Capatura de video que registra los goples de la Policu00eda en la cu00e1rcel Turi.
11 pruebas documentales, 12 peritajes y 15 testimonios de las personas privadas de la libertad de los centros de detención de Cuenca, Guayaquil, Latacunga, Riobamba, Portoviejo e Ibarra son varias de las pruebas anunciadas en la audiencia pública de juzgamiento por el delito de tortura en contra de 42 policías procesados por los hechos ocurridos el pasado 31 de mayo de 2016, en el pabellón de Mediana Seguridad JC del Centro de Rehabilitación Social Turi.
La audiencia se instaló ayer, 19 de septiembre del 2018, a las 09:30, en el Complejo Judicial de Cuenca. En su segundo día, la sala de audiencia permaneció custodiada por cuatro agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y un miembro de la Policía Nacional que impidieron el ingreso de familiares y amigos a la sala por falta de espacio.
Para David Ayala, abogado de Defensoría Pública que patrocina a las 25 víctimas, hasta el momento tanto Fiscalía como los accionados han presentado las pruebas documentales en su defensa.
Los accionantes presentaron 11 pruebas documentales, entre ellas un listado del personal policial que participó del operativo del 30 de mayo de 2016, el juego de videos que registra como los internos fueron golpeados por los agentes del Estado, un reglamento de la Policía Nacional en cuanto a la utilización del uso progresivo de la fuerza, entre otras. Ante esto la contraparte objetó estas pruebas alegando que estas son únicamente simples copias, sin embargo, Fiscalía aclaró que esta documentación se encuentra debidamente certificada por lo tanto cuenta con total validez probatoria.
Fiscalía y Defensoría también impugnaron varias de las pruebas presentadas por los abogados de los acusados, tales como pericias médicas u informes testimoniales.
Según el Código Integral Penal (COIP), este tipo de documentación no tiene valor de prueba, lo que realmente serviría como probatorio sería los testimonios orales de quienes participaron de dichas pericias.
Ayala también indicó que una de las pruebas más objetadas fue las grabaciones registradas por medio de CD’s en los cuales se evidencian las agresiones físicas de los agentes hacia los internos. Los accionados dijeron que estos CD’s no mantuvieron cadena de custodia y por lo tanto está prueba cuenta con poca credibilidad, respecto a esto el jurista afirma que esto no significa que se deba excluir dicha prueba del proceso.
Para Daniel Véjar, coordinador jurídico de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), este proceso judicial es importante para que no quede en la impunidad los actos de tortura ocurridos en el CRS de Turi. Además, evidencia la situación carcelaria que se vive en Ecuador.
“Existe una prohibición absoluta de tortura y los Estados tienen la obligación de investigar por todos los medios posibles y sancionar a los responsables del hecho – dice Véjar -, más aún cuando el Estado ecuatoriano a ratificado desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, todos los tratados internacionales de respeto y garantía de derechos humanos”.
Investigar y sancionar a los responsables sentaría un precedente para que esto no vuelva a ocurrir en otro centro penitenciario y se mejoraría las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad, enfatiza Véjar.
Hoy, desde las 08:30, el Tribunal de Garantías Penales de Azuay conformado por Luis Flores, juez ponente; Patricia Inga y Pedro Ordóñez escuchan los testimonios de las víctimas. Se prevé que la audiencia dure un mes aproximadamente.