Mediante resolución emitida el 4 de abril de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) convoca a los representantes de la Comunidad Ancestral de Salango y al Estado ecuatoriano a una audiencia pública presencial en el marco del Caso Comunidad Ancestral de Salango vs. Ecuador.
La audiencia se desarrollará de manera presencial el 20 de mayo de 2025, a partir de las 9:00 horas, en la Universidad Rafael Landívar en ciudad de Guatemala, Guatemala como parte del 176° Período Ordinario de Sesiones de la Corte IDH.
Los representantes de la comunidad serán David Cordero, Amanda Mosquera y Diana León, abogados de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH); José Valenzuela y Alejandra Montero del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (CNDH-PUCE), mientras que el Estado ecuatoriano estará representado por agentes de la Procuraduría General del Estado y se contará con la presencia del Procurador General del Estado.
Durante la audiencia, comparecerá de manera presencial el comunero Robinson Arcos, cuya declaración abordará el contexto de la problemática que enfrenta la Comunidad Ancestral de Salango, el fraccionamiento de sus tierras y la privatización de los accesos a las playas, así como la pérdida de actividades recreativas y de supervivencia que ello provocó. Además, se referirá a las medidas de hecho impulsadas ante entidades estatales, la criminalización sufrida como respuesta a su defensa territorial y la afectación cultural que estos hechos ocasionaron.
También rendirá testimonio el perito Florencio Delgado Espinoza, quien expondrá sobre la preservación de la identidad cultural de Salango desde la arqueología y la antropología.
Adicionalmente, otros testimonios relevantes se presentarán mediante declaraciones escritas (affidávits), las cuales serán consideradas formalmente durante la audiencia. Estas declaraciones incluyen las de:
- Carlos Alberto Ascencio Gutiérrez, expresidente de la Comunidad Ancestral de Salango, quien expone sobre la historia de la lucha por los territorios colectivos y su impacto en la identidad cultural;
- Angie Marcay, quien describe los desalojos violentos sufridos y las amenazas que afectaron a su familia;
- Policarpio Carvajal, quien narra los abusos estatales y actos de tortura que vivió tras defender el derecho a la resistencia;
- Jorge Salazar, quien aborda la represión y criminalización sufrida por la privatización de los caminos ancestrales.
Una eventual sentencia favorable por parte de la Corte IDH no solo representaría un paso crucial hacia la reparación de la Comunidad Ancestral de Salango, sino que también sentaría un precedente histórico para el respeto y protección de los derechos de comunidades indígenas ancestrales en el país. Este caso podría marcar un hito sobre despojo territorial, desplazamiento, privatización de espacios ancestrales y criminalización de defensores comunitarios, reforzando la obligación al Estado ecuatoriano de garantizar el acceso a la justicia y la integridad de los territorios colectivos.
Contexto del caso:
La Comunidad Ancestral de Salango, ubicada en la costa manabita de Ecuador, es un asentamiento ancestral del Pueblo Manta-Huancavilca, con una historia de ocupación continua que se remonta a más de 5,000 años. En el año 2001, la comunidad fue víctima de una venta fraudulenta de 34,32 hectáreas de su territorio comunal, que incluyó playas y caminos de uso colectivo. La transacción, realizada sin el consentimiento de los comuneros, derivó en el cierre de accesos a playas, criminalización de líderes comunitarios, represión policial y una prolongada omisión del Estado.
Tras agotar los recursos internos idóneos y eficaces para reparar la vulneración de derechos colectivos de la Comunidad Ancestral de Salango, el caso fue presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe de fondo reconociendo que el Estado ecuatoriano violó derechos fundamentales de la comunidad, entre ellos: la propiedad colectiva, personalidad jurídica, garantías judiciales, igualdad ante la ley, derechos culturales y protección judicial. Sin embargo, a pesar de este pronunciamiento y ordenar las recomendaciones de reparación pertinentes el Estado ecuatoriano incumplió de las recomendaciones emitidas, razón por la cual el caso fue elevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2023.
Esta audiencia representa un momento clave en la búsqueda de justicia y reparación integral para una Comunidad Ancestral de Salango que ha resistido históricamente el despojo de su territorio ancestral.
Cronología del caso aquí https://inredh.org/salango-cronologia/
Comunicación – 099 205 8210