Quito, 2 de enero de 2024
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, manifiesta su preocupación respecto a la situación de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza al iniciar el año 2024, en medio de una inestable situación económica, política y de seguridad ciudadana, la que se manifiesta en los siguientes aspectos:
- El sistema de justicia, el crimen y la corrupción
En 30 años de vida institucional hemos visto como los poderes de turno intentan controlar el sistema judicial para garantizar impunidad para grupos económicos y políticos vinculados a actos de corrupción e incluso de crimen organizado. Con sus acciones favorecen a sus empresas y neutralizan políticamente a sus adversarios. Siempre el pretexto ha sido que estas acciones (consultas populares, elecciones parlamentarias, meritocracia, comisiones especializadas, etc.) son necesarias para garantizar la independencia judicial, resultando ser lo contrario.
El Caso Metástasis, liderado por la fiscal Diana Salazar, ha expuesto las relaciones entre la política, organismos armados del Estado, sectores económicos y el narcotráfico. Comprendemos que este tipo de investigaciones demandan tiempo, recursos y confidencialidad para llegar a ser efectivas; sin embargo, exhortamos a la Fiscalía a implementar estos mismos procesos en casos que han sido ya denunciados como el Caso Encuentro, León de Troya, Ina Papers, insumos para hospitales, etc. Completar estas acciones pendientes nos darán la seguridad que el Caso Metástasis obedece al deseo de hacer justicia de forma técnica e independiente.
De igual forma exhortamos a la Fiscalía a lograr resultados en las investigaciones sobre asesinatos de políticos, candidatos y autoridades seccionales, pues consideramos que estos crímenes también pueden ser parte del entramado violento en el que podrían haber estado involucrados estos actores sociales. Además, la muerte de más de 500 seres humanos en las cárceles del país no ha tenido respuesta por parte de la Fiscalía, no sólo en cuento a los delitos contra la vida, sino de la participación de los cuerpos de seguridad del estado que permitieron el ingreso de armas de fuego, celulares y otras herramientas utilizadas en las masacres. Las familias de esas personas no han sido reparadas integralmente.
- Hostigamiento y persecución judicial a las personas que defienden derechos
En la misma línea de uso político de la justicia, también nos preocupa como los gobiernos de turno, empresas extractivas y grupos económicos instauran procesos para hostigar y perseguir judicialmente a personas que defienden derechos o para boicotear la organización social en territorios que son de interés de estos grupos, quienes intentan además posicionar directivas afines a sus intereses.
Ejemplos de estas acciones los encontramos en la Costa con el intento del Grupo Noboa de controlar la comuna de Olón en la provincia de Santa Elena. Otro ejemplo, es el nuevo intento de un grupo hotelero por cercar la playa comunitaria en Salango; los desalojos y apropiaciones territoriales en Engabao y Valdivia. En la Amazonia esta injerencia de poderes económicos se evidencia en la creación de empresas pseudo comunitarias como punta de lanza de grandes transnacionales mineras y petroleras para desalojar territorios, la ampliación del proyecto Cóndor Mirador, entre otras acciones ilegales especialmente en territorios donde el tejido social que se opone a ser desplazadas de su territorio es fuerte. Y, finalmente en la sierra, la militarización de Palo Quemado y Las Naves para intentar imponer una consulta medioambiental.
- Impunidad de los organismos armados de control social
Nos preocupa profundamente la ineficiencia de los agentes fiscales y los juzgados cuando conocen denuncias por acciones al margen de la ley o el uso ilegítimo de la fuerza por parte de los agentes armados del Estado o vinculados a empresas extractivas. En la Amazonía sur, el asesinato de líder shuar José Tendetza ocurrido en 2014 ha quedado impune y en la misma dirección va el asesinato de Fredi Taish suscitado en un operativo militar en 2013. Además, ninguna de las muertes ocurridas en el marco del paro nacional de 2019 y 2022 han tenido una debida diligencia y se mantienen en indagación previa.
Esto en contraste con la celeridad que muestra el sistema para juzgar los actos de activistas sociales pese a no encontrarse elementos de convicción que prueben su participación directa en actos ilegales.
Reconocemos el derecho del uso progresivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado garantizado en la ley; sin embargo, el incumplimiento de los estándares para el aplicar uso legítimo y progresivo de la fuerza no pueden ser justificados bajo la figura de “exceso en el cumplimiento del deber”, sino que deben ser investigados y sancionados por la ley.
Como organización consideramos que el sistema penitenciario no brinda una rehabilitación a las personas que cometen un delito. En ese sentido, como Inredh no buscamos llevar a la cárcel a quienes han cometido estos actos, como en los casos de Riobamba y Mascarilla, porque conocemos que el sistema penitenciario imperante en el país no rehabilita ni repara a las víctimas ni a sus familiares: sin embargo, también reconocemos como válida la búsqueda de justicia que emprenden las familias afectadas y en las que se lleva implícita una condena de privación de libertad para quien comete estos delitos. Nuestro objetivo es buscar que los jueces determinen obligatoriamente medidas de reparación integral y de no repetición como eje central de sus resoluciones.
- Desmantelamiento de la institucionalidad estatal que garantiza derechos
El Estado es el garante de los derechos de la ciudadanía, los pueblos y la naturaleza, tarea que la cumple a través de las instituciones con las cuales se proporciona los servicios necesarios para cumplir con esta responsabilidad. Desmantelar las instituciones, a través de la reducción de presupuestos o el personal necesario, significa eludir su responsabilidad como garante de derechos y más bien los vulnera. En este sentido, rechazamos la intención de reducir la inversión social en áreas sensibles como en educación, salud, vivienda, seguridad social con el de nivelar un déficit fiscal provocado más por la ineficiencia en la gestión, la corrupción y el perdón permanente de las obligaciones tributarias a los grandes grupos económicos.
Expresamos nuestra preocupación sobre el actuar del Ejecutivo y Legislativo que están emitiendo una serie de decisiones en materia tributaria que solo beneficia a sectores de poder y agudiza las brechas de desigualdad.
La reducción de los presupuestos para la inversión social profundiza la exclusión y marginación de grandes sectores populares y consideramos que, casi en su totalidad, la violencia que vivimos es producto del abandono estatal a sectores empobrecidos de la sociedad, lo que deja a las generaciones de jóvenes en total vulnerabilidad frente al reclutamiento que realizan las bandas delincuenciales, convirtiéndolos en cuerpos desechables, pues su más probable y cercano futuro es una muerte violenta.
- Violencia de género
Expresamos nuestro rechazo a los actos de violencia de género y violencia política de género.
No es dable que los índices de feminicidios y otras violencias de género estén en aumento, al tiempo que los gobiernos se inhiben de asignar presupuestos o de ejecutar los que ya han sido asignados.
Nos preocupa sobremanera la normalización de una violencia de género estructural en la contienda política y el ejercicio público, pues se ha posicionado públicamente el discurso que “así es la política y las mujeres saben a lo que se meten”. Esto sólo expresa la tradición patriarcal que ha subsistido en estos espacios y que debe ser erradicada.
- Xenofobia, discriminación y perfilamiento racial
Rechazamos los actos xenofóbicos que se han inferido contra personas extranjeras, en especial de nacionalidad venezolana. Instamos a las instancias gubernamentales nacionales, a los GADs cantonales y parroquiales a encontrar respuestas encaminadas al fortalecimiento del tejido social y la implementación de estrategias eficaces para mermar la inseguridad.
Actos de estigma y discriminación no pueden ser tolerados, menos aún cuando son liderados por autoridades públicas, contraviniendo su mandato de velar por los derechos de todas las personas.
- La militarización de la sociedad
La situación crítica de inseguridad que atraviesa el país no puede ser pretexto para militarizar la sociedad ecuatoriana. La utilización de las fuerzas armadas, ante problemas sociales a la que apelan los gobiernos no deja de ser un acto publicitario frente a la nefasta situación de pobreza, exclusión y desigualdad. Los constantes decretos de excepción dictados por los gobiernos han provocado que desaparezca su verdadera razón de ser y solo se han convertido en un mero discurso o, lo por, en una política de represión y securitización escudada en la norma.
Nos preocupa la modificación de las facultades de las FFAA en el art. 158 de la Constitución, pues éstas ya han sido observadas con anterioridad en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos y en el ámbito nacional, en la sentencia NRO. 33-20-IN de la Corte Constitucional. En esta sentencia se traza una línea clara y diferenciada de la actuación policial y la actuación militar; relegando a las fuerzas armadas a facultades de defensa externa del Estado en soberanía y defensa nacional. Es inadmisible que, mediante herramientas legislativas arbitrarias se pretenda consolidar una ponderación de este bien común y seguridad por sobre la protección de derechos humanos que es obligación directa del Estado.
La autorización particular del porte de armas es también alarmante. Policía y Ejército se han encargado del control de armas en las cárceles del país con los resultados públicamente conocidos. La sociedad no puede confiar que estos mismos cuerpos de seguridad garanticen que las armas en manos de privados cumplan con todos los requisitos que han sido establecidos en la legislación y que esto no se vuelva una nueva veta de corrupción estatal. Más armas en la sociedad no es una respuesta a la inseguridad, por el contrario, incrementa las probabilidades de violencia armada. Los costos de acceso, además, convierten al porte de armas en una cuestión de clase, lo que en nuestro país está íntimamente vinculado con la impunidad. Por ejemplo, Fiscalía aún no ha impulsado el juzgamiento de las personas que atacaron con armas de fuego a manifestantes durante las protestas de junio de 2022.
Finalmente, nuestro mandato institucional de trabajar por la defensa y promoción de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza con miras de seguir aportando en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Ratificamos nuestra independencia de los gobiernos de turno, de los sectores políticos y económicos y nos mantendremos atentos a la situación de los derechos humanos en el país.
CONSEJO POLITICO
Inredh