Los derechos no son una cuestión moral

Imagen de cortesía: Campus de Cuenca

La marcha convocada para mañana sábado 14 de octubre de 2017 por el Frente Nacional por la Familia de Ecuador (FNFE) está encaminada, según declaraciones públicas, a defender a las niñas y niñas frente a la “imposición de ideologías basadas en suposiciones de género y anticoncepción infantil”, a través del Sistema Educativo. Según dicha organización, hay dos proyectos de ley actualmente discutidos en la Asamblea Nacional que pregonan estos postulados: el Código Orgánico de la Salud (COS) y la Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres.

Nuestra organización considera que es importante aclarar que los temas relacionados con género, se manifiestan a través de enfoques o perspectivas. No existe una “ideología de género”, pues no es una postura militante ni una creencia a imponerse – y tampoco se lo refiere así dentro de los proyectos de ley cuestionados. El enfoque de género es una perspectiva objetiva, encaminada a considerar las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan; y a plantear la incorporación de la experiencia, el conocimiento y los intereses de las mujeres en la construcción social y en el quehacer estatal. Este enfoque está pensado para saldar una deuda social enorme y pendiente en favor de las mujeres, pretende combatir los estereotipos y la invisibilización social de la mujer, así como la discriminación y la violencia de género, problemáticas que -según índices nacionales- afectan a nuestra sociedad de forma grave y permanente. 

El Estado, a través de sus leyes y políticas públicas, está llamado a palear estas realidades. En este sentido, la incorporación del enfoque de género en los programas educativos nacionales significa cimentar la educación sobre los pilares de la igualdad entre hombres y mujeres y tiene el potencial de transformar nuestra sociedad, enseñando a los niños desde edades tempranas que el respeto y la tolerancia son las únicas herr
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tas válidas de interacción social y que toda forma de violencia de género no va a ser tolerada. La inclusión de este enfoque, además, responde a obligaciones internacionalmente adquiridas por parte del Estado ecuatoriano en términos de igualdad de género y viabiliza el cumplimiento de varias disposiciones constitucionales relacionadas. Es una necesidad apremiante no solo desde el punto de vista social, sino también desde el jurídico.

Por otro lado, respecto de la supuesta “anticoncepción infantil” rechazada por la marcha del FNFE, es necesario aclarar que, desde un análisis técnico jurídico, el proyecto de COS claramente no persigue ningún fin “hedonista” respecto de la educación de los niños, como se ha alegado. Lo que se menciona en las disposiciones de este proyecto, es la simple obligación de que la Autoridad Sanitaria Nacional “dicte las normas para garantizar la disponibilidad y acceso a métodos anticonceptivos temporales, definitivos, de emergencia y naturales”. Esta disposición no cambia en absoluto el panorama nacional.

Los métodos anticonceptivos son parte de los servicios de salud que está obligada a brindar la Autoridad Sanitaria para los ciudadanos y actualmente existen ya programas relacionados en ejecución, como el DAIA (Disponibilidad Asegurada de Insumos Anticonceptivos). Además, el proyecto de Código no impulsa programas encaminados a los niños específicamente y, de hecho, ya está en vigencia en el país la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Embarazo en Adolescentes ENIPLA de forma independiente. Hay que decir, además, que el sustento de todas estas acciones estatales es el derecho constitucional y convencional de toda persona a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre la sexualidad y su vida sexual y reproductiva.  Por lo tanto, creemos que el debate en torno a esta temática tiene que centrarse en argumentos jurídicos y de derechos humanos, dejando de lado consideraciones morales o religiosas en concordancia con la declaración del Ecuador como país laico, priorizando la aplicación de principios constitucionales como el de la igualdad ante la ley.

Por lo expuesto, INREDH rechaza toda acción, independientemente de cual sea su origen, que intente  crear desinformación, envían un mensaje tendiente a la perpetuación de la discriminación, a la intolerancia y al irrespeto a los derechos humanos.