Organizaciones de DD.HH. solicitan al nuevo fiscal general del Estado no cambiar el delito de tortura en caso Turi

Hoy, miércoles 7 de junio de 2017, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (CDH – PUCE), mediante una rueda de prensa en Quito solicitaron al fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, que “controle y evite que la investigación a cargo de la Fiscalía del Azuay cambie la imputación penal”, es decir, que cambie el delito de tortura cometido en contra de las personas privados de libertad  del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Turi- Cuenca al delito de “extralimitación en la ejecución de un Acto de Servicio”.

Esto luego, que el pasado 30 de mayo, la Fiscalía de Garantías y Personas del Azu
ay, sol
icitara la audiencia de reformulación de cargos en la cual se pretende cambiar el tipo penal imputado de tortura por el delito de “extralimitación en la ejecución de un Acto de Servicio”.

El pasado 31 de mayo de 2016, más de 200 internos del Pabellón de Mediana Seguridad “JC” del Centro de Rehabilitación Turi fueron víctimas de tortura cometida por los policías de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO). Por este delito, están siendo procesados 49 personas.

En la misiva entregada hoy al fiscal se señala que: “en el transcurso de la investigación, hemos evidenciado algunos obstáculos que han retardado e impedido la normal consecución de la investigación penal. Por ejemplo, obra del expediente cinco intentos de Fiscalía a realizar la diligencia de la reconstrucción de los hechos, diligencia clave para individualizar responsabilidades y demostrar contradicciones en las versiones. Finalmente, la diligencia se la pudo realizar casi al año de los hechos, el 24 y 25 de Mayo, ante la sexta insistencia de Fiscalía”.

Además, expresan su preocupación al ver que todas las diligencias han sido realizadas por personal de la Policía Nacional, que es la misma institución a la que pertenecen los agresores en el presente caso, lo cual  podría poner en seria duda la objetividad de sus informes periciales. Así lo relata la carta firmada por Beatriz Villarreal, presidenta INREDH; Mario Melo,          coordinador Centro de Derechos Humanos – PUCE; Hmna. Elsie Monge, directora ejecutiva de CEDHU; y Ramiro Ávila Santamaría, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB).