El día domingo 11 de octubre la población de Buenos Aires se auto convocó a una marcha pacífica en rechazo a la minería legal e ilegal dentro de la parroquia. Las y los manifestantes, aproximadamente a las 10:00, se dirigieron hasta una de las propiedades donde reposa la maquinaria de la empresa minera HANRINE, con la finalidad de solicitarle al propietario que retire la maquinaria de su propiedad, debido a que los bonaerenses ya se pronunciaron reiteradas veces, y de manera contundente, sobre su rechazo a toda actividad minera dentro de la parroquia.
Fue en ese momento cuando, según denuncias y videos que han llegado a esta Alianza, los pobladores fueron dispersados de manera violenta por miembros de la Policía Nacional y también por miembros de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con los pobladores de Buenos Aires.
Según la información proporcionada, hasta las 18:00 del domingo se mantuvo el amedrentamiento y la presencia de las fuerzas de seguridad en el centro poblado de Buenos Aires lanzando gases lacrimógenos y balas de goma contra la población, afectando de manera directa a niñas/os, adolescentes, adultos/as mayores y mujeres embarazadas del centro poblado. Según los pobladores, varias personas habrían resultado heridas por lo que están muy preocupados.
Como Alianza de organizaciones por los derechos humanos, denunciamos y rechazamos la represión y el uso de la fuerza por parte las entidades de seguridad nacional contra el ejercicio pacífico del derecho de la población a manifestarse y oponerse a las actividades mineras dentro del territorio; este territorio, además, permanece tomado por las fuerzas de seguridad que se utilizan para la protección de los intereses mineros.
Adicionalmente, le recordamos al Estado ecuatoriano y la fuerza pública que:
“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Declaración de la ONU sobre Defensores y Defensoras, artículo 1).
De igual forma recordamos al Estado ecuatoriano, que la Constitución reconoce y garantiza, el derecho de toda persona “a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones”, así como el derecho “a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”. Derechos que han sido vulnerados por la Fuerza pública al reprimir la manifestación pacífica de la población y su defensa de derechos. Por otro lado, el artículo 98 de la Constitución asegura el pleno ejercicio del derecho a la resistencia.
Este evento de uso desproporcionado de la fuerza, que se alertó el mismo día por una de las organizaciones de la Alianza, gracias al contacto directo con personas que se encontraban en el lugar de los hechos. La Alianza hace eco de esta alerta y exige la presencia urgente en territorio de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Gobierno, el Comandante General de la Policía Nacional y Ministro de Defensa para que cesen las acciones de represión contra la población bonaerense y den explicaciones sobre los hechos ocurridos y sobre el estado de salud de las personas que habrían resultado heridas.
De acuerdo con la Constitución, las Fuerzas Armadas no pueden ser utilizadas para el mantenimiento del orden público, función privativa de la Policía Nacional de acuerdo con el artículo 158 de la Constitución. Asimismo, recordamos que se encuentra suspendido el “Reglamento de Uso Progresivo, racional y diferenciado de la Fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas” por decisión de la Corte Constitucional de 17 de junio de 2020. No existe la posibilidad constitucional ni convencional para que las Fuerzas Armadas intervengan con el objeto de reprimir manifestación alguna. Por ello, exigimos al Estado se transparente esta denuncia hecha por los manifestantes sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión de la manifestación.
También, recordamos al Estado ecuatoriano que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las observaciones de su visita al Ecuador publicadas el 14 de enero de 2020, recomendó al Estado ecuatoriano, entre otras recomendaciones que:
- Respetar y garantizar el goce pleno de los derechos a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. En esa misma medida, asegurar que los operativos de seguridad con respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según protocolos de actuación que sean congruentes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por los agentes encargados de hacer cumplir la ley.
- Adoptar todas las medidas a fin de garantizar el derecho de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores a participar en manifestaciones sociales con la debida protección de su derecho a la libertad de expresión y de reunión.
Denunciamos que, a un año del paro nacional de octubre de 2019, el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población, así como el derecho a la integridad personal, siguen siendo conculcados por parte del Estado, esta vez contra la población de Buenos Aires. Asimismo, nuevamente, se reprime sin tomar en consideración la presencia de niñas, niños y adolescentes frente a quienes el Estado tiene un deber de protección reforzada.