Acción urgente: Acusación de «terrorismo» contra líderes comunitarios

 Manuel Trujillo y Manuela Pacheco, líderes comunitarios de San Pablo de Amalí, en el centro de Ecuador,

se enfrentan a cargos infundados de terrorismo organizado. Sus procedimientos penales parecen ser un intento de silenciar su campaña para reclamar el derecho de su comunidad a ser consultada sobre la construcción de una planta hidroeléctrica que, según afirman, afectará al derecho de la comunidad al agua.

Manuel Trujillo y Manuela Pacheco han sido acusados de cometer actos de terrorismo organizado, un cargo que conlleva una pena máxima de ocho años de prisión. Está previsto que la vista judicial de su caso comience el 19 de enero. Los cargos guardan relación con un ataque perpetrado el 14 de agosto de 2012 contra cuatro agentes que viajaban en un vehículo. Las organizaciones locales de derechos humanos afirman que aquella mañana estallaron enfrentamientos entre la policía y los miembros de la comunidad de San Pablo de Amalí, provincia de Bolívar; por su parte, los miembros de la comunidad denunciaron el uso de fuerza excesiva por parte de la policía. El ataque contra el vehículo se produjo al atardecer, cuando los miembros de la comunidad se enfrentaron a un agente de policía que había realizado disparos al aire. Según un testigo presencial, ni Manuel Trujillo ni Manuela Pacheco estaban presentes en el momento del ataque al vehículo. Ambos están en libertad bajo fianza a la espera del resultado del juicio.

Las organizaciones locales de derechos humanos aseguran que la fiscalía no ha presentado pruebas sólidas que demuestren que Manuel Trujillo y Manuela Pacheco estuvieron presentes y fueron responsables del ataque contra los policías o participaron en él, y afirman que ha basado los cargos en declaraciones de agentes de policía que afirmaron estar presentes durante el ataque.

Manuel Trujillo y Manuela Pacheco son dirigentes comunitarios muy conocidos de San Pablo de Amalí que han hecho campaña para destacar la preocupación en torno a la implementación de la planta hidroeléctrica de Hidrotambo, la cual, según creen, afectará negativamente al derecho de la comunidad al agua. También han denunciado la falta de participación y consulta con los afectados. Los cargos infundados presentados contra ellos parecen ser un intento de silenciarlos y poner fin a la larga oposición de su comunidad contra el proyecto hidroeléctrico.

Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma:

1. Expresando preocupación porque los procedimientos penales contra Manuel Trujillo y Manuela Pacheco parecen ser un intento de silenciar su campaña para reclamar el derecho de su comunidad a ser consultada sobre la construcción de un proyecto hidroeléctrico que, según afirman, afectará al derecho de la comunidad al agua;
2. Instando a las autoridades a retirar los cargos infundados contra Manuel Trujillo y Manuela Pacheco;
3. Instándolas a garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica y reconociendo que el Estado tiene el deber de mantener el orden público. 

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 24 DE FEBRERO DE 2016 A:

Fiscal Provincial de Bolívar

Dr. Manuel Sánchez Guillén

Fiscalía Provincial de Bolívar

Calle Cándido Rada y 9 de Abril

Guaranda, Ecuador

Fax: +593 3 2980 619 / +593 3 2985 666 / +593 3 2984 953

Tratamiento: Sr. Fiscal Provincial

Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

Dra. Ledy Zúñiga Rocha      

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

Av. Colón entre Diego de Almagro y Reina Victoria         

Quito, Ecuador                     

Correo-e: comunicacion@minjusticia.gob.ec

Tratamiento: Sra. Ministra

Y copias a:

ONG local de derechos humanos

INREDH

Avenida 10 de Agosto N34-80 y Rumipamba. Piso 1

(Frente a la parada El Florón, del Trolebús)

Quito, Ecuador

Envíen también copias a la representación diplomática de Ecuador acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes diplomáticas locales:

NombreDirección 1Dirección 2Dirección 3 Fax Número de fax Correo-eDirección de correo-e Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE

ACUSACIÓN DE «TERRORISMO» CONTRA LÍDERES COMUNITARIOS

Información complementaria

En 2002, el Estado ecuatoriano otorgó a una empresa privada la concesión de la construcción de la planta hidroeléctrica de Hidrotambo en una zona en la que viven 70 comunidades campesinas e indígenas en San Pablo de Amalí, provincia de Bolívar. Poco después, la comunidad de San Pablo de Amalí expresó su preocupación por el impacto del proyecto en el derecho de la comunidad al agua, el posible desplazamiento de personas a causa de las inundaciones y la falta de consulta sobre el proyecto, especialmente en lo que se refiere al estudio de impacto ambiental. Según las organizaciones locales de derechos humanos, entre 2006 y 2008 se produjeron varios enfrentamientos entre la comunidad, por un lado, y la empresa y las fuerzas de seguridad, por el otro, cuando los miembros de la comunidad protestaron contra las obras de construcción. Algunos líderes y miembros de la comunidad fueron acusados de diversos delitos, entre ellos los de sabotaje, terrorismo y rebelión. Entre los acusados se encontraba Manuel Trujillo, contra quien se abrieron 30 procedimientos judiciales durante este periodo. Más tarde, Trujillo formó parte de una amnistía dictada por el Congreso y le fueron retirados todos los cargos.

A partir de entonces, el proyecto hidroeléctrico estuvo suspendido durante cuatro años, hasta 2012. La preocupación de la comunidad en torno al proyecto surgió de nuevo cuando éste se reactivó. La comunidad denunció asimismo varios incidentes en 2012 en los que la empresa había entrado en sus tierras sin notificación ni consentimiento previos. Las obras de construcción del proyecto ya han concluido. Aunque la planta hidroeléctrica no está operativa, el cauce del río se ha desviado, y ahora pasa más cerca de la comunidad. En marzo de 2015 el río se desbordó, y causó tres muertes y daños en las casas y las cosechas de algunos miembros de la comunidad.

Amnistía Internacional ha manifestado preocupación por el hecho de que, en los últimos años, se han presentado en Ecuador cargos penales falsos contra líderes indígenas y campesinos, en lo que parece ser un intento deliberado de obstaculizar su derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación. La organización ha documentado casos de líderes contra quienes se han formulado cargos por delitos como los de terrorismo, sabotaje, asociación ilícita, secuestro, asesinato, lesiones, robo, entrada sin autorización en propiedad ajena y obstrucción ilegal de vías públicas en el contexto de manifestaciones contra leyes y políticas, en particular las relacionadas con recursos naturales (véase el informe: “Para que nadie reclame nada”. ¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?,https://www.amnesty.org/es/documents/amr28/002/2012/es/ y la Acción Urgente: https://www.amnesty.org/es/documents/amr28/1604/2015/es/).

Nombre: Manuel Trujillo (h) y Manuela Pacheco (m)

Sexo: hombre y mujer

AU: 10/16 Índice AMR 28/3205/2016 Fecha de emisión: 13 de enero de 2016