Tribunal de Garantías Penales dicta ejecución de la sentencia en el caso de Juliana Campoverde

Este 11 de febrero de 2021, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha notificó por escrito la ejecutoria de la sentencia en el juicio de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde, joven de 19 años que desapareció el 7 de julio de 2012, con lo que se ratifica la culpabilidad de Jonathan Carrillo y se reitera la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas de reparación dictadas.
Dentro de la sentencia escrita se encuentran ocho medidas de reparación integral entre ellas garantías de no repetición de los hechos para los familiares de Juliana. Elizabeth Rodríguez, madre de la joven, entregó más de dos documentos exigiendo la ejecución de sentencia, sin embargo, no recibió una respuesta hasta la fecha de la notificación.
Según el documento, la Secretaría Nacional de Planificación, Secretaría de la Presidencia de la República y Secretaria de Derechos Humanos del Ecuador en conjunto con el rector de Cultos en Ecuador deberán implementar un Registro de Pastores, Pastoras, Líderes Religiosos, Ministros y Ministras de Cultos.
Como parte de la reparación simbólica a la memoria de Juliana, la Iglesia del Evangelio Cuadrangular del Ecuador deberá retirar de manera inmediata el nombre “Iglesia Oasis de Esperanza”, dejando así prohibido su uso a otras iglesias. Así como la colocación de una placa en el lugar donde su madre vio por última vez a su hija.
Por otro lado, la Fiscalía General del Estado deberá impartir talleres y cursos especializados con enfoque de Género y Derechos Humanos a los funcionarios de la Fiscalía tanto como de la Policía Nacional por las falencias que se evidenciaron durante la investigación. De igual manera, en la notificación “se realiza un llamado de atención a esta entidad por la poca eficacia, una negligente actuación y violentación de los derechos de la víctima y los familiares”.
En torno a las medidas que se dictaron el 22 de mayo de 2020, el Tribunal de Garantías Penales notificó que la Fiscalía General del Estado debe coordinar con el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional del Ecuador, con la finalidad de que se dispongan Unidades, para continuar con la búsqueda y localización de los restos de Juliana Campoverde, así como disponer un monto económico de recompensa por información verdadera y comprobable para la búsqueda.
En cuanto a las garantías de no repetición, el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Derechos Humanos deberán informar la existencia y el cambio de nombre de la Iglesia donde Jonathan Carrillo ejercía como pastor. Con esta notificación, se espera la actuación inmediata de las entidades mencionadas para otorgar justicia, verdad y reparación a los familiares de Juliana.
Luisa Villacís, asesora legal de Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), señala que se han mantenido reuniones con funcionarios del Ministerio de Gobierno, Fiscalía, Secretaría de Derechos Humanos y la DINASED con el fin de identificar una hoja de ruta para la efectivización de la sentencia. Añade, además, que la familia de Juliana se encuentra atenta a las acciones pertinentes por parte de las entidades ya señaladas.
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