Tundayme: víctima de dos desalojos por minería

El pasado 30 de enero de 2016 se cumplió 4 meses de los desalojos forzados a 16 familias de la parroquia  Tundayme, cantón El Pangui, en la provincia de Zamora Chinchipe.  En ese lugar se encuentra el Proyecto  Mirador que es ejecutado por la empresa china Ecuacorriente S.A. La concesión minera tiene 4738 millones de libras de cobre.

Este proyecto fue inaugurado el pasado 21 de diciembre luego de ejecutar el segundo desalojo a cerca de 20 familias de Tundayme. A continuación una cronología de los hechos relatados desde enero de 2016 hasta la firma de la concesión en el año 2012.

15 de enero de 2016 se cumplió 30 días del segundo desalojo ocurrido la noche del martes 15 y madrugada del miércoles 16 de diciembre de 2015. El desplazamiento forzado se inició el martes  a las 18:00 hasta las 18:30,  hora en que fue demolida y enterrada la casa de la Sra. Julia Ordoñez.  Con maquinaria pesada y la guardia privada de la empresa se desalojó a esta familia.

El miércoles partir de  las 5:30 de la madrugada siete buses llenos de policías antimotines y tres carros de la Policía Nacional ingresaron nuevamente a la parroquia de Tundayme para continuar con los desalojos forzosos.

Los comuneros señalan que fueron agredidos físicamente por la Policía. Ver testimoniohttp://bit.ly/1my8zSh

7 de enero de 2016

Rosario Ware, mujer shuar de 107 años, recibió la visita de dos empleados de la empresa Ecuacorriente: Jorge Miño, quien se presentó como relacionador comunitario, y Arcángel Juep. Ambos habrían advertido a la anciana y a su hijo Mariano Mashendo que deben desocupar el lugar donde viven.

Hace 13 años, Rosario fue desalojada de su hogar ubicada en el barrio San Marcos. Su casa fue  destruida y quemada. Sin tener otro lugar para vivir se instaló a  3 km de los ríos Tundaymi, Kimi y Wawaym, cerca de donde ocurrieron los últimos desalojos. Al momento, la mujer corre el riesgo de ser desalojada por segunda ocasión.

21 de diciembre de 2015

Los ministros Coordinador de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda Bonilla; y de Minería, Javier Córdova; y junto con el embajador de la República Popular China, Wang Yulin inauguraron el Proyecto Minero Mirador. Las familias desalojadas protestaron mientras se
realizaba el acto.

18 de diciembre de 2015

La Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor  (Cascomi) solicitó  a  María Belén Díaz, directora Nacional del Derecho del Buen Vivir (e), de la Defensoría del Pueblo, que:

– Incluya en el Tramite No. 1701-170104-19-2015-000230 los nuevos desalojos ocurridos una vez más en horas de la madrugada.

– Se pronuncie, con la brevedad del caso, sobre estas manifiestas violaciones a derechos humanos al ser estos nuevos desalojos, contrarios a los principios establecidos por Naciones Unidas[1] .

-Emita la respectiva Censura Pública en contra de los responsables de estos actos contrarios a derechos humanos.

-Reconsidere la posibilidad de realizar una misión de verificación in sitú de manera urgente, e insistimos en la necesidad de la misma por cuanto la información que será recogida en dicha visita aportara con insumos de convicción a la presente investigación. El pededido de la visita se la realizó  el 30 de octubre de 2015. Al momento, no existe respuesta alguna.

El 18 de diciembre de 2015, la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor  (Cascomi) solicitó  a Zobeida Gudiño, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Derechos Colectivos, Comunitarios e Interculturalidad de la Asamblea Nacional que informe sobre la Misión en el Territorio de la Comunidad Amazónica de la Cordillera del Cóndor Mirador.

El 15 y 16 de diciembre de 2015

La noche del martes 15 y madrugada del miércoles 16 de diciembre de 2015 se ejecutó el segundo  desalojo en la parroquia de Tundayme.  La policía agredió a varias familias que fueron desalojadas. Ver testimonio

[1]      PRINCIPIOS BÁSICOS Y DIRECTRICES SOBRE LOS DESALOJOS Y EL DESPLAZAMIENTO GENERADOS POR EL DESARROLLO, Anexo I del Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, A/HRC/4/18.