Canoa sin agua

Por Yuli Gaona
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Hechos: En 2020, algunos moradores de la Urbanización Canoa Miduvi, ubicada en la parroquia Canoa, presentaron una acción de protección con medidas cautelares para exigir que se garantice su derecho al agua, vulneración que empeoró en contexto de pandemia por las medidas de bioseguridad.  

Delito: Vulneración de derechos constitucionales al agua y por conexidad e interdependencia, los derechos a la alimentación y la salud. 

Responsables: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Vicente y Empresa Pública Municipal Mancomunada de Agua Potable de los Cantones Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre, y Tosagua (EMAAP – EP). 

Lugar: Parroquia Canoa, Cantón San Vicente, norte de la Provincia de Manabí. 

Historia

Historia 

Entre los meses de abril y mayo del 2020, en redes sociales, se hizo un eco fuerte sobre lo que sucedía en Canoa, cantón San Vicente, al norte de Manabí, sobre la falta de agua potable y alimentos.  

Los hechos comenzaron cuando el presidente de la urbanización Miduvi de Canoa y 105 familias empezaron la lucha para tener acceso al agua. No obstante, familiares de las autoridades municipales y empleados de la empresa de agua potable obstaculizaron y hostigaron a quienes denunciaban este hecho. 

Debido a la urgencia de la población, Inredh junto con otras organizaciones miembros de la Alianza por los Derechos Humanos alertaron al Gobierno central, a los COE nacional, provincial, cantonal y a los gobiernos locales sobre la situación de vulneración en la que se encuentran las comunidades de la parroquia de Canoa. 

El 6 de julio del 2020, con carteles y consignas, que denunciaban la falta de agua y exhortaban a cumplir con las promesas ofrecidas por las autoridades, las y los moradores de la urbanización Miduvi se plantaron en los exteriores del Complejo Judicial de Sucre en la ciudad de Bahía de Caráquez, en Manabí, con el objetivo de presentar la acción de protección con medidas cautelares para exigir que se garantice su derecho al agua. 

En la audiencia de la acción de protección, Luis Ayala, presidente de la Urbanización Canoa Miduvi, señaló que algunos habitantes de la Urbanización pertenecen a grupos vulnerables como tercera edad, niños/as, mujeres embarazadas y con niños en brazos. También indicó que las personas del sector vivían del turismo y el comercio y, ahora, debido a la pandemia se quedaron sin sus ingresos económicos que les permitía comprar el agua de tanqueros privados. 

El Tribunal también pudo escuchar los testimonios de cuatro residentes de la Urbanización y uno fuera de esta, quienes acudieron en calidad de testigos y relataron cómo sus vidas son afectadas por la falta de agua. Ilda Y., comentó que para comprar agua, “el tanquero cuesta entre 35 a 40 dólares, la cisterna dura 15 días, tuve que poner canales en mi casa para recoger el agua de lluvia, esa temporada que estaba baja económicamente […] El agua de los camiones dicen que viene de San Vicente y me viene con basura y con tierra cuando yo limpio mi cisterna […] No hay turismo con la pandemia, el pueblo está abandonado y el dinero para comprar comida y agua no es suficiente”. 

Luego de ampliar la información del caso con visitas a la Urbanización para constatar el servicio de dotación de agua, el Tribunal de Garantías Penales de Sucre emitió su sentencia oral a favor de la acción de protección presentada por la Urbanización Miduvi.  

En la sentencia la jueza declaró la vulneración de los derechos constitucionales al agua y por conexidad a la salud, alimentación, a la igualdad y no discriminación, a la vida digna y a la integridad de la población de Miduvi y dispuso varias medidas de reparación. 

Para el mes de agosto del 2020, la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Agua Potable y el Municipio de San Vicente de Manabí presentaron disculpas públicas hacia la Urbanización Canoa-Miduvi. Sin embargo, no cumplieron a cabalidad las demás medidas de reparación de la sentencia. Por lo tanto, las 105 familias de Miduvi-Canoa aún no tienen la dotación de agua potable de acuerdo con los horarios establecidos. 

A tres años de la presentación de la acción de protección, se ha realizado un monitoreo a varias familias que viven en la Urbanización Canoa Miduvi y se evidencian algunas vulneraciones, como el cobro injusto al consumo del agua, pues a pesar de la instalación de medidores, durante dos años no se ha regularizado la dotación de agua. Las familias han tenido que costear la instalación de medidores, los pagos mensuales y el rubro de mantenimiento de redes, incluso cuando no reciben el servicio de agua, mucho menos potable.  

Cronología

18 mayo, 2020  

Debido a la pandemia y cuarentena la población de Canoa denuncia que no tiene agua y tampoco comida debido al impacto del covid-19 y a la mala administración de las autoridades locales que no han logrado superar las secuelas que dejó el terremoto de 2016. 

19 mayo, 2020 

Inicia campaña #CanoaSinAgua para exigir al Gobierno central, a los COE nacional, provincial, cantonal y a los gobiernos locales que se provea de manera inmediata y urgente el acceso al agua y de raciones alimenticias para alrededor de 105 familias que han sido desatendidas por el Estado. 

30 mayo, 2020 

Tras diez días de haber realizado la denuncia, los moradores de Canoa no reciben respuestas, por lo cual se activa la Alianza por los Derechos Humanos en su apoyo. 

22 junio, 2020  

Luis Ayala, presidente de la Urbanización Miduvi, comenzó a recibir amenazas, por lo cual acudió a Fiscalía de San Vicente en busca de medidas de protección, pero su denuncia no fue receptada. 

20 agosto, 2020  

El gerente de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Agua Potable (EMMAP-EP), Carlos Ignacio Molina Ormaza; la alcaldesa del cantón San Vicente de la provincia de Manabí, Gema Rossana Cevallos; y Ney Christian Menéndez Moreira, procurador síndico de San Vicente, impugnaron la sentencia escrita del Tribunal de Garantías Penales de Sucre. El Tribunal informó que se concedió el recurso de apelación a las partes y que este será conocido por una de las Salas de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. 

27 agosto, 2020 

La Empresa Pública Municipal Mancomunada de Agua Potable y el Municipio de San Vicente de Manabí han presentado disculpas públicas hacia la Urbanización Canoa-Miduvi tal y como se dispuso en la sentencia emitida por el Tribunal de Garantías Penales del cantón Sucre. Más no han restablecido el suministro de agua de acuerdo a los horarios acordados. 

28 septiembre, 2020 

La urbanización Conoa-Miduvi acompañada de la Fundación regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó varios oficios ante distintas entidades del Estado solicitando el cumplimiento de la sentencia emitida el 13 de agosto del 2020 por parte del Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Manabí.  

16 octubre, 2020 

Se interpuso un recurso de apelación por las instituciones estatales accionadas: Alcaldía y GAD del cantón San Vicente, así como a la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Agua Potable de los Cantones Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre y Tosagua (EMMAP-EP). Los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, penal Militar, penal Policial y tránsito conformado por Paola Miranda Durán, Alfredo Pinargoty y José Ayora Toledo resolvieron desechar el recurso de apelación interpuesto, ratificando la sentencia dictada por el Tribunal de Garantía Penales de Sucre – Manabí emitida el pasado 13 de agosto del 2020. 

12 noviembre, 2020 

El Tribunal de Garantías Penales del cantón Sucre, provincia Manabí, ordenó que en un plazo de tres días, la Alcaldía y la Empresa Municipal Mancomunada de Agua Potable (EMMAP-EP) de San Vicente presentarán documentación que acredite el cumplimiento integral de la sentencia dictada a favor de la acción de protección presentada por los habitantes de la Urbanización de Miduvi Canoa. 

30 diciembre, 2020 

Se instala la primera audiencia de seguimiento del cumplimiento de la sentencia emitida el 13 de agosto. El Tribunal ratificó que la EMMAP-EP y el GAD de San Vicente deberán cumplir con la dotación del servicio de agua potable respetando el cronograma. Además, las entidades gestionarán jornadas médicas periódicas. La primera se debía desarrollar el 13 de enero de 2021.  

Abril y mayo, 2021 

Se presentaron escritos acerca del incumplimiento de la sentencia. En las visitas realizadas se puedo observar y constatar que aún no se brinda el servicio de agua potable en forma eficiente, no se respeta el cronograma establecido y tampoco hay constancia que se hayan realizado las brigadas médicas. Por tales razones, se pide que se convoque a una segunda audiencia de seguimiento.  

15 junio, 2021 

El Tribunal de Garantías Penales del Cantón Sucre, provincia de Manabí, convocó a una audiencia para verificar el cumplimiento de la sentencia emitida el 13 de agosto de 2020. En la misma audiencia se instaló una mesa de negociación con la participación de Procuraduría del Estado, la EMMAP-EP, el GAD de San Vicente, Luis Ayala, presidente de Canoa-Miduvi e Inredh para llegar a acuerdos de cumplimiento. 

Noviembre, 2021 

Se presentó otro escrito en el cual se indicaba que no se está cumpliendo con los horarios asignados. A pesar de la adquisición de medidores, se observa el incumplimiento en el abastecimiento de agua y no se ve una mejora en las condiciones de las personas que los adquirieron. Por otro lado, hay preocupación por parte de los habitantes sobre los costos que generará el medidor sin tener seguridad de obtener agua del mismo.  

20 mayo, 2022 

La Defensoría del Pueblo del Ecuador realiza una inspección en la Urbanización Miduvi Canoa para verificar el cumplimiento o no de la sentencia y las diligencias del seguimiento. Luis Ayala, presidente de la urbanización, mencionó que en los últimos meses ya no había comunicación con la empresa y el GAD de San Vicente, y no recibían agua potable casi un mes. Ante esto, la Defensoría solicitó un informe a la Emmap-Ep donde se especifique, durante los dos últimos meses qué días no se brindó el servicio con normalidad.  

Junio, 2022 

En este mes se dio el último impulso procesal luego de poner en conocimiento todas las irregularidades sobre el abastecimiento del agua, y pedir dos audiencias de seguimiento. Sin comprobarse el cumplimiento integral de la sentencia emitida el 13 de agosto de 2020, se da la disposición de trasladar la causa al archivo.  

04 julio, 2023 

El defensor del agua y morador de la Urbanización Miduvi Canoa, Luis Ayala, fue intimidado y golpeado por un policía en servicio activo del sector y su esposa. Ayala presentó una denuncia ante la Fiscalía de San Vicente (Manabí) por el delito de intento de homicidio. En la denuncia se solicitó medidas de protección para Ayala y su familia.  

18 diciembre, 2023 

Han transcurrido 3 años y 4 meses desde la emisión de la sentencia, y las medidas de reparación integral no han sido cumplidas a cabalidad. Ante esto, habitantes de la Urbanización junto con Inredh solicitan al Tribunal de Garantías Penales de Sucre que puedan exigir el cumplimiento de las medidas o a su vez remitir el expediente a la Corte Constitucional del Ecuador, en conjunto con un informe debidamente argumentado sobre las razones del incumplimiento de las autoridades (EMMAP-EP y el GAD Municipal del Cantón San Vicente). 

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