En una rueda de prensa que se desarrolló hoy, jueves 11 de julio de 2024, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó su informe sobre violaciones de derechos humanos durante la declaración del Decreto 111, que documenta y analiza las denuncias públicas de la ciudadanía realizadas desde el 8 de enero al 8 de abril del presente año, para identificar el accionar de las fuerzas públicas dentro de esta declaratoria.
Para esto, en un primer momento, este informe amplía, desde una perspectiva crítica, los instrumentos normativos que caracterizan a los marcos legales y analiza la legalidad de la declaratoria de Conflicto Armado No Internacional (CANI).
Vivian Santander, coordinadora del área jurídica de Inredh, explicó que, para determinar la existencia de un CANI es necesario que se cumplan dos requisitos específicos: uno relacionado con la organización de los grupos involucrados, y otro con el umbral de intensidad de las hostilidades. En este contexto, subraya que la declaratoria de CANI no reconoce la existencia del mismo, ya que se determina su existencia de facto, por lo que se concluye la no existencia de un Conflicto Armado No Internacional, pues no se cumplen los requisitos para determinar la existencia fáctica de este.
Asimismo, el documento realiza una descripción del escenario político y social en el que se desarrollan estos hechos, así como la recopilación y la categorización de las vulneraciones a los derechos humanos registradas en contra de la sociedad civil por parte de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Metropolitana.
“Es así como se registró alrededor de 45 denuncias ciudadanas realizadas a través de la red social X (antes Twitter), Instagram, Facebook y medios de comunicación digitales; esto previo a un análisis del contenido digital publicado para identificar la veracidad de las fuentes de información”, explicó la comunicadora Yuli Gaona, durante la presentación.
Dentro de estas denuncias, se puedo identificar violaciones a los derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; tratos crueles, inhumanos o degradantes; detenciones ilegales y arbitrarias, y vulneraciones en territorios de comunidades indígenas, montubias o afrodescendientes, siendo las cárceles y los territorios de comunidades indígenas, los lugares con más denuncias. Pues, se obtuvo 19 casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la ciudad de Guayaquil y 12 casos de vulneración de territorios de comunidades indígenas en las provincias de Cotopaxi e Imbabura.
Después de un análisis de los diferentes casos tratados dentro del marco del CANI, Verónica Yuquilema, presidenta de Inredh, sostuvo que el CANI responde más a la narrativa política del gobierno que a una situación real con los grupos de crimen organizado.
Además, advirtió que se ha instaurado una visión ‘bukelizada’ en la institucionalidad del Estado, con acciones de necropolítica, criminalización y racialización de la pobreza que solo han afectado a los sectores populares y marginados. Añadió que no existe voluntad política para combatir el problema del narcotráfico.
Asimismo, este documento de 28 páginas resalta que la relación entre el estado de excepción y las vulneraciones de derechos humanos se evidencia en la manera en que las autoridades utilizan la emergencia como justificación para emplear la fuerza desproporcionada y negligencia administrativa.
“Hacemos un llamado a la sociedad civil, los organismos y la comunidad internacionales a mantenerse atentos y solidarios con la situación en Ecuador, exigiendo el respeto y garantía de los derechos humanos. Solo mediante la acción conjunta y la presión sobre el Estado podremos lograr que se respeten los derechos de la ciudadanía y se fortalezca la democracia”, finaliza el documento investigativo.
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