Este lunes, 03 de octubre de 2022, a las 08:30, se tenía previsto reinstalar por tercera vez la audiencia de juicio del caso Turi, donde 32 procesados debían rendir su testimonio ante el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca conformado por los jueces Gido Naranjo y Cayo Cabrera, y el juez de sustanciación, César Pesántez. Esto bajo el delito de tortura, que involucra como procesados a miembros de la fuerza pública.
Esta diligencia no pudo desarrollarse debido a que el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca la declaró fallida por la inasistencia de uno de los procesados a comparecer y porque uno de los abogados de la defensa de cinco procesados desistió de acompañar el caso, así lo informó Luisa María Villacís, parte de la defensa de las víctimas.
Esta diligencia se ha intentado realizar desde el 5 de abril de 2021, fecha del primer llamado a las partes procesales; sin embargo, no se garantizaron las medidas de bioseguridad y el juez Pesantez decidió no instalar la audiencia y estableció que la audiencia se instalaría en enero del 2022.
Después de esos 8 meses de suspensión, la audiencia que debía instalarse el 10 de enero de 2022 se declaró fallida. Cayo Cabrera, juez de la causa, la declaró así dado que dos de los tres de los jueces que conforman el tribunal dieron positivo a COVID 19. Luego, a través de una notificación, se estableció la nueva fecha para el 3 de octubre de 2022.
Ahora, con esta nueva dilatación se prevé que el Tribunal de Cuenca notifique una nueva fecha para la reinstalación de la audiencia de juicio. Además, por la magnitud de los procesados se estima que la toma de versiones se extienda por varios días, inclusive semanas.
Para Rosa Bolaños, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), “esta nueva cancelación se configura como una vulneración al plazo razonable en el juzgamiento por un delito contra la integridad y la vida; además, de que a causa de la crisis carcelaria muchas de las víctimas han fallecido, por lo que este proceso debe ser priorizado con la máxima celeridad y objetividad hacia conductas de miembros de la fuerza pública”.
Contexto
El 31 de mayo de 2016 se realizó el “Operativo de Control de Requisa en las diferentes celdas del Pabellón de Mediana Seguridad “JC” del CDP del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Sur -Turi-. En el que participó el Grupo de Intervenciones y Rescate -GIR- y la Unidad del Mantenimiento del Orden -UMO- a cargo del Mayor Rene C. Durante este operativo alrededor de 200 personas privadas de libertad fueron torturadas por los agentes del Estado.
Ellos fueron golpeados, pateados, rociados con gas pimienta en sus rostros e inclusive expuestos a descargas eléctricas sobre sus cuerpos.
En materia penal, a pesar de que Fiscalía inició el proceso penal por el delito de tortura, el 14 de noviembre de 2018, el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca sentenció a 37 de los 42 policías imputados a 106 días y 16 horas, cambiando el delito al de Extralimitación en el acto de servicio.
Esta sentencia fue apelada y en marzo de 2020, la Corte Provincial de Azuay declaró la nulidad del proceso desde la etapa de juicio. Los argumentos fueron que se violentó el principio de congruencia porque Fiscalía acusó por el delito de tortura y el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca sentenció por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.
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