Inicio Nacional 18 organizaciones de derechos humanos presentan Informe actualizado sobre las protestas sociales de octubre

18 organizaciones de derechos humanos presentan Informe actualizado sobre las protestas sociales de octubre

Por luxor2608
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La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos conformada por 18 organizaciones con una amplia experiencia de trabajo de protección e incidencia en derechos humanos y derechos de la naturaleza presentó la mañana de este jueves, 15 de octubre de 2020, el Informe “Verdad, Justicia y Reparación: a un año de las protestas sociales de octubre”  en el marco del aniversario del paro nacional de octubre de 2019.

Este informe de siete capítulos y 17 recomendaciones es un ejercicio de memoria y aporte en la construcción de verdad, justicia y reparación integral para todas las personas, familias, comunidades y organizaciones que fueron afectadas durante el paro nacional. Además, pretende confrontar el discurso gubernamental, que no reconoce su responsabilidad sobre hechos que configuran graves violaciones a derechos humanos ni los investiga diligentemente y, que por el contrario promueve procesos de criminalización contra líderes indígenas y sociales, así como manifestantes.  Ver el informe completo: aquí
Por ejemplo, según datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado existen 819 procesos abiertos como resultado del paro nacional de octubre, de los cuales 669 se encuentran en etapa de investigación previa, 18 en instrucción fiscal, 69 en preparatorio de juicio y 63 en juicio. De acuerdo con esta información se visibiliza que existen 19 procesos por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, 1 por omisión de medidas de protección, 3 por muerte culposa, 8 por lesiones, 4 por homicidio, 6 tentativa asesinato, 1 por abuso de arma de fuego y 1 por uso de armas, municiones o explosivos no autorizados. Es decir, únicamente 44 procesos estarían dirigidos, posiblemente, a investigar la responsabilidad de los agentes de organismos policiales o de FFAA involucrados en los abusos y graves violaciones a derechos humanos cometidos durante el paro nacional, considerando que se reportan alrededor de 1507 personas que fueron heridas y nueve fallecidas en este contexto. La mayor cantidad de procesos son contra civiles por delitos de daño al bien ajeno (207), paralización de un servicio público (208), ataque o resistencia (113), sabotaje (44), secuestro (35), terrorismo (16), rebelión (2), entre otros
Además, el informe presenta  un análisis del contexto nacional, político y económico respecto a las medidas antipopulares y su continuo avance frente a una coyuntura de restricciones a la movilización y de limitado consenso y diálogo social. También realiza una revisión de los pronunciamientos de órganos internacionales que emitieron sus observaciones y recomendaciones en miras de precautelar los derechos contemplados en los tratados de los que Ecuador es parte; y, por último, actualiza algunos casos emblemáticos de graves violaciones y persecución a distintos actores políticos y sociales como la muerte de Gabriel Angulo Bone, Edison Mosquera Amagua, José Inicencio Tucumbí y José Daniel Chaluisa. Así como los casos de las personas heridas Humberto Moreta, Juan Olovacha, Laura Carrión, Johanna, menor de edad en Píntag; y Manuel Guzñay; y las detenciones en Contraloría y en Lago Agrio. 
El informe en sus 101 hojas concluye, que el discurso gubernamental ha sido consistente en negar su responsabilidad sobre los hechos ocurridos durante el paro nacional de octubre de 2019 y así ha construido la tesis del enemigo interno al que hay que neutralizar y combatir, y ha desconocido el hecho de que las acciones de movilización y protesta social fueron la respuesta de la sociedad civil frente a las medidas económicas lesivas y autoritarias adoptadas por el gobierno en cumplimiento de los acuerdos no transparentados con el Fondo Monetario Internacional.
Además el informe señala  que durante octubre de 2019 en el marco del Paro Nacional se presentaron algunos actos de violencia, incluidos los hechos en la Contraloría General del Estado y en el canal de comunicación privado, todos bajo investigación penal–, sin embargo estos hechos no justifican, y menos legitiman, las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de sus obligaciones.

Finalmente, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador hace 17 recomendaciones: 13 al Estado ecuatoriano y cuatro a los organismos internacionales. Entre las recomendaciones se demanda que, los operadores de justicia  transparenten el estado actual de las investigaciones y sanciones sobre graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco del Paro Nacional y que comprometen a agentes estatales; se implementen las recomendaciones de los organismos internacionales en el marco del cumplimiento de buena fe de los instrumentos internacionales ratificados o suscritos por el Ecuador; se garantice el debido proceso en las investigaciones para asegurar la actuación imparcial del sistema judicial y la reparación integral de las víctimas; se abstengan de hacer un uso abusivo de la figura de estado de excepción que en la práctica ha servido para dar aval constitucional a la acción represiva del Estado y para dictar normativas que implican retrocesos de derechos humanos, especialmente de los derechos económicos, sociales y culturales; cesen los discursos dirigidos a estigmatizar y construir un enemigo interno que atentan contra los derechos colectivos; entre otras. 

A los organismos internacionales se les recomienda dar seguimiento a sus comunicaciones e informes relativos a los hechos acaecidos en octubre de 2019, especialmente que requieran información sobre el estado actual de investigaciones sobre graves violaciones a derechos humanos y los procesos judiciales; que se requiera información sobre el cumplimento de garantías del derecho al debido proceso y debida diligencia sobre el estado actual de los procesos de investigación y judicialización que involucren dirigentes indígenas, dirigentes sociales, defensoras/es de derechos humanos y manifestantes; que se verifique el impacto de acuerdos con entidades financieras internacionales y las medidas económicas que adoptó el país tras las manifestaciones y protestas de 2019; y que se dé seguimiento al uso desproporcionado de estados de excepción usados por el Estado.
Contacto de prensa

Emilia Palacios – Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos 0992058210

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