Las organizaciones indígenas, de derechos humanos* y eclesiales denuncian públicamente que las decisiones y las providencias emitidas por el juez Jaime Oña de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Orellana, en la demanda constitucional interpuesta por las organizaciones indígenas, eclesiales y de derechos humanos, así como, por las comunidades afectadas por el derrame de crudo y de combustible en los ríos Coca y Napo, ocurrido el 07 de abril, develan ausencia de garantías al debido proceso, contracciones y vulneran -una vez más- el derecho al acceso a una justicia oportuna y efectiva.
Este proceso legal, que se inició el 29 de abril con la presentación de una acción de protección con medidas cautelares que buscan garantizar de manera urgente los derechos constitucionales de al menos 105 comunidades indígenas, ha sido dilatado de manera injustificable. El juez ha diferido por tercera vez la audiencia; y hasta el momento, ha inadmitido 3 testimonios de personas expertas en daños ambientales, inobservando varios de los principios que sustentan el derecho al debido proceso; así como, malinterpretando las normas del procedimiento constitucional.
Por ello, exigen se tomen de manera urgente todas y cada una de las medidas necesarias, emergentes, para garantizar los derechos al debido proceso, la independencia, la transparencia y la motivación en los actos de cualquier servidor de la función judicial, y en este caso, del Juez Oña Mayorga.
Con esta denuncia pública, además, solicitan al Consejo de la Judicatura se realice un seguimiento constante al proceso señalado inicialmente, de forma que se garanticen los principios, criterios y objetivos de la justicia constitucional y de manera particular la independencia judicial al resolver sobre el mismo, impidiendo cualquier posible injerencia o presión externa; y, protegiendo con ello, los derechos esenciales de todos los accionantes dentro de este trámite judicial.
Así también, instan a la Defensoría del Pueblo que realice la vigilancia del debido proceso en la presente causa y recuerde a los funcionarios judiciales sus obligaciones constitucionales y legales.
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La Alianza por los Derechos Humanos Ecuador está conformada por las siguientes organizaciones:
Surkuna, Cedhu, Inredh, Amazon Frontlines, Cdh Guayaquil, Idea Dignidad, Fundación Aldea, Omasne, Amazon Watch, Acción Ecológica, Yasunidos, Apt Norte, Cuencas Sagradas, Cedenma, Fundación Pachamama, Fundación Alejandro Labaka, Fundación Dignidad, Extinction Rebellion, Geografía Crítica