Justicia acepta el error de tratar al caso Turi como extralimitación y reanuda investigación por tortura

Captura del video de las cámaras de seguridad del 31 de mayo en el CRS Turi.

La Sala Penal de la Corte Provincial de Azuay presidida por la jueza Julia Elena Vázquez aceptó hoy, 11 de octubre de 2017, la nulidad del proceso de investigación por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio en contra de 15 policías procesados por  los hechos tortura cometidos en la cárcel Turi, el pasado 31 de mayo de 2017.

El argumento para anular el proceso desde la reformulación de los cargos fue que el tiempo de instrucción fiscal de la investigación  superó los 120 días que establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su artículo 592 donde señala “en ningún caso una instrucción fiscal podrá durar más de ciento veinte días”.  En el caso Turi la instrucción duró 150 días.

Con este dictamen, el proceso vuelve a ser investigado como delito de tortura y la reformulación de los cargos de tortura a extralimitación, así como el dictamen fiscal que se abstiene de acusar a los 34 procesados y la resolución que sobreseyó a los 15 policías queda sin efecto, es decir, que se retoma la investigación contra 49 personas: 47 policías imputados, el coordinador de la cárcel y un guía penitenciario por el delito de tortura.

Además, la jueza ordenó que Fiscalía despaché las pericias solicitadas por la defensa de las personas privadas de la libertad, ya que en al anterior proceso al no hacerlo se violentó el derecho a la defensa. Para David Ayala, defensor público y abogado de las víctimas, las pericias faltantes son la valoración psicológica y psicosocial a las personas privadas de la libertad, así como el peritaje que determine la cadena de mando en el operativo del 31 de mayo.  También, Ayala señaló que al investigarse nuevamente por el delito de tortura esta figura legal permite procesar a los policías en su conjunto.

Según Daniel Vejar, asesor legal de Inredh, esta resolución permitirá  realizar de forma adecuada las pericias y otras diligencias investigativas que por presión política y de otros sectores se dejaron de hacer en la instrucción fiscal anterior. Además, permitirá a las víctimas participar activamente en el proceso y solicitar la implementación de los estándares internacionales en materia de tortura aplicables a los hechos del 31 de mayo.

Al momento, se espera la resolución sea emitida por escrito y que se determine el tiempo de instrucción fiscal para cumplir con las pericias faltantes.