Se suspendió la audiencia de acción de protección con medidas cautelares a favor de las personas privadas de la libertad en Ecuador

Tras escuchar los alegatos de las partes y las réplicas, el juez Ángel Mestanza, de la Unidad Penal del Complejo Judicial Sur suspendió, este jueves 11 de marzo de 2021, la audiencia pública de acción de protección con medidas cautelares a favor de las personas privadas de la libertad (PPL), interpuesta ante los hechos violentos suscitados el pasado 23 de febrero en cuatro centros de privación de la libertad. 
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En la audiencia que inició a las 14:00, la parte accionante, conformada por el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (CDH-PUCE) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), alegó que el Estado y sus instituciones no han aplicado una política pública integral en materia penal y de rehabilitación social que dé soluciones estructurales al sistema penitenciario, lo que ha generado vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos de las PPL, principalmente el derecho a la vida digna, a la salud, la integridad personal, la rehabilitación social, el acceso a la justicia, la igualdad y la no discriminación. 
Pamela Chiriboga, coordinadora jurídica de Inredh, resaltó que en los centros de detención penitenciaria del Ecuador existe un hacinamiento de más de 356% en 33 de 55 cárceles, con base en las cifras otorgadas por el Ministerio de Gobierno. Además, señaló varios problemas estructurales como la falta de rehabilitación adecuada y programas educativos y laborales, falta de respuesta en salud que ha generado el aumento de casos de tuberculosis y VIH-Sida, falta de control de armas, drogas, tecnología y seguridad intracarcelaria, aumento de la reincidencia, entre muchos otros. 
En este contexto de crisis penitenciaria, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 planteó una política pública que “garantiza los derechos de las personas privadas de la libertad y los adolescentes infractores y un sistema penal que fomente la aplicación de penas no privativas de libertad para delitos de menor impacto social, reduciendo el hacinamiento penitenciario, la efectiva rehabilitación, reinserción social y familiar. De hecho, se pretendía reducir la tasa de personas privadas de la libertad de 351,3 a 305.5 por cada 100.000 habitantes al 2021”. No obstante, este objetivo no fue cumplido por parte del Estado, llegando a tener la tasa más alta de hacinamiento de la década y el menor presupuesto de la década también. 
Asimismo, David Cordero, director del CDH-PUCE sostuvo que las instituciones accionadas han vulnerado los derechos de las personas privadas de libertad del país de forma sistemática, lo que ha dejado un saldo de 247 personas fallecidas en los Centros de Rehabilitación Social desde el 2010 al 2021; y, José Valenzuela, coordinador del CDH, manifestó que en los últimos años el Estado ha impulsado un uso excesivo del derecho penal que ha generado hacinamiento en las cárceles, derivado de las reformas a las leyes penales y actuaciones de las instituciones públicas como el Consejo de la Judicatura o la Fiscalía General del Estado.
Por otra parte, las entidades accionadas – Presidencia de la República; Asamblea Nacional; Consejo de la Judicatura; Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI); Ministerio de Gobierno; Fiscalía General del Estado (FGE); Secretaría Nacional de Planificación y la Procuraduría General del Estado – solicitaron la revocatoria de las medidas cautelares y que se rechace la acción de protección, argumentando falta de legitimación pasiva y que se atentaría con el principio de legalidad. 
El principio de legalidad establece que las instituciones públicas no pueden realizar acciones más allá de las competencias establecidas en la Constitución y la ley; mientras que la falta de legitimidad pasiva se refiere a que éstas instituciones no deberían ser las instituciones demandadas, es decir, la acción no debería dirigirse en contra de ellas. Además, dijeron que ya existe un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre este tema, emitido con respecto al seguimiento que hace este organismo a los dos decretos de Estado de excepción, dictados el año anterior, con respecto de la crisis carcelaria.
Ante esas intervenciones, Cordero respondió que la acción de protección se presenta cuando se han violado los derechos constitucionales, pero las violaciones de derechos ya fueron consumadas y “esperamos que se declare su responsabilidad por estas violaciones y, además, se dicten las debidas garantías de no repetición”.
Chiriboga mencionó que ya existió una vulneración de derechos humanos durante los últimos 11 años, plasmada en las muertes de PPL en el sistema penitenciario, desde 2010. Es por ello, explicó la jurista, que este problema tiene relación directa con las medidas estructurales tomadas en el sistema penitenciario. Y ante esto, la acción de protección se presenta en contra de la política pública ejecutada por el Estado ecuatoriano, en materia de política criminal y rehabilitación social, que consiste en el diseño, planificación, implementación y evaluación del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, debido a que ha vulnerado los derechos de las personas privadas de libertad.
La audiencia fue suspendida a las 18:00, por temas de bioseguridad ante el Covid-19. El juez constitucional aún no otorga una fecha para la reinstalación de la audiencia. 
A la par, familiares de personas privadas de libertad realizaron un plantón en los exteriores del Complejo Judicial Sur, con el fin de obtener una respuesta ante la violencia que se vive en los Centros de Rehabilitación Social del país.
 
En contexto:
La acción de protección propuesta por Inredh y el CDH-PUCE se presenta en contra de la política pública ejecutada por el Estado ecuatoriano en materia de política criminal y rehabilitación social del sistema nacional de rehabilitación social y fue presentada luego de los hechos violentos suscitados el pasado 23 de febrero de 2021, donde 79 PPL fallecieron en 4 centros de privación de la libertad del Ecuador.
 
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