Ha causado conmoción nacional la emboscada que sufrió un pelotón militar en la zona de Alto Punino, en la provincia de Orellana, con la muerte lamentable de once uniformados asesinados. Ante esta situación expresamos nuestra solidaridad con las familias y hacemos un llamado al Estado ecuatoriano para que investigue de forma técnica, célere e independiente este hecho, con el fin de esclarecer la situación y garantizar el derecho a verdad y justicia que tienen las familias y la sociedad.
También expresamos nuestra profunda preocupación por diversos ataques armados en zonas indígenas, campesinas y afroecuatorianas en donde se registra la explotación de minería ilegal, en la frontera norte y sur de Ecuador. El común denominador de estos ataques, tanto a las Fuerzas Armadas como a la población se producen en regiones con altos recursos mineros, como el oro, y la escasa o nula presencia del Estado.
Desde hace más de cinco años, las comunidades indígenas, organizaciones sociales, autoridades locales y religiosas que trabajan en estas zonas han denunciado constantemente la presencia de las bandas delincuenciales y cómo estás han tomado control de sus territorios y de los yacimientos de oro, por lo que en este contexto lo ocurrido responde a la falta de una respuesta integral del Estado más allá de las medidas securitistas. Estos ataques lamentablemente no son nuevos, la población, especialmente indígena, campesina y afroecuatoriana, que carecen de recursos para hacer pública su situación, han denunciado insistentemente estos hechos.
Con el dolor y la indignación que causan estos hechos es necesario analizarlos, alejándonos de las narrativas sensacionalistas o de intereses político-partidistas que desean ocultar lo que realmente sucede en esos territorios y en el país. Por esta razón, desde la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) queremos plantear las siguientes interrogantes:
- ¿Por qué se permite la consolidación de bandas delincuenciales en determinados territorios?
Las bandas delincuenciales presentes en territorios ricos en recursos naturales como la provincia de Orellana, Sucumbíos, Zamora Chinchipe, Napo, Azuay o Esmeraldas ingresan maquinaria pesada hacia las zonas de explotación de minería ilegal, incluso construyen carreteras de acceso que faciliten el transporte de los minerales, principalmente de oro. Es inconcebible creer que los departamentos de inteligencia militar y policial, así como las autoridades locales designadas por el Gobierno o electas por votación popular bajo el auspicio de diversos partidos políticos, no se percaten de estas actividades y a su vez no den una respuesta efectiva que evite la consolidación en territorio de estas bandas delincuenciales.
En el caso de Alto Punino, así como en muchas otras regiones donde se registra minería ilegal, las autoridades comunitarias, poniendo en riesgo sus vidas, han dado aviso a las autoridades del inicio de estas actividades; pero no han tenido respuestas. Son numerosos los informes de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos que lo han alertado, incluso se han producido visitas de delegaciones defensoriales provinciales que han constatado esta realidad, pero el Gobierno no ha dado respuestas ni ha intervenido a tiempo. Como si esto fuera poco, en el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero del año 2020, ya se establecen de forma precisa los lugares donde existe minería ilegal, pero tampoco se ha tenido una acción gubernamental para frenar esta expansión.
Testimonios e investigaciones han alertado sobre las vinculaciones de autoridades locales, policías y militares, con las bandas delincuenciales o con proyectos de minería ilegal. ¿Acaso esta es la razón por la que no se interviene?
- ¿Quién compra, quién vende, quién exporta?
Investigaciones periodísticas han mostrado como el negocio ilegal del oro es una práctica cotidiana que, en varios casos, ha enriquecido a personajes y corporaciones vinculadas a la política local y nacional, sobre la cual no hay control alguno.
Se registran exportaciones fantasmas, crecen cuentas bancarias, hay ventas masivas de maquinaria pesada y, al parecer, nadie se da cuenta de esto.
El negocio ilegal del oro, y las exportaciones, necesita operar con la intervención del sistema financiero nacional. ¿Acaso no hay controles para esto? ¿Qué hace la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)?
Para que las bandas delincuenciales obtengan poder y control sobre territorios no solo necesitan estar armadas, sino que es menester estar vinculadas al poder político y al sistema financiero; tener acceso privilegiado a estudios técnicos del catastro minero, controlar sectores del sistema judicial y penetrar los organismos de control, incluyendo policías y militares. La filtración de información sobre el operativo militar en Punino Alto no es una casualidad, sino que es la constatación de la realidad de un Estado que está facilitando la consolidación de un para-estado, en donde la institucionalidad estatal y las bandas delincuenciales confluyen bajo similares objetivos e intereses.
- ¿Cuál será la respuesta?
Nos preocupa que la respuesta militar sea la única respuesta del Gobierno, así como los estados de excepción que hasta el momento no han logrado resolver los problemas, más bien la violencia en el país se mantiene y se agrava con hechos como estos y, por otra parte, nos preocupa que la respuesta gubernamental sea el profundizar una narrativa para consolidar su propuesta de convocar a una nueva asamblea constituyente.
En cuanto a la actuación militar, nos preocupa que, bajo la premisa de “Encontraremos a los responsables y los acabaremos”, dictada por el presidente Daniel Noboa, se atente contra la vida y la dignidad de indígenas, campesinos y afrodescendientes de zonas que nada tienen que ver con las bandas delincuenciales responsables de la emboscada a los militares.
En concreto, nos preocupa que, para dar una imagen de efectividad, se reproduzca lo que fue el Caso Putumayo, en 1993, cuando las FARC atacaron una patrulla en el Río San Miguel, en la que murieron once uniformados, entre policías y militares. En esa ocasión se detuvo a más de 50 personas y se les torturó. De ellos, once fueron procesados y acusados por la muerte de los once militares y por actividades terroristas. Las personas aprehendidas pasaron tres años en prisión antes de que se ratificará su inocencia como ellos lo habían anunciado desde el día uno de su aprehensión. Durante su detención fueron golpeados y torturados y por estos hechos el Estado fue demandado ante organismos internacionales.
El mensaje del presidente Daniel Noboa debe buscar justicia para las familias y para que estos hechos no vuelvan a suceder, sin embargo, se puede interpretar como una carta blanca para que los militares usen de forma excesiva su fuerza como, ya se ha registrado en las denuncias de ejecución extrajudicial y las 42 desapariciones forzadas registradas solo en el 2024, tras la declaratoria de conflicto armado interno que permite a los militares movilizarse por todo el territorio nacional, lo que puede desencadenar en una masiva violación de derechos.
Por otra parte, nos preocupa que este hecho sea utilizado para convencer a la población sobre una supuesta necesidad de cambiar la Constitución actual y permitir la eliminación de derechos laborales, la privatización de la seguridad social, la defensa de la naturaleza y derechos de los pueblos indígenas, a sabiendas que la regresividad de derechos no aportará a la seguridad ciudadana.
En este sentido, vemos que la masacre de Alto Punino está siendo utilizada en función de intereses políticos que refuerzan la narrativa oficial sobre la pretendida constituyente, por lo que es necesario alejarse de estas vinculaciones para intentar acercarse a la realidad que están viviendo comunidades indígenas, campesinas y afroecuatorianas que miran sus territorios caer en manos de bandas delincuenciales sin que el Estado aparezca por ningún lado.
Quito, 13 de mayo de 2025
Asamblea General de INREDH