Miembros de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) y de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) mantuvieron una reunión virtual con autoridades de la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a la actuación de esta institución del Estado que tiene a su cargo la investigación de los casos de personas desaparecidas en el país.
En la reunión desarrollada el jueves 13 de enero de 2022, Daniel Véjar, director de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la FGE; Ximena Coello, directora de Política Criminal, y Patricia Andrade, de la Dirección de Control Jurídico y actuación Fiscal, explicaron que se realizó una capacitación presencial y virtual a aproximadamente 100 fiscales de las Unidades Especializadas Multicompetentes de la FGE y otros fiscales que llevan estos casos a nivel nacional. Esta sería una primera fase de capacitación, que debe ser periódica y especializada en temas de desaparición.
En este marco, se criticó el cambio continuo de fiscales que manejan casos de personas desaparecidas en Ecuador. Desde Asfadec se recomendó que se notifique a los familiares sobre el cambio de fiscal, sobre todo del fiscal que asume el caso para así continuar las diligencias pertinentes. Por parte de Fiscalía, señalaron que para dar un debido seguimiento a los casos, los funcionarios están obligados a registrar en el Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF) cada diligencia realizada a partir de la tipificación del delito así como la actualización constante de las personas que han sido localizadas o si el caso deriva en otro delitos.
Posteriormente, varios familiares de personas desaparecidas, como es el caso de Giovanna Pérez (Ambato, 2010); Telmo Pacheco (Loja, 2011); Carolina Garzón (Quito, 2012); Alex Muñoz (Chillanes, 2017); Michelle Montenegro (Quito, 2018), y otras personas más, revisaron el reporte que realizó la Dirección de Control Jurídico de Fiscalía en sus casos.
Los familiares de personas desaparecidas expresaron algunas preocupaciones individuales y generales. Pidieron a las autoridades de la FGE que no realicen un control por número de diligencias, sino por la pertinencia de estas en el proceso de investigación, con el objetivo de generar un control efectivo del trabajo de los fiscales y así evitar las diligencias repetitivas o mal realizadas. También se analizó la importancia de la cooperación internacional ante esta problemática.
Pamela Chiriboga, coordinadora del área jurídica de Inredh, señaló que “el protocolo de actuación interinstitucional da algunas respuestas sobre la recepción, tratamiento y archivo de noticias de personas desaparecidas y que desde la sociedad civil estaremos pendientes de los resultados que deberán ser socializado a la ciudadanía de manera adecuada y con un lenguaje sencillo, pero además que deberán ser los/as fiscales y funcionarios quienes realmente apliquen el protocolo y actúen de manera diligente en las primeras horas después de una desaparición, las cuáles son cruciales para la localización”.
La Fiscalía se comprometió a que sean especializadas, periódicas y que se amplíen a más fiscales a nivel nacional. Además, Chiriboga en conjunto con los familiares cuestionaron y recomendaron a la FGE que los informe de control de los fiscales que entregue a familiares de personas desaparecidas deben ser más cualitativos y no sólo cuantitativos, “porque no se debe considerar sólo el número, sino la calidad de las diligencias, así como la realización de diligencias que son requeridas por los familiares”, concluyó la jurista.
Se reiteraron exigencias dentro del taller de socialización del Comité Directivo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas
Este 13 de enero también se realizó el tercer taller de socialización de avances de la implementación de la Ley de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, convocado por el Ministerio de Gobierno. En este encuentro participaron representantes de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased), Defensoría del Pueblo del Ecuador, Asfadec, Inredh y la Fundación Fuerzas Unidas por Nuestras Víctimas Ecuador (Funviecu).
El taller inició con la revisión y aclaración de los avances en los protocolos de actuación interinstitucional para el registro de denuncias, investigación, localización y cierre de casos de personas desaparecidas a nivel nacional y de personas ecuatorianas desaparecidas en el exterior, además del seguimiento de la normativa para el funcionamiento del comité directivo del sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas.
Ante estos avances, desde la Fundación Inredh se exigió la socialización oportuna de este tipo de documentos para que los familiares puedan entender todos sus derechos y las organizaciones de la sociedad civil, que trabajan para erradicar esta problemática, también puedan participar en las reuniones del comité directivo, realizar sus críticas y contribuciones, basadas en su experiencia, para así lograr una respuesta más efectiva ante las desapariciones en el Ecuador y de ecuatorianos en otros países.
Tomás Guayasamín, director de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes del Ministerio de Gobierno mecionó que sobre las personas desaparecidas en el exterior se está generando la normativa pertinente para actuar con el apoyo de la Cancillería y otros departamentos a cargo de las relaciones exteriores en estos casos.
Una propuesta de campaña digital para la sensibilización de parte de la población ante la problemática de las desapariciones en el Ecuador fue presentada en este encuentro. Las y los participantes hicieron sus observaciones y críticas para también plantear alternativas y mejoras a la propuesta realizada por el área de comunicación del Ministerio de Gobierno.
Tomás Guayasamín, representante del Ministerio de Gobierno, indicó que esta será una primera propuesta y que además la campaña también podría ser difundida de manera física en algunas instituciones del Estado, algunos medios de comunicación y que además se busca establecer alianzas con otras instituciones.
Finalmente, Chiriboga recalcó que “se espera que exista una apertura real a los y las familiares, así como a la sociedad civil para que puedan participar de forma activa de las reuniones del comité directivo del sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas y no se restrinja la participación ni de familiares ni de organizaciones que históricamente han visibilizado la problemática de la desaparición de personas en el Ecuador”.
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Implementación de la Ley de Personas Desaparecidas: Se retoman reuniones con Fiscalía y el Ministerio de Gobierno para verificar su avance
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