizada por FUNDAMEDIOS, el director ejecutivo de esta organización, César Ricaurte, señaló que el trabajo de la Veeduría consistirá en un proceso técnico, en el que no sólo se monitoreará el cumplimiento de dichas recomendaciones, sino también se trabajará en la incidencia necesaria para que el caso Javier, Paúl y Efraín no quede en la impunidad. Esto sin perjuicio de la decisión de las familias de promover una denuncia internacional ante la inoperancia de ambos estados y particularmente de sus fiscalías.
Asimismo, se enfatizó que este es un proceso abierto al que otras organizaciones podrán sumarse con el fin de articular esfuerzos y lograr que las investigaciones respecto a este caso avancen con el fin de esclarecer los hechos y que desde las distintas instituciones del aparataje estatal se establezcan las debidas garantías de no repetición y protección necesarias para que las y los periodistas puedan ejercer sus funciones con la debida seguridad.
Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, ratificó que las investigaciones del caso están varadas tanto en la Fiscalía de Ecuador como de Colombia.
En Ecuador, durante dos años, el caso ha pasado por las manos de tres fiscales: Wilson Toainga, Belén Corredores y Hugo Guano, el último emitió su primer impulso el 21 de julio, oficializándose de esta forma el cambio de fiscal, sin embargo, hasta el momento no se ha notificado a los familiares. A esto se suma que la etapa de indagación previa, que debería durar dos años, se ha extendido y tampoco se ha oficializado. Rivas advirtió que esta inactividad abre una puerta para estructurar demandas a nivel internacional. A más de esto, desde marzo los familiares de los periodistas han solicitado reuniones con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y con la fiscal general del Estado, Diana Salazar, sin tener respuesta.