El contexto de inseguridad en nuestro país es insostenible. El gobierno ecuatoriano no ha logrado dar una respuesta concreta al problema de la delincuencia organizada y de la delincuencia común. La imagen del sistema judicial se ha visto empañada ante los tantos funcionarios y funcionarias judiciales que son vinculados a actos de corrupción. La policía nacional y las fuerzas armadas han sido permeadas por el crimen organizado, por lo que se ha vuelto común los casos en que algunos de sus miembros son vinculados a delitos perpetrados por estas mafias. Los casos de muerte, extorsión, secuestros y delincuencia generalizada no cesan y en varias regiones han aumentado. El llamado “Plan Fénix” más que un plan de seguridad, es un eslogan que adorna la inacción del gobierno y de la institucionalidad del Estado.
Frente a toda esta realidad, es comprensible el hartazgo de la sociedad, que es quien palpa en su día a día la inacción del gobierno nacional. Sin embargo, desde una visión del respeto a la integridad humana, el acto de ajusticiamiento, erróneamente catalogada como “justicia por mano propia”, ocurrido el sábado 14 de septiembre pasado en la plaza central del cantón Cayambe no puede ser tolerado bajo ningún argumento; así como es mucho menos tolerable la omisión del deber de la Policía Nacional por precautelar la vida e integridad de un ser humano; la Policía Nacional pudo evitar este acto cruel, pero, por su falta de previsión de que algo así pudiese pasar en tal aglomeración de gente, se convirtió en cómplice del mismo, lo que debe ser condenado enérgicamente.
La vida de todos los seres humanos importa. Importa la vida del delincuente, del padre de familia, del hermano y de la hermana. No hay ciudadanos de primera ni de segunda categoría. Hay seres humanos con derechos.
Todas y todos tenemos derecho a un juicio justo y a responsabilizarnos de los actos o delitos que podemos cometer. El debido proceso y la debida sanción deben ser respetados por cualquiera de los sistemas de justicia reconocidos y garantizados por la Constitución.
El ajusticiamiento en Cayambe es un acto que debe ser condenado públicamente y no debe ser tomado como un caso de justicia indígena, pues dentro de ese sistema de justicia existen reglas claras de respeto al debido proceso y a la justa sanción, lo cual difiere mucho de un linchamiento o ajusticiamiento, como el ocurrido en esa ciudad.
Como sociedad no podemos naturalizar este tipo de actos y debemos exigir al Estado, y al gobierno en particular, que actúe de forma eficiente y eficaz frente a la raíz del problema de inseguridad, y brinde a la sociedad ecuatoriana respuestas concretas que les permita garantizar su buen vivir, lejos de la ley del ojo por ojo, y a una justicia igualmente eficiente y respetuosa de los derechos humanos que logre ganarse la confianza ciudadana.
Como institución de Derechos Humanos que acompaña a muchas autoridades indígenas que administran justicia y que han demostrado la eficacia de este sistema, condenamos lo sucedido en Cayambe, lo consideramos como un acto cruel que menosprecia la dignidad humana de la sociedad misma y totalmente alejado de los sistemas de justicia indígena que se ejercen, con mucha sabiduría, a lo largo y ancho del país. Además, condenamos la impericia de la Policía Nacional y exigimos al Estado y al gobierno actuar en apego a la Constitución y a los tratados internacionales, evitando que actos como éste se vuelvan a repetir.
Asamblea Inredh