La tarde de ayer, jueves 10 de noviembre, la jueza Ana Cristina Guerrón, llamó a juicio a siete integrantes del Movimiento Guevarista y dos líderes indígenas, acusados de delincuencia organizada, trata de personas y reclutamiento para grupos armados irregulares. La diligencia se reinstaló a las 15:00 en el Complejo Judicial Norte.
La magistrada aseguró que, luego de verificar las constancias a las que se refirieron Fiscalía General del Estado (FGE) y la defensa técnica de las personas procesadas, pudo determinar que existen elementos de convicción de la materialidad de la infracción y que se trata de un “acto típico antijurídico”, por lo que dictó el auto de llamamiento a juicio contra Omar Campoverde, Ernesto Flores, Cristian Caiza, Alexis Moscoso, Nelly Yacelga, Gabriela Gallardo, Juan Carlos Bustamante, militantes del Movimiento Guevarista; Carlos Carguachi y Silverio Cocha, dirigentes indígenas, oriundos de la provincia de Chimborazo.
Con respecto a la solicitud de medidas cautelares, Guerrón decidió negar el pedido de sustitución a la prisión preventiva de Juan Carlos Bustamante, Omar Campoverde, Nelly Yacelga, Carlos Carguachi y Silverio Cocha quienes cumplen esta medida en la Cárcel del Inca y de Latacunga.
Con respecto a la exclusión de pruebas, la jueza decidió no excluir las pruebas que fueron impugnadas por la defensa técnica de las personas procesadas. Además se pronunció sobre las medidas reales de los procesados, es decir aquellas que recaen sobre los bienes, por lo que se dictó la suspensión de sus cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes.
Según Rosa Bolaños, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y abogada de Ernesto Flores, este auto de llamamiento a juicio carece de toda motivación, puesto que “no se tomó en cuenta la nulidad sustancial que provocó la indefensión ante la falta de notificación de todo el actuar de Fiscalía”.
Además, la jurista espera que se conforme un tribunal para la siguiente etapa y así se garantice el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.
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