Autoridades indígenas e Inredh solicitarán amnistía en Cañar

Las autoridades, líderes y lideresas de las comunidades indígenas de San Pedro de Cañar y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentarán la solicitud de amnistía para 23 autoridades indígenas procesadas y privadas de la libertad en las provincias de Cañar y Azuay por ejercer y administrar justicia indígena, en el período 2015 -2016.

La solicitud de Amnistía se presentará este jueves, 15 de febrero de 2018, a las 11:00, en la en la Casa de la Asamblea Nacional de la ciudad de Azogues, denominada Centro de Atención Ciudadana (Av. 16 de Abril y Babahoyo). 

Durante el 2015 al 2016, las autoridades indígenas de Cañar ejercieron su derecho administrar justicia indígena en casos de cuatrerismos, coyoterismo, pandillas juveniles y problemas de tierras ocurridos en el territorio cañari. En las asambleas generales sancionaron y sentenciaron a los responsables, quienes tras la resolución iniciaron procesos judiciales en contra de las autoridades indígenas por los presuntos delitos de extorsión, secuestro extorsivo, cómplice de secuestro y daño al bien ajeno. Esto como una medida de retaliación a la justicia indígena. 

Actualmente, de las 23 personas que enfrentan estos delitos, 6 están sentenciadas y cumpliendo la pena en los Centros de Rehabilitación Social en las provincias de Cañar y Azuay, 11 indígenas están procesados por secuestro extorsivo, 6 de ellos ya han sido condenados a 4 y 5 años de prisión; 11 están procesados por secuestro, uno de ellos condenado a 5 años de prisión: 4 están procesados por daños a bien ajeno, uno condenado a seis meses de prisión; y finalmente uno está procesado por complicidad en un secuestro.

El derecho a la administración de justicia indígena está reconocida y garantizada por la Constitución del Ecuador desde 1998, y de una forma más clara y sustentada lo ratifica la Constitución del 2008 en sus artículos 57, inciso 10 y en el Art. 171 que señala claramente la existencia de dos sistemas jurídicos con potestades jurisdiccionales en cualquier materia (penal, civil, mercantil, etc.) y en igualdad de condiciones.

Asimismo, A la Constitución coadyuvan los instrumentos internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio Nº. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); que además en su Art. 10, numeral 2, establece que cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas estas deberán ser sanciones distintas al encarcelamiento.

En este sentido, Inredh y las autoridades indígenas solicitarán a la Asamblea Nacional que se conceda la amnistía completa a jueces y juezas indígenas sentenciados por ejercer y administrar justicia indígena.

Ver informe San Pedro del Cañar septiembre 2017

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