El hostigamiento al cuerpo de las mujeres como mecanismo de represión durante el ejercicio del derecho a la resistencia[1].

Durante las últimas protestas llevadas a cabo por el movimiento indígena en el Ecuador, se demostró, una vez más, que existe un sistema represor proveniente del Estado ecuatoriano y que este a su vez ataca a las personas que deciden ejercer su derecho a resistirse contra políticas estatales que ponen en riesgo los derechos humanos.

Parece ser, que dentro de los ejes para la gobernabilidad de un país, la represión es esencial para el sometimiento de las y los ciudadanos que se niegan a aceptar políticas estatales. En este sentido, la resistencia se ha convertido en un derecho fundamental de todo ser humano, tanto de manera individual como colectiva, frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. La Constitución del Ecuador consagra en su artículo 98 el derecho a todo individuo y colectivo a ejercer la resistencia.

En este sentido, ejerciendo este derecho, mujeres, hombres, niñas, niños, personas adultas mayores, indígenas, obreros, obreras, estudiantes y otros grupos sociales acudieron, en agosto, a las calles con el fin de exigir que se garanticen sus derechos fundamentales. La movilización que se realizó a nivel nacional provocó vejaciones a las personas que ejercieron su derecho a la protesta pacífica.

Dentro de este contexto de manifestación, varias mujeres fueron agredidas física y psicológicamente por agentes de la policía nacional quienes, cumpliendo con las órdenes emitidas por el Ministerio del Interior, reprimieron de manera violenta a las personas que se encontraban en las calles. Uno de los casos más preocupantes que ha sucedido en este periodo y durante estas protestas es la agresión que sufrieron mujeres del pueblo Saraguro, provincia de Loja.

Entre los detenidos hay 16 hombres y 12 mujeres, quienes se vieron presuntamente involucrados en los enfrentamientos entre indígenas y uniformados de la Policía y de las Fuerzas Armadas, en la vía Loja-Cuenca. Los mismos que luego se trasladaron hasta el centro de Saraguro.^[2]

Además, Kathy Betancourt, dirigente de la Mujer y la Familia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), durante reuniones con medios de comunicación señaló que varias mujeres de Saraguro detenidas fueron “manoseadas, amenazadas de ser violadas e intimidadas por miembros de la Policía durante su trayecto a los centros de detención provisional”.

El control del cuerpo de las mujeres en las disputas políticas siempre ha estado presente, sea como trofeo de guerra o como forma de demostración de poder y subordinación sobre los pueblos en resistencia. En la actualidad las formas de represión estatal de la protesta social también atentan contra las mujeres de forma directa. El carácter de la agresión es selectivo y con mecanismos como la contención violenta de movilizaciones masivas, la represión con gases lacrimógenos a mujeres dentro de sus hogares o la intimidación a través de sus familias.

La situación expuesta es invisibilizada por las autoridades estatales y a su vez por los medios de comunicación, quienes le dan poca importancia a los hechos ocurridos contra las mujeres y más aún cuando ellas son indígenas. Dentro de este ámbito el presente trabajo intenta analizar a partir de la cosificación de los cuerpos de las mujeres cómo el Estado atropella sus derechos durante el ejercicio del derecho a la resistencia en el Ecuador.  

De acuerdo a la información recopilada por la Mesa Jurídica del Levantamiento Indígena, organizada para los hechos ocurridos durante el levantamiento, se puede constatar que la mayor parte de mujeres detenidas fueron discriminadas por su condición de ser indígenas y mujeres.

Según testimonio de Luz Macrina Tene, que se encontraba en una de las manifestaciones en la provincia de Loja, la fuerza pública comenzó a gritar: “Cojan a esa india”, posterior a ello fue detenida. Otras compañeras fueron arrastradas por las calles. En el caso de Luz Angélica Paqui quien se encontraba de 6 meses de embarazo la tomaron de los brazos y fue arrastrada, sin tener ningún tipo de consideración por su estado gestacional.

La historia siempre ha reflejado al hombre como aquel protagonista de las luchas sociales y como mártir de los enfrentamientos contra el poder estatal. Pero, si se analiza de manera profunda, se puede detectar que las mujeres han sido y son la base principal para que se den las grandes revoluciones. En este sentido, es oportuno traer a memoria lo que Marcela Lagarde señala:

“La protesta de las mujeres recorre el mundo hace más de siglo y medio. Desde que nuestras ancestral y nuestras contemporáneas se dieron cuenta de que su situación, la injusticia vital y la infelicidad que las embargaba no eran naturales, tenían causas históricas y era posible cambiarlas”. (Lagarde, 8)

Así como las mujeres son la fuerza para la defensa de los derechos, también han sido maltratadas y discriminadas por su condición de ser mujeres no solo en el ámbito de lo público sino también en lo privado y comunitario.

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer señala en su Art. 3:

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Desde el análisis de la violencia de género (Facio, 2000) es importante considerar, que el ámbito en el que se desarrollan las actividades cotidianas de las personas se encuentran dentro de un sistema patriarcal y capitalista donde el poder de los grupos hegemónicos provoca la sumisión de las mujeres y más aún cuando ellas se encuentras oprimidas por otras condiciones sociales: género, situación migratoria, etnia, clase, entre otras.

En los acontecimientos ocurridos durante el levantamiento indígena en el mes de agosto, se vuelve a constatar que el Estado (padre de los ciudadanos) ejerce su fuerza coercitiva como forma de reprender a quienes se oponen a sus reglas. Quién desobedece recibe el castigo del padre. Este castigo es aún más fuerte cuando las mujeres transgreden las normas impuestas por el patriarca.

En este sentido, son una vez más los hombres, quienes llevan a cabo las intimidaciones y/o agresiones hacia las mujeres como una forma de demostrar el poder y jerarquía que tienen, pues las fuerzas de choque y contención de la estructura militar y policial están formadas casi en su totalidad por ellos, fortaleciendo el sistema patriarcal del estado represor.

Esta situación no solo ocurre en el Ecuador, en México es evidencia de esta sistematicidad en donde mujeres indígenas y campesinas reciben constantemente amenazas sobre sus cuerpos y en otros casos sus cuerpos son utilizados como trofeos de disputas entre los poderes. El Estado ejerce un simple rol de observados dejando en la impunidad dichas violaciones contra sus derechos. (Hernández, 2010: 88). Estos Estados, firman convenios internacionales a favor de los derechos de las mujeres y emiten reformas legislativas que supuestamente promueven la eliminación de todas las formas de violencia en su contra, pero como se señaló, la realidad es diferente. (Hernández, 2010: 88).

En este sentido, Montoya (1998:20) plantea que el dominar, mandar, representar, protagonizar y poseer se constituyen en las fuerzas motivacionales más importantes de la masculinidad hegemónica. Cuando los miembros de las fuerzas públicas detuvieron a las 14 mujeres del pueblo Saraguro demostraron su dominio sobre el cuerpo de ellas. Además, el ultrajar sus vestimentas y por ende sus cuerpos es una forma de demostrar que ellos poseen el poder sobre las mujeres. Estos hechos cosifican y mercantilizan el cuerpo. (Monarraz, 2006), pues, en las disputas por demostrar el poder, el Estado a través de sus agentes toman sus cuerpos como objetos de valor que pueden ser negociados de acuerdo a los intereses de cada uno.

“El 13 de agosto del 2015 participé en una marcha pacífica en contra de las políticas extractivistas de Rafael Correa (…) fui detenida arbitrariamente, me patearon me golpearon me encarcelaron me esposaron me negaron agua hasta me amenazaron en botarme gas en mi boca por reclamar mis derechos y les decían porque me tratan así, incluso por dos ocasiones me sacaron de forma violenta del hospital e incluso me sacaron por la parte exterior como que si fuera una terrorista (…)” Margoth Escobar^[3]

Esta forma de violencia surge del abuso de poder de una persona hacia otra. (Garda, 2006:126) En el caso de la represión a la protesta social y al ejercicio de resistencia llevado por las mujeres, el abuso en principio es realizado por una persona individualizada pero detrás de ella existe todo una estructura patriarcal de sometimiento a las mujeres que rechazan las políticas estatales.

La visibilización moderna de las mujeres, la participación social ampliada y la propia reivindicación humana han puesto en crisis el paradigma del mundo patriarcal. (Lagarde, 4). Esto se logra demostrar con las actuales reivindicaciones llevadas por las mujeres indígenas de Saraguro y de la Amazonía ecuatoriana.

Sin miedo al poder, las mujeres, se han enfrentado discursiva y físicamente a las estructuras patriarcales-estatales generando que quienes lideran el sometimiento comiencen a construir temores que, a su vez, desencadenan actos violentos, como lo ocurrido en el levantamiento indígena del mes de agosto del presente año.

Las limitaciones de género impuestas a las mujeres conforman una compleja problemática económica y social y, como es evidente, cultural y política. Perder el control patriarcal sobre las mujeres, la expropiación de sus recursos y su exclusión de la vida política, significa para quienes ejercen el dominio la pérdida de su jerarquía, de su poderío, de su cosmovisión y de su mundo. (Lagarde, 8)

Cuando se habla de violencia contra la mujer se lo relaciona principalmente con el ámbito de la familia, sin embargo, se ha demostrado que en la esfera pública la violencia es algo sistémico y estructural. ‘Un mecanismo de control patriarcal sobre las mujeres que se construye sobre la superioridad masculina y la inferioridad femenina sobre papeles y expectativas estereotipados según el sexo, y la predominancia económica, social y política del hombre y la dependencia de la mujer. (Copelon:5)

Estas estructuras de dominación que nacen de un sistema patriarcal generan diferentes tipos de violencia contra las mujeres transgresoras de la norma. En el caso que se está analizando, las 14 de Saraguro a más de ser víctimas de detención ilegal, fueron víctimas de violencia sexual en la forma de amenazas de violación. Además existió violencia psicológica en el momento de generar en las mujeres la angustia, 1a humillación, el debilitamiento y temor causados por la brutalidad física. (Capelon:7).

El objetivo de animar a los hombres a enfrentarse a las fuerzas estatales y someter con violencia a las mujeres que protestan es debilitar el movimiento social, convirtiéndolas en impotentes para aceptar un sistema de dominación patriarcal, racista y clasista. (Capelon: 9)

La dominación violenta a las mujeres se da a través de un conjunto de mecanismos, acciones y omisiones que aseguran al patriarca, en este caso el Estado, el control del mundo material y simbólico. La dominación asegura sobre todo la expropiación colectiva e individual, a cada una y a todas las mujeres, de los productos materiales, simbólicos, económicos y culturales de su creación. La dominación asegura a los hombres y sus instituciones patriarcales los mecanismos y la legitimidad para expropiar a las mujeres sus cuerpos subjetivados, su sexualidad, sus productos y creaciones y sus fantasías. (Lagarde, 16-17)

La situación que atravesaron las mujeres al ejercer su derecho a la protesta social y resistencia pone a la luz la formación patriarcal en la que los militares y policías son formados dentro de instancias educativas. También se demuestra que el poder estatal se encuentra enlazado fuertemente con el aspecto patriarcal y dichas estructuras construidas de manera conjunta son difíciles de deconstruir.

Otro aspecto que es importante recalcar es la forma como los medios de comunicación cosifican el cuerpo de las mujeres y le dan poco valor a pesar que son las guardianas, desde la cosmovisión indígena, de la cultura y la población. A pesar de ello el rechazo llevado por Katty Betancourt sobre las vulneraciones de derechos que recibieron las 14 mujeres de Saraguro por la Policía nunca fue expuesto en los canales televisivos, quedando una vez más invisibilizado la labor en las luchas sociales que realizan las mujeres. http://bit.ly/1Q05V2d

En conclusión la cosificación y vulneración de los cuerpos de las mujeres se sigue entendiendo como algo que sucede únicamente en las esferas privadas. Pero, la manera como agentes estatales ultrajaron a las 14 m
ujeres de Saraguro afirma la hipótesis de que el primer opresor patriarcal es el propio Estado, el cual intenta silenciar a las mujeres mediante mecanismos de tortura, como la violencia sexual.

La discriminación por ser mujer y además por ser indígena se mantiene aún dentro de las estructuras sociales e institucionales. Los cuerpos de las mujeres aún son considerados como trofeos del patriarcado, por lo que se siente con la facultad de hacer y deshacer con ellos según sus intereses.

Es lamentable que no existan políticas estatales que garantice un pleno ejercicio del derecho a la resistencia y a la protesta social. Teniendo en cuenta que no solo se encuentra garantizado en la Constitución del Ecuador sino también en instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En el caso de las mujeres, la CEDAW establece que los Estados se encuentran obligados a garantizar la participación política de este grupo social.

Bibliografía:

ü  Constitución del Ecuador, 2008.

ü  COPELON, Rhonda. Terror íntimo : la violencia doméstica entendida como tortura

ü  MONARREZ, Julia, Las víctimas del feminicidio juarense: mercancías sexualmente fetichizadas (429-445), Fermetum, Merida Venezuela – ISSN 0798-3069 Anio 16, No.46 MAYO – AGOSTO 2006.

ü  MONTOYA, T. (1998). Nadando contra corriente. Buscando pistas para prevenir la violencia masculina en las relaciones de pareja. [Nicaragua], Puntos de Encuentro

ü  GARDA, ROBERTO. Complejidad e intimidad en la violencia de los hombres. Reflexiones en torno al poder, el habla y la violencia hacia las mujeres. En: Violencia contra las mujeres en contextos urbanos y rurales, México, D. F.: El Colegio de México. 2006

ü  LAGARDE, Marcela, Identidad de Género y Derechos Humanos, la construcción de las humanas (32p). En:

ü  FACIO, Alda Hacia otra teoría crítica del derecho, en Las fisuras del patriarcado, Reflexiones sobre Feminismo y Derecho, Gioconda Herrera, coordinadora, p. 15-44. FLACSO-Ecuador, 2000. 134 p.

ü  HERNÁNDEZ, Rosalva Aída, Violencia de Estado y Violencia de Género: Las paradojas en cuanto a los derechos humanos de las Mujeres en México (Pp.86-98), Trace 57, Junio 2010. En:

          Artículo realizado para la asignatura de Género y Derechos Humanos en la Maestría de Género y Desarrollo, convocatoria 2014 -2016 de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Ecuador.

                        EL DIARIO: 27 detenidos durante protesta en Saraguro reciben prisión preventiva. Disponible:Revisado el día: 08/10/2015 a las 17:18 horas.

             Testimonio de Margoth Escobar durante la Audiencia Temática en la CIDH sobre la Situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza. Octubre 2015.