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Conversatorio online: Análisis del uso progresivo de la fuerza en Ecuador y Latinoamérica

Por Yuli Gaona
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El debate acerca del uso progresivo de la fuerza, que deben aplicar los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se ha instaurado nuevamente en la opinión pública del Ecuador, desde enero del 2022. El posicionamiento mediático de algunos casos vinculados a este tema; las declaraciones controversiales del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y las críticas a los cuatro proyectos de Ley respectivos que se encuentran en revisión en la Asamblea Nacional, son algunos factores que han impulsado este debate fundamental para el país.
Representantes de organizaciones de derechos humanos latinoamericanas dialogaron, en un conversatorio online, acerca de la forma en la que se plantea regular el uso progresivo de la fuerza en Ecuador y cómo se ha instaurado este accionar en algunos países de la región.
 

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Durante el conversatorio se analizó el incremento del uso desproporcionado de la fuerza en varios países de Latinoamérica, esto en relación al aumento, desde 2019, de las protestas sociales, que son la respuesta de la ciudadanía a la inconformidad con algunas políticas de sus respectivos gobiernos.
Los registros de personas con lesiones temporales, lesiones permanentes y fallecidas como resultado del uso desproporcionado de la fuerza, por parte de agentes de seguridad estatales, durante las protestas sociales realizadas en Chile, Colombia, Ecuador y Perú fueron analizados durante el conversatorio.
Reinaldo Villalba, vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh), indicó que, “América Latina tiene una preocupante historia de excesos de la fuerza pública que ha generado millones de víctimas. Los Estados no se han apropiado de sus obligaciones internacionales en esta materia, no cumplen con los instrumentos internacionales que regulan el uso de la fuerza o lo cumplen precariamente, no regulan internamente este aspecto, no capacitan a sus funcionarios y a cambio estimulan doctrinas que promueven violaciones de DDHH, además buscan asegurar la impunidad de los responsables”.
Villalba resaltó la importancia de la jurisprudencia internacional que deberían asumir los Estados en relación a los límites que tiene el uso de la fuerza y además destacó dos resoluciones pertinentes de Naciones Unidas: los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
“El Estado como garante de los derechos humanos debe procurar que sus agentes no incurran en graves violaciones de DDHH por el abuso o extralimitación del uso de la fuerza” comentó Villaba, quien además recalcó que, “se deben garantizar los derechos fundamentales de las personas, especialmente cuando hacen ejercicio del derecho a la protesta social”.
Según Villalba, las personas privadas de la libertad, vendedores informales, consumidores de droga, jóvenes, población LGBTI son algunos de los grupos sociales que habitualmente son víctimas del uso inadecuado de la fuerza y a su criterio, esto se debe a que, “la fuerza pública suele excederse en su aplicación de la fuerza frente a la población más vulnerable», comentó.
Mar Pérez, Abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) de Perú, interpretó la importancia del derecho a la protesta y explicó que, «las calles se convierten en el principal espacio para la reivindicación de derechos, el ejercicio de la libertad de expresión y es entonces cuando se producen las respuestas autoritarias de los Estados, que vemos en todo el continente”.
La abogada Pérez indicó que en varios casos de uso abusivo de la fuerza se ha generado impunidad y que existen dos niveles de responsabilidad: la de las fuerzas del orden y los impedimentos que se producen en el sistema judicial.
De acuerdo a la experiencia de Mar Pérez, en el Cnddhh, existen algunos parámetros que deberían mantener los miembros encargados de hacer cumplir la ley, como por ejemplo, «números de identificación visibles a gran distancia porque de lo contrario el anonimato es una condición psicológica que favorece las violaciones de derechos humanos, identificación y registro de las armas y municiones, registro de los miembros que salen a terreno».
Pérez también señaló algunas recomendaciones sobre el uso de la fuerza que han sido establecidas por organismos internacionales como, «la grabación de todas las comunicaciones entre las centrales de operaciones y los efectivos que están en terreno para tener una constancia de las órdenes emitidas y la colocación de cámaras en uniformes y vehículos de la policía.
Rosa Bolaños, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, explicó parte de los proyectos de Ley de uso progresivo de la fuerza que se encuentran en revisión en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional del Ecuador y mencionó que los punto más críticos a los que se debería prestar mayor atención son la posible complementariedad de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional del Ecuador; la inclusión y uso de armamento letal y la vulneración al principio de independencia judicial en los procesos que se encuentren involucrados Policías.
Bolaños señaló que, “los proyectos de ley analizados, se materializan como un discurso institucionalizado del populismo penal y securitización, de ahí que   se evidencia un patrón de causa y efecto entre la   alarma social  y la respuesta del Estado para blindar  a la fuerza pública”. Durante el conversatorio explicó que antes de estructurar un proyecto normativo que mantenga prácticas propias de la doctrina de seguridad nacional, se debería analizar y plantear una política pública y criminal adecuada para prevenir la inseguridad y la reincidencia en conductas delictivas.
“A través de la política pública se puede estructurar un texto normativo integral que regule el uso progresivo y proporcional de la fuerza,  en el cual se recoja principios de responsabilidad, racionalidad y proporcionalidad, todo esto  en complementariedad de  una especialización en operaciones tácticas y de control de manifestaciones y otras situaciones y así se podría evitar conductas de extralimitación o abuso policial”, finalizó la abogada de la Fundación Inredh.
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