Al cumplirse más de 90 días del derrame petrolero que afectó a más de 27.000 personas indígenas Kichwas, representantes de las comunas filiales de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE) se movilizaron esta mañana, 9 de julio de 2020, con el fin de denunciar la grave situación que enfrentan sus comunas ante el peor derrame petrolero de los últimos 15 años en la Amazonía ecuatoriana.
La movilización que se desarrolló en la ciudad de Orellana, cumpliendo con las medidas de bioseguridad, inició a las 10:00 con la participación alrededor de 50 representantes de las comunas afectadas, quienes se dirigieron desde la sede de la FCUNAE hacia el Consejo de la Judicatura de Orellana para ingresar un pedido escrito.
Con este documento, dirigentes de las comunas afectadas solicitaron la reinstalación de la audiencia de acción de protección con medidas cautelares y recalcaron la necesidad de respetar el debido proceso y actuar con celeridad, tal como lo determina el marco normativo vigente.
A la par que dirigentes indígenas entregaban este pedido formal al Consejo de la Judicatura de Orellana, en sus exteriores se realizaba un plantón mediante carteles y consignas de exigencia al Estado por una pronta respuesta a su situación. “Las manchas de petróleo son para toda la vida”, se observaba en una de las pancartas.
Al plantón también llegaron medios de comunicación locales, en los cuales Carlos Jipa, presidente de la FCUNAE, Verónica Grefa, presidenta de la Comunidad Toyuca y Xavier Soliz, asesor jurídico de la Fundación Labaka explicaron la grave crisis sanitaria, social y ambiental que atraviesan las 105 comunidades afectadas por el derrame.
Según el dirigente indígena Carlos Jipa, con la acción de protección con medidas cautelares presentada el pasado 29 de abril por las comunidades afectadas junto a organizaciones religiosas y de derechos humanos, se buscaba la reparación integral de los daños causados. No obstante, pese a que la normativa ecuatoriana establece que el juzgador debe pronunciarse en el tiempo más breve posible, “han transcurrido casi tres meses de la presentación de la acción y no se ha dado ninguna resolución”, precisa Jipa.
Esta audiencia fue suspendida el 1 de junio, debido a problemas de salud del personal de la Unidad Judicial. A pesar de que las comunidades y organizaciones demandantes se solidarizan con los funcionarios de la Judicatura, los representantes de la FCUNAE y organizaciones indígenas exigen a las autoridades pertinentes, en particular el Consejo de la Judicatura, garantizar la reparación de los derechos vulnerados, especialmente, el derecho a la salud.
Luis Xavier Solis, asesor jurídico de la Fundación Labaka y parte de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, asegura que la marcha responde a la necesidad urgente de que se dicten medidas cautelares y se atienda a las comunidades afectadas de manera sostenida e integral. El jurista comenta que “esperamos que el estado ecuatoriano, la judicatura respeten lo que dice la constitución y los tratados internacionales sobre la atención prioritaria a los pueblos indígenas, en este caso los Kichwas”.
La movilización continuó hacia la Gobernación de Orellana, ubicada en la av. 12 de Febrero y Vicente Rocafuerte y finalizó en las instalaciones del Ministerio de Ambiente, durante la marcha las comunas repetían consignas sobre la consecuencias del derrame y exigían Medidas Cautelares.
En la actualidad, cientos de mujeres, hombres, niñas, niños, ancianos y jóvenes padecen hambre y enfermedades graves, como cuadros dérmicos asociados a la contaminación del agua por el derrame y casos de COVID-19. Las palabras de indignación de Verónica Grefa, así lo manifiestan, “somos cientos de comunidades que no solo vemos vulnerado nuestro derecho a un ambiente sano, a la salud, a la alimentación y a una vida digna, sino también a nuestro derecho a la defensa y acceso a la justicia, entre otros. Y aunque nos encontramos en esta situación de vulnerabilidad, las instituciones no llegan a las comunidades a ofrecernos atención médica continua y adecuada. Por esto nos movilizamos.”
Miguel Grefa, adulto mayor de la comunidad de Huataraco, asegura que esta no será la primera marcha y explica que “hoy nos ha tocado salir a los dirigentes de las comunidades, viajar por varias horas en canoa, dejando a nuestras familias, para exigir atención y justicia al estado y las empresas Petroecuador y OCP, pero sí no nos atienden, volveremos comunidades enteras. No tenemos agua, los botellones no alcanzan, tenemos que usar el agua del río, aunque esté contaminada”.
Finalmente, con la movilización, las comunidades afectadas y organizaciones indígenas exigieron a la justicia ecuatoriana una respuesta encaminada a la reparación integral. Buscan que las entidades estatales y las empresas Petroecuador y OCP, reconozcan su responsabilidad y cumplan con sus obligaciones constitucionales, a través de la restitución inmediata de los medios de vida de todas las comunidades y reparación integral de sus derechos y los derechos de la naturaleza.
Contactos:
Carlos Jipa, presidente FCUNAE – 0982762618
Verónica Grefa, presidenta comunidad Toyuca- 0993506818
Luis Xavier Solís – asesor Legal de Fundación Alejandro Labaka 0994386568