Futuro de la CIDH en manos de los Estados Americanos

 Hoy, 15 de junio de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentará, como es habitual, el informe anual de actividades sobre su gestión a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) , en su cuadragésimo sexto período de sesiones, que  se desarrolla en Santo Domingo-República Dominicana.

La Asamblea, conformada por todos los Estados que firmaron la Carta de la OEA (35) – y entre ellos el Ecuador-, es el órgano supremo de la organización (Art. 54 Carta de la OEA).

Nada de lo mencionado es extraordinario, pero lo que sin duda lo es, es el hecho de que en este período de sesiones la CIDH, que es parte del sistema más antiguo de protección de derechos – el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)- solicitará a todos los Estados -casi de forma textual- que la salven.

La CIDH solicitará a los Estados que la salven de la crisis económica más grave de su historia y que pone en serio riesgo a la estabilidad  del SIDH, que durante décadas ha permitido que se visibilice,   ampare e incluso salve a centenares de personas de todas las Américas que han sido víctimas de amenazas o violaciones graves a sus derechos humanos.

Una crisis económica originada en la reducción de donaciones que financiaba al SIDH, ya que los propios fundadores – los Estados americanos-  no lo han hecho hasta ahora, de forma comprometida y significativa, para que tanto la CIDH y la Corte IDH, órganos que conforman el sistema (Art. 33 de la Convención Americana de Derechos Humanos), puedan cumplir – nada más y nada menos- con el mandato de promoción y protección a los derechos humanos en el continente. 

El 23 de mayo del año en curso, recibimos la noticia de que el próximo 31 de julio se vencen los contratos del 40% del personal de la CIDH y de que se han suspendido los dos períodos de sesiones de este año; espacios en los que podíamos solicitar audiencias temáticas para dar a conocer las situación de violación de derechos que se vive en nuestro país o pedir audiencias de casos para tratar de encontrar reparación a situaciones concretas de violación de derechos.

Este año, será diferente. Las personas, comunidades y organizaciones sociales de las Américas contaremos con menos espacios para exigir nuestros derechos y con menos funcionarios que permitan la tramitación de los casos de violación de derechos que se han denunciado al sistema, si  los Estados no extienden una respuesta inmediatas y a largo plazo para superar la crisis económica por la que atraviesa.

Acaso, ¿son muchos los recursos humanos y económicos que la CIDH está demandando? La respuesta es no. ¿A los Estados no les interesa ya un control de cómo se respetan o se violan los derechos en sus territorios? A lo mejor.

Por un lado, el total de funcionarios que conforman la CIDH, hasta el 31 de julio, son 72 personas[1]; número igual o menor con la que cuenta cualquier secretaria o ministerio de un solo Estado. Es decir, que en la actualidad no existe suficiente solvencia económica para sustentar la labor de cerca 72 funcionarios públicos de las Américas. No son funcionarios de Estados Unidos o sólo de los Estados que más aportan, son servidores que trabajan para promover los derechos en todo el continente.

Por otro lado, todo el SIDH recibe solo 8 millones de fondos de la OEA, que comparado a otros sistemas o cortes internacionales, como el africano que recibe 13 millones, es una cantidad muy pobre, para cubrir todas sus actividades.

La CIDH fue creada por la Carta de la OEA en 1948 y desde aquel año se le ha encargado el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos[2].

La CIDH nació con la OEA y para cumplir su mandato realiza, entre las principales actividades, informes temáticos o por país, en los que establece recomendaciones a los gobiernos; atiende a consultas y brinda asesoría a los Estados; realiza visitas in loco para verificar una situaciones de violación de derechos; emite medidas cautelares para precautelar un daño irreparable a los derechos de las personas y pueblos; a través de sus relatorías que vigilan la situación de los derechos con un enfoque especializado (niñez, mujeres, defensora y defensores de derechos, indígenas, etc.); actúa en el proceso de peticiones individuales, generando procesos de solución amistosa o emitiendo informes con medidas de reparación integral y, si estas no se cumplen, lleva los caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos[3].

Por su parte, la Corte IDH fue creada con la CADH en 1969, con lo cual se completó y fortaleció al SIDH. Como órgano jurisdiccional, la Corte promueve y protege los derechos reconocidos en la CADH a través de su competencia contenciosa y consultiva, es decir, la Corte tiene competencia para conocer casos concretos de violación de derechos o realiza interpretación de las disposiciones de CADH que le sean sometidos por los Estados o la CIDH. De igual forma, puede emitir medidas provisionales para evitar que se consume una amenaza o violación a los derechos humanos[4]. 

Para llevar a cabo todas las funciones señaladas, el SIDH tiene un presupuesto de 8 millones que representa solo el 6% del presupuesto de la OEA. Ese es el presupuesto que los Estados de las Américas están destinando para proteger nuestros derechos. Si bien la estabilidad económica en nuestra región es un tema poco pacífico, el porcentaje de recursos que se destina para atender la situación de derechos es realmente reprochable, tomando en cuenta que la protección de derechos ha sido proclamado uno de los cuatro pilares en los que se fundamenta la OEA[5]. 

No pocas veces se criticó muy duro al SIDH y en particular a la CIDH por retardar muchos años el proceso de administración de justicia interamericano en peticiones individuales. Se ensayó reformas e incluso está latente la hipótesis  de desaparecer a la CIDH. Pero ahora se evidencia una de las causas que explican la razón de la falta de agilidad en el sistema. Se necesita invertir más para proteger nuestros derechos.

Existe una deuda económica y social muy grade con el SIDH. Su aporte para el avance y protección con los derechos humanos de la región y a nivel universal ha sido invaluable.

Cabe mencionar, a modo de ejemplos: la resolución de casos de graves violaciones de derechos humanos (como ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas) que contribuyeron al generar parámetros claves para retornar a regímenes democráticos, después de la época de dictaduras que vivió América latina; el desarrollo de estándares para afrontar situaciones estructurales de violación de derechos, como son los desplazamiento forzosos a causa de conflictos armados o la muerte de decenas mujeres por patrones de violencia de género; el desarrollo y protección a nuevos derechos y sujetos de derechos, como son los derechos colectivos de las comunidades y pueblo indígenas o el desarrollo de los derechos de las personas LGBTI; a contribuido a eliminar y reformar prácticas en los sistemas carcelarios para garantizar la dignidad de las personas privadas de libertad; ha fomentado la creación de marcos normativos e institucionales favorables para la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo y de la labor de defensoras y defensores de derechos humanos; entre tantos otros.

El caso ecuatoriano, no es la excepción. El aporte del SIDH se ha reflejado en la resolución de casos – sea por solución amistosa o de forma contenciosa- como la desaparición forzada de los Hermanos Restrepo o la detención ilegal del Caso Tibi, que contribuyeron a aclarar las obligaciones del Ecuador en materia debido proceso así como de investigación, sanción y reparación por violaciones cometidas por obra de agentes de la fuerza pública. Gracias a casos como el de  la comunidad Sarayaku, ahora se sabe cómo el Estado debe cumplir y los pueblos indígenas pueden exigir el derecho a la consulta previa, libre e informada.

De igual forma, se marcaron precedentes en situaciones de preocupación nacional, como es la falta de independencia judicial, que fueron abordados en casos como Quintana Coello o Camba Campos). Por medidas cautelares otorgadas por la CIDH en el caso Tagaeri y Taromenani, ahora estos pueblos en aislamiento voluntario cuentan con medidas de protección, pues el Estado se vio obligado a adoptarlas.

Desde la experiencia de INREDH, las peticiones individuales que se remiten al SIDH han denunciado y visibilizado verdaderas tragedias familiares y sociales, que quedarían en el olvido o la impunidad sino fuera porque trascendieron a nivel internacional como es el caso de la desaparición de Luis Eduardo Guachalá en un hospital público psiquiátrico.

También, gracias a las audiencias temáticas  ante la CIDH, comunidades indígenas y campesinas ecuatorianas han podido ser escuchadas y han denunciado la situación diaria de amenaza o vulneración de derechos de las que son víctimas por actividades o proyectos extrativistas que afectan sus tierras y su vida, y que de forma directa o indirecta han motivado alguna respuesta del Estado. Gracias al espacio de denuncia y exigibilidad de derechos que representa el SIDH, muchas defensores y defensores de derechos humanos se sienten motivados a continuar con su labor y ven en el sistema una esperanza de justicia para sus demandas.

Por todo lo señalado, consideramos que este es el momento en el que todas las ciudadanas y ciudadanos de las Américas debemos- en pleno ejercicio de nuestro derecho a expresarnos y participar- exigir a los Estados de la OEA a invertir más en nuestra protección y a no desmantelar por omisión a la CIDH, que en conjunto con la Corte IDH, es y puede ser el espacio de justicia que las americanas y americanos requerimos o requeriremos algún día para salvaguardar nuestra dignidad.

En especial, este es el momento para que los Estados Americanos que han sido calificados como progresistas- entre ellos el Ecuador- sean coherentes con su discurso y los plasmen en compromisos serios y concretos para salvar a la CIDH y fortalecer al SIDH. Curiosamente, a excepción de Chile y Uruguay que parecen fieles al progresismo que enunc
ian, son países, denominados neoliberales,  como Panamá, Argentina, Costa Rica, Colombia, Canadá y Estados Unidos, son los que han expresado su respaldo y la voluntad de revisar la cantidad que aportan. 

Hoy, 15 de junio de 2016, las y los representantes de los Estados, entre ellos el señor Guillaume Long, actual Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, tienen la oportunidad de ser coherentes con el discurso que pregonan, con las políticas que dicen promover en sus Estados, con los compromisos que representan y que están plasmados en los tratados internacionales y , en definitiva, de ser coherentes con su función como servidores públicos, de proteger los derechos de todas y todos.

[1]             El personal de la CIDH son 55 permanentes y 17 contratas por resultados; de aquellas, solo 32 tienen financiamiento del fondo que designa la Asamblea de la OEA (fuente:  http://www.oas.org/es/cidh/actividades/discursos/25.05.16.asp)

[2]             Art. 106 de la Carta de la OEA y Art. 41 de la CADH

[3]             Art.  42 de la CADH. Art. 18 del Estatuto  y Arts. 15 y 25 del Reglamento de la CIDH

[4]             Art. 61 y 62 de la CADH, Art. 2 del Estatuto y 44 del Reglamento de la Corte IDH

[5]             Ver en: http://www.oas.org/es/acerca/quienes_somos.asp