La Corte Provincial de Justicia de Pichincha negó el recurso de apelación dentro de la acción de protección presentada por Miguel P. Y Jafet G., defensores de derechos humanos de INREDH, evitando pronunciarse dentro de la vía constitucional sobre las vulneraciones de derechos ocurridas durante su detención en una protesta social en Quito.
La Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores ratificó la decisión de primera instancia que declaró improcedente la acción de protección presentada por Miguel P. y Jafet G., quienes fueron víctimas de graves vulneraciones de derechos el 21 de noviembre de 2024 en Quito.
En su fallo, emitido el 27 de marzo de 2026, el Tribunal reconoce que los hechos están relacionados con una posible detención arbitraria y el uso ilegítimo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, pero concluye que estos no pueden ser analizados mediante una acción de protección y dispone que se remitan copias certificadas del expediente a la fiscalía General del Estado a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes.
Esta decisión, en la práctica, posterga el acceso a justicia y a medidas de reparación integral para los defensores, y genera preocupación sobre el alcance de las garantías constitucionales frente a violaciones de derechos humanos.
Contexto
Los hechos ocurrieron durante una jornada de protesta convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). Miguel P. y Jafet G. acudieron como veedores de derechos humanos de INREDH, debidamente identificados, cuando fueron detenidos por agentes policiales mientras registraban la aprehensión de un adolescente.
Según la acción presentada, ambos fueron golpeados, arrastrados, inmovilizados en el suelo, insultados y retenidos por más de seis horas sin acceso a defensa legal ni comunicación con sus familiares. Además, sus teléfonos móviles fueron revisados sin orden judicial y fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su detención y traslado.
Pese a la gravedad de estos hechos, la Corte Provincial determinó que la acción de protección no es la vía adecuada para analizar posibles vulneraciones relacionadas con la privación de libertad, la integridad personal y el uso de la fuerza, señalando que estos aspectos corresponden a otras garantías jurisdiccionales.
Para INREDH, esta resolución resulta preocupante, ya que evita un pronunciamiento sobre la responsabilidad estatal frente a posibles violaciones de derechos humanos y traslada el caso a otras instancias, lo que podría dilatar el proceso y debilitar la protección efectiva de quienes ejercen labores de defensa en contextos de protesta social.
El caso se inscribe en un contexto más amplio de preocupación por el tratamiento de personas defensoras de derechos humanos en Ecuador, especialmente durante movilizaciones sociales, donde su labor de observación y denuncia debería contar con garantías reforzadas por parte del Estado.
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