Gobierno Obcecado en hostigar, reprimir y silenciar

Personas detenidas arbitrariamente, organizaciones hostigadas y cerradas, poblaciones sitiadas, dirigentes escondidos en la selva, periodistas impedidos de investigar la verdad y la corrupción como telón de fondo, tal es el escenario con el que Ecuador inicia el año 2.017 en materia de derechos humanos.

Nankintz silenciada

El 2016 terminó con enfrentamientos en el campamento minero La Esperanza, que ocupa territorio que paulatinamente ha sido despojado a la nacionalidad shuar en el sur de la provincia de Morona Santiago (Ver aquí). Un policía muerto y varios heridos en las filas militares, dos heridos en las filas indígenas shuar fueron el resultado de estos hechos que enfrentaron al pueblo contra el propio pueblo, los unos defendiendo, por orden superior, el voraz apetito de las transnacionales y sus secuaces nacionales, y los otros defendiéndose de esa arremetida.

Nankintz, comunidad shuar que se asentó en el 2006 en tierras reclamadas por la compañía minera china Explocobres S.A. (EXSA) concitó la atención y solidaridad internacional al ser desalojadas de estos territorios e insistir en recuperarlos, provocando los enfrentamientos con las consecuencias ya conocidas. 

La respuesta gubernamental fue decretar un Estado de Excepción en la provincia de Morona Santiago e implementar una campaña publicitaria en la que se ofrecen recompensas económicas por información que permita capturar a los supuestos responsables de la muerte del policía y las heridas de los otros.  Los dirigentes shuar han manifestado que no tienen responsabilidad sobre la muerte del policía ya que la bala que ingresó en su cuerpo es de fusil, un arma que no poseen los indígenas shuar, pues a lo mucho para sus labores de cacería solo utilizan escopetas de perdigones. Las heridas de otros policías y militares son por perdigones.

El Estado de Excepción permitió una movilización militar que solo tiene precedentes en la guerra del Cenepa, en 1995, cuando los indígenas ahora perseguidos fueron considerados héroes por defender la Cordillera del Cóndor frente a las supuestas intenciones del vecino país del sur, el Perú, de hacerse con el control de esta cordillera. Los héroes de antaño ahora han sido sitiados en sus comunidades, se impide el ingreso de periodistas o de líderes indígenas nacionales; los senderos están controlados y las comunidades viven en permanente zozobra frente a los sobrevuelos de helicópteros. Uno de los helicópteros militares sufrió un accidente y cayó sobre una loma de la comunidad de Bomboiza, no hubo heridos, pero si evidencia el riesgo en el que están todos los sectores involucrados en este conflicto.

Por su parte, la agresiva publicidad que ofrecen recompensas busca dividir a las familias, convertir en traidores a los vecinos, enfrentar a los hermanos, violentando el elemental derecho a la presunción de inocencia que tienen todas las personas, incluso las que ya han sido capturadas y están siendo procesadas en Gualaquiza, bajo el cargo de tentativa de asesinato.

Si el gobierno pensó que los shuar se traicionarían unos a otros; si el gobierno pensó que la militarización los amedrentaría; y aun cuando haya extendido el Estado de Excepción por 30 días más, se está equivocando de cabo a rabo. Nankintz se posicionó como ejemplo de la resistencia antiminera, no solo en el país, sino en todos los países donde se implementan megaproyectos mineros violentando los derechos de las comunidades indígenas y campesinas. Nankintz empezó a sonar en todo el mundo y no solo se dio paso a la solidaridad, sino que se fue consolidando la imagen depredadora del gobierno nacional y se fue develando la mentira que 10 años de publicidad ha construido en el contexto internacional. Los últimos fans que aún creían en el ambientalista Correa terminaron ya por decepcionarse.

Se volvió necesario silenciar a Nankintz y, lejos de proponer una solución adecuada al conflicto, se dio paso a la amenaza hacia las organizaciones que respaldaron las acciones de la comunidad de Nankints y otros grupos shuar que los apoyaron. Se empezó a orquestar una nueva fórmula de persecución al movimiento indígena y a su principal organización representante: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), así como a otras organizaciones que rechazan la política depredadora del gobierno. La fórmula: acusarlas de apología del delito, sin considerar que lo hecho por las organizaciones fue develar el conflicto y apoyar una acción legítima de recuperación territorial. Nadie festejó la existencia de heridos, al contario, mostraron su preocupación por la violencia generada.

Este nuevo anuncio gubernamental encaminado a silenciar a la población crítica, aislar a quienes defienden sus derechos, infundir temor en quienes luchan por la defensa de la vida y la naturaleza, tampoco les funcionó y, contrario al objetivo gubernamental, la solidaridad con Nankintz creció y las críticas al gobierno recrudecieron.

Entonces el gobierno apeló a otra estrategia por demás perversa y abrió un nuevo frente para desviar la atención que había captado Nankintz y así lograr el silencio sobre la violencia que genera la implementación de un proyecto minero.

La amenaza de cierre para Acción Ecológica

El Ministerio del Ambiente de Ecuador notificó a Acción Ecológica (AE) sobre el inicio de su disolución por supuestamente desviarse de los fines para los que fue constituida. La disolución fue solicitada por el Ministerio del Interior, debido a que ha manifestado el apoyo a las acciones del pueblo shuar y denunciado los impactos de la minería. AE es la organización que mayor información ha proporcionado sobre los impactos negativos de la acción minera en las poblaciones de la provincia Morona Santiago y Zamora Chinchipe, en la amazonía sur.

Un antecedente similar ya ocurrió en diciembre de 2013, cuando el ministerio del Ambiente disolvió a la Fundación Pachamama; también se cerró la Unión Nacional de Educadores (UNE) y se amenazó con disolver a Fundamedios. La misma AE, en el año 2009, ya fue clausurada por el actual gobierno, por las mismas razones que ahora argumentan, sin embargo, éstas fueron aclaradas con un resultado a favor de la organización.

Si el gobierno sabe que AE no ha incumplido su mandato; si sabe que AE no ha violentado ninguna norma legal (Ver aquí); si sabe que una acción contra AE provocaría que miles de personas en el Ecuador y el mundo levanten su voz frente a esa injusticia y reciba muestras de solidaridad de las organizaciones sociales, movimientos, gremios, instituciones de defensa de los derechos humanos, organizaciones ambientalistas, feministas, y otras, que exigirían que se revierta la arbitrariedad e ilegitimidad de este anuncio en contra de AE; si sabe todo esto, ¿por qué lo hizo?.

Ya se advirtió antes, como ninguno de los procedimientos de represión dio resultado y la nacionalidad shuar ni se amedrentó ni se traicionó a sí misma, el gobierno buscó desviar la atención de lo que sucede en la provincia de Morona Santiago y trata de aislar a las comunidades shuar que ahora sufren el embate de los organismos armados estatales. El gobierno creyó que forzando a AE a defenderse a sí misma se restaría sus posibilidades de seguir informando sobre lo que sucede y, en base a esta información, generar amplias redes de solidaridad con la nacionalidad shuar. El gobierno apostó a que la amena
za de cierre de AE disuadiría a otras organizaciones a seguir solidarizándose con Nankintz y se cerraría el flujo de información.

Algunos funcionarios de gobierno en forma privada, y uno en forma pública, manifestaron que no se cerraría a AE, ratificando implícitamente que todo lo hecho respondió a una maquiavélica estrategia gubernamental que sí funcionó. AE, con todo derecho y legitimidad, debió mirarse a sí misma y en defensa propia canalizar toda la solidaridad posible. Personajes nacionales e internacionales, organizaciones y redes transformaron el #SOSPuebloShuar en #SOSAccionEcológica, dejando a Nankintz en un segundo o tercer plano. Esto no es responsabilidad de AE, pues cualquier organización frente a una amenaza como la que se cierne sobre ella habría hecho lo mismo; esto es un ejemplo de la perversidad de la política gubernamental y sus estrategas.

Las organizaciones que se quedaron con Nankintz, incluido el movimiento indígena, sin una capacidad militante y activista como la que posee AE, poco pudieron hacer para sostener el tema Nankintz en la agenda mediática nacional e internacional. El objetivo gubernamental se cumplió, pues fundamentalmente logró desviar la atención internacional hacia la violación de los derechos de una organización y así proteger las inversiones chinas de las miradas indiscretas que empezaron a posarse en ellas a propósito de los hechos violentos de Nankintz.

Cumplido el objetivo gubernamental, el 12 de enero del 2017 se desestimó el pedido de disolución de Acción Ecológica. Ahora toca volver la mirada a Nankintz, pero va a resultar muy complicado ponerlo nuevamente en la agenda mediática y en las redes de solidaridad.

Ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda

La violencia desatada en Nankintz también develó como la justicia ecuatoriana y el Ministerio del Interior clasifican a las personas; la muerte de unos es motivo de persecución y programa de recompensas, el asesinato de otros es motivo de olvido; unos procesos avanzan como tornados, otros procesos reposan entre telarañas.

La muerte de tres líderes shuar (Bosco Wisuma, Freddy Taish y José Tendetza) se mantienen en la impunidad; para investigar sus muertes o dar con los culpables no hubo programa de recompensa alguna, que no debía darse tampoco porque, como ya se dijo, este tipo de programas violenta el derecho de presunción de inocencia; el problema es que tampoco se ha dado una investigación prolija e independiente y sus muertes están en la impunidad mientras los autores han logrado evadir la justicia con estratagemas jurídicas que, como también ya lo advertimos, en nada benefician a la verdad que se grita de boca en boca: a Taish lo mataron los militares, a Tendetza lo mataron los mineros. Otras muertes misteriosas en el sector minero de Tundaymi también han quedado en el olvido, como las de Byron Tene Morocho y de Manuel Pinchopak.

Cuando se trata de denuncias iniciadas por organizaciones sociales o por defensoras y defensores de derechos humanos, las investigaciones avanzan a un ritmo de tortuga en relación al ritmo ágil que mantienen los procesos iniciados en su contra. En 10 años, las denuncias de la Comisión de la Verdad no han avanzado; de las denuncias presentadas por miembros de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador (ASFADEC), ninguna ha arrojado resultado alguno hasta la fecha; la muerte de Freddy Taish ha superado los dos años de investigación sin que se puedan establecer a los militares responsables ni se prosiga en la formulación de cargos; la muerte de José Tendetza también ha superado los dos años de investigación sin resultados; casos como de ejecución extrajudicial de Francisco Cajigas, o casos de tortura policial como el de Ángelo Ayol se mantienen en condiciones similares pese a haber transcurrido ya años de investigación.

En contraposición, los casos iniciados en contra de líderes sociales tienen resoluciones condenatorias rápidas, por ejemplo el Caso Saraguro donde inicialmente había 31 procesados han avanzado inusualmente rápido hasta llegar a instancias de juicio y ya resolver apelaciones. La reciente investigación en contra de la toma de Nankintz, de noviembre 2016 -dos meses atrás- cuenta ya con una instrucción fiscal en contra de 8 personas con una alta probabilidad de vincular a varios más y llevarlos a condena: 70 personas son buscadas por la policía y el ejército en la zona de Nankintz. Los 7 de Pastaza han sido ya condenados y han pasado todas las etapas de apelación en menos de un año. Tomás Jimpikit fue condenado en menos de un año.

Si se quiere poner fin de inmediato a la violencia en Nankintz, no solo implica el reconocimiento pleno de los derechos territoriales de la nacionalidad shuar, la titulación adecuada de sus territorios basada en estándares internacionales, sino también el cese de la criminalización y una debida justicia frente a los casos de violaciones de derechos, porque esto constituye otra fuente de violencia.

Defensoras y defensores bajo amenaza

La importancia de la labor de las y los defensores de derechos humanos ha sido resaltada tanto por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como por el Sistema Universal de Naciones Unidas como un factor determinante en el fortalecimiento y consolidación de las democracias y que tienen como fin último el beneficio de la ciudadanía en general.

Se previene que cualquier forma de hostigamiento, agresión o criminalización desincentiva a las y los defensores de derechos humanos, y afecta a la sociedad en general dado que ellos promueven denuncias, reclamos y reivindicaciones a nivel social y colectivo, que contribuyen a la realización del Estado de derecho y la democracia, por medio del combate a la impunidad.

No obstante, y pese a las recomendaciones emitidas por órganos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos, por el Comité de Derechos Humanos, en el examen realizado el anterior año al Estado en virtud de la ratificación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos[1], por el Comité contra la Tortura igualmente el anterior año en virtud de la Convención contra la Tortura, por la Comisión Interamericana en sus audiencias temáticas[2], el Estado ha acentuado su lucha contra quienes defienden derechos, especialmente en los tres últimos años. La persecución iniciada al pueblo shuar de los últimos meses, así como a otros líderes y defensores indígenas como Jorge Herrera, Franco Viteri, Tomás Jimpikit y Pepe Acacho; e igualmente a otros reconocidos defensores como Manuel Trujillo y Manuela Pacheco, los 29 de Saraguro, los 7 de Pastaza, entre otros varios casos más, son solo un ejemplo de la conducta gubernamental.

En otro episodio relacionado a Nankintz, el presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), Agustín Wachapá, fue detenido en Macas, ciudad amazónica donde reside (temperatura promedio 21.6 ºC), y llevado a prisión a Latacunga, en la sierra centro del Ecuador (temperatura promedio 11ºC). Está acusado de incitar a la discordia por publicar un mensaje en Facebook y haber sido compartido por más de 600 veces. Según la justicia ecuatoriana, el que se haya compartido tantas veces el mensaje de Wachapá es la prueba del cómo se incitó a la discordia. En este orden de razonamiento, el creador de Facebook debería ser también ser condenado por su complicidad al haber proporcionado la herramienta “compartir” en esta plataforma social. En Latacunga, Agustín Wachapá, literalmente, se está muriendo de frío.

Y si estos ejemplos no fuesen suficientes para reconocer la tendencia del actual régimen para menoscabar la situación actual de defensoras y defensores, cerramos con broche de oro esta enorme lista con la violenta e ilegal detención de Elvis Xavier Guamán Cuvi, el pasado 10 de enero de este año 2017.

Elvis Guamán, de 20 años de edad, fue detenido durante las manifestaciones suscitadas en el Puyo, el pasado 13 de agosto del 2015. Este caso, al igual que otros juicios de criminalización, obedece a una lógica de represión contra los dirigentes sociales y las personas partícipes de las movilizaciones y los levantamientos indígenas. Fue sentenciado por el presunto delito de Ataque y Resistencia el pasado 30 de junio del 2016 y ratificado por el Tribunal de alzada el 11 de agosto del 2016, denegado el recurso de casación el día viernes 06 de enero de 2017. Sin embargo, según nuestra normativa, dicha sentencia debe ser ejecutada por el juez de primera instancia, es decir, los jueces de Puyo quienes deben emitir la boleta de captura y solo podrá ser ejecutada una vez que la sentencia de Corte Nacional adquiera validez jurídica, en términos legales, una vez que se encuentre ejecutoriada, es decir, en el término de tres días hábiles contados desde la notificación de la misma -6 de enero-.

En términos simples, para que se ordene la boleta de captura en contra de Elvis Guamán, el proceso debía esperar tres días (lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de enero) para que la Corte Nacional, ubicada en la ciudad de Quito, envíe el proceso al Tribunal de Pastaza, este último acuse recibo del mismo y emita la
respectiva providencia ordenando la detención de Elvis.

Sin embargo, miembros de la Policía Nacional se adelantaron y prosiguieron a detener al joven el día miércoles 11 de enero de manera violenta, incluso agrediendo a familiares que preguntaban por la boleta de captura, la cual no tenían los policías que procedieron al arresto. Se lanzó gas pimienta al rostro de dos mujeres que pedía se les indique la boleta de captura (Ver aquí). Una vez en el centro de detención se verificó la inexistencia de la boleta de captura y un policía simplemente dijo: “Disculpa Elvis. No hay boleta de detención. Te puedes ir”. Golpes, maltrato, gas pimienta, para finalmente pedir disculpas y decir “te puedes ir”. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que toda forma de hostigamiento o agresión a defensores, no solo pueda darse tras el inicio de un proceso penal, sino que también pueden ocurrir tras la amenaza de una eventual detención, o clausura; incluso la sola emisión de la amenaza, aun cuando la misma no llega a ejecutarse, induce en las y los defensores a tener temor, angustia, inseguridad, frustración e impotencia, además de generar una estigmas sociales en su contra, pues induce a que la población general los perciba y califique de perturbadores y en última instancia como “enemigos”. Elvis Guamán fue avergonzado en la vía pública, generando un tumulto de curiosos que se preguntaba a qué ladrón cogieron, y qué tan peligroso era que se lo llevaron de prisa y sin lograr meterlo bien en el auto policial.

¿Qué pueden hacer ahora los líderes procesados y condenados en Pastaza mirando cómo se actuó en el caso de Elvis pese a no tener boleta de captura? ¿Deberán esconderse, acrecentando la incertidumbre de sus familias y poniendo en mayor riesgo su propia seguridad? ¿Deberán poner sus esperanzas en un nuevo gobierno y en una nueva asamblea que tramite una amnistía general a los y las luchadoras sociales? Y si esto no ocurre, ¿deberán pasar años como prófugos o entregarse a una justicia dependiente de la voluntad del represor?

Sostener un grupo en la clandestinidad va a ser sumamente difícil para las familias de las personas condenadas, así como para las organizaciones que las respaldan. Se deberá afrontar además un discurso denigrante que se emitirá constantemente desde el poder. Lo que está pasando con los líderes y lideresas de Nankintz, refugiados ahora en la selva amazónica, es solo un ejemplo de lo que se avecina con el resto de personas criminalizas y condenadas por el hecho de defender los derechos propios, de su pueblo y de la naturaleza, ejerciendo de manera legítima lo que está escrito en la constitución: el derecho a la resistencia.  

A las organizaciones de derechos humanos, como Acción Ecológica, INREDH o CEDHU, las tres organizaciones ecuatorianas miembro de la FIDH, y a otras que actúan en el país, les tocará seguir asumiendo el reto de rechazar toda forma de agresión a defensores y defensoras, mantenerse vigilante del debido proceso no solo del caso de Elvis Guamán, sino de todas las defensoras y defensores de derechos humanos a nivel nacional, además de proteger los derechos de los pueblos y la naturaleza; asumir el reto y el riesgo que implica seguir promoviendo un entorno adecuado para que las y los defensores puedan desempeñar su labor en aras a la realización del Estado Constitucional de Derechos y Garantías, del que habla nuestra constitución.