Ola Bini fue declarado inocente por unanimidad el 31 de enero del 2023 por una causa en su contra iniciada en abril del 2019, en la cual se lo acusaba de haber ingresado sin consentimiento al sistema informático de Corporación Nacional de Telecomunicación (CNT). Después de que el Tribunal de Garantía Penales de Pichincha ratificó por unanimidad el estado de inocencia del activista digital sueco, la Fiscalía General del Estado (FGE) apeló el fallo.
Sin embargo, la exigencia de la defensa de Ola Bini es que, independientemente del proceso de apelación de la sentencia en primera instancia, se cumpla de inmediato la resolución del Tribunal de que sean levantadas todas las medidas cautelares que cumplía el activista sueco.
Algunas medidas como el congelamiento de sus cuentas y el impedimento para salir del país siguen en pie, por esto Bini se sigue presentando en las instalaciones de la Fiscalía. No obstante, en las últimas oportunidades no se le permitió ingresar, ni registrar su asistencia y según un funcionario de la Fiscalía “queda sobre entendido que ya no necesita presentarse” y el juez ponente no ha confirmado que esto ya no sea necesario.
Proceso en el limbo: no hay respuestas sobre el estado legal de Ola Bini
Actualmente, dentro del proceso de apelación, la defensa de Ola Bini decidió recusar a dos jueces que conforman el Tribunal de segunda instancia para continuar con la etapa de apelación, ya que son los mismos que ordenaron la prisión preventiva de Bini en 2019.
En ese mismo año Bini salió de prisión gracias a la presentación de un habeas corpus, donde se declaró que su detención fue ilegitima y arbitraria, lo que indicó que la decisión de dos de los tres jueces del tribunal de apelaciones fue ilegal.
Sin embargo, la jueza a cargo del caso rechazó dicha recusación, permitiendo que el mismo Tribunal continúe con la audiencia de apelación. Esta decisión se debe comunicar por escrito para que la defensa, en máximo tres días, pueda presentar cualquier recurso de acción, pero no se ha realizado dicha notificación formal por parte de la jueza, provocando que la instalación de la audiencia sea ilegal y que vulnera el debido proceso.
Hacemos un llamado a que las autoridades ecuatorianas correspondientes aclaren el estado procesal de Bini y su obligación o no de presentarse periódicamente ante la FGE. El hecho de mantener activas las medidas cautelares en su contra y evitar que pueda cumplirlas, tal y como ha hecho la Fiscalía, en cuanto a su presentación periódica, constituye una nueva vulneración a sus derechos elementales y pone nuevamente en alerta a la sociedad civil sobre la legalidad y legitimidad de un proceso ampliamente cuestionado.
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