Este 9 de octubre de 2020 se cumple un año de la muerte de José Daniel Chaluisa Cusco, una de las nueve víctimas mortales de las movilizaciones a nivel nacional en contra del Decreto 883, ocurrida en octubre del año anterior, en el centro histórico de Quito.
José Daniel, oriundo del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, que laboraba hace 25 años como estibador en el Mercado de San Roque, centro histórico de Quito, se sumó a la jornada de manifestaciones por las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenin Moreno. Ese día, 7 de octubre de 2019, José Daniel estaba protestando cuando fue acorralado por miembros de la Policía Nacional que los reprimió con elementos motorizados de la institución.
Su hijo, Wilson Chaluisa, de 21 años, recuerda los hechos recogidos por los testigos: “Ese día, la Policía persiguió a los hombres y mujeres que participaron en el levantamiento. Unos policías fueron por el lado del mercado, mientras otros por el sector de El Tejar en motos – dice Wilson Chaluisa, hijo mayor de José Daniel-. Le pegaron y luego se quedo guindado, pero vino la policía y le dio con el tolete y ya no se pudo sujetar”. José Daniel fue ingresado por emergencia al Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) la noche del 7 de octubre, en su historia clínica se registra que el paciente presentó politraumatismos, fracturas y una luxación expuesta en el quinto metacarpiano de la mano izquierda. Luego de dos días de luchar por su vida, José Daniel murió el 9 de octubre, a las 21:00, producto de “un trauma craneoencefálico severo, contusión hemorrágica parietal y una fractura del arco costal izquierdo”, precisa el certificado de defunción.
José Daniel Chaluisa trabajaba como estibador en el Mercado de San Roque desde hace 25 años. Foto: archivo familiar
El caso se investiga por el delito de homicidio en la Dirección de Derechos Humanos y Participación ciudadana de la Fiscalía de la Comisión de la Verdad 3, un año después no se ha logrado determinar quiénes son los responsables de la muerte de José Daniel. Para Roberto Navas, asesor jurídico de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y abogado del caso, en la investigación penal existe una falta de eficacia con las diligencias para el esclarecimiento de los hechos, ya que hasta la presente fecha no se tiene certeza de quiénes son los autores de este delito.
El jurista explica que al momento se han realizado varias diligencias como versiones a civiles y agentes del orden; solicitud de elementos de audio y video a instituciones televisivas; solicitud de registros de nómina del personal policial y militar presente en la zona el día en que sucedieron los hechos y peritajes. Sin embargo, aun así la información recabada es pobre y no se ha permitido individualizar a los elementos del Estado, en especial a los motorizados que se encontraban en el lugar de los hechos. “Pese a las diligencias practicadas es evidente que no existe una línea de investigación clara a casi un año de los hechos –dice Navas-. Además, existen diligencias que aún no han sido solicitadas, practicadas, ni despachadas por Fiscalía y que servirían para esclarecer los hechos suscitados el 7 de octubre de 2019 en el contexto de las protestas”.
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José Daniel tenía 40 años de edad y diez hijos. Era el sustento económico de su casa. Wilson, recuerda que cada quince días o luego de un mes su padre regresaba a la comunidad para trabajar en la tierra y apoyar a sus hijos, tanto en la alimentación como en la educación. “Cuando mi padre vivía por lo menos nos traía un pan para nosotros – dice Wilson -. Con él estábamos bien tranquilos, aunque no teníamos muchas cosas, pero teníamos padre. Él nos daba de comer, nos mantenía. Mi madre cobra el bono con eso nos está sacando adelante, pero no alcanza. Yo con mi hermano trabajó en la caña, pero es poco, una caneca de trago cuesta entre 8 a 10 dólares”.
Ocho de los diez hijos están estudiando tanto en la escuela como en el colegio, pero con la pandemia se ha dificultado que los niños puedan estudiar. Su madre Eloisa Chasiquiza, de 40 años, dice que no tienen internet ni tampoco celular para las clases, pues la señal no llega hasta la comunidad. Antes para asistir a clases caminaban una hora. Además, los hijos más pequeños continúan preguntando por su padre. “Hace una semana, los gemelos preguntaron ¿papi por qué no viene? Y mi otro hijo se va llorando y dice: papi está muerto, pero la guagua no cree y dice: ¿Por qué no llega, está trabajando?”, dice Eloisa mientras su voz se entrecorta y realiza una pausa. Ella dice, que esta situación no puede mejorar en el tiempo, ya es un año y no puedo hacer nada. “Necesito que me ayude el gobierno, que haya más pronto justicia”.
Durante este año, la familia Chaluisa Chasiquiza no ha recibido respuesta de las autoridades del Estado, pese a que recibieron ofrecimientos de apoyo para sus hijos. Incluso, relatan que los kits que recibieron varias familias de otras comunidades por la pandemia tampoco llegaron a ellos. “Ni las autoridades del gobierno ni locales nos han apoyado o ayudado, no es cierto que ellos me hayan ayudado hacer la casa. Esta media agua se hizo por apoyo de las comunidades y de los hermanitos religiosos”.
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Finalmente, como Inredh consideramos que es fundamental que la Fiscalía General del Estado garantice una investigación diligente, independiente y autónoma para esclarecer la verdad de los hechos y que este caso, que involucra a agentes de la fuerza pública y no a un hecho fortuito o accidental, sea investigado por civiles, tal como lo establecen los estándares internacionales.
Casa de la familia Chaluisa Chasiquiza a tres horas aproximadamente del cantón de Pujilí, en la provincia de Cotopaxi. Foto: Elizabeth Ledesma/Inredh
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