La Dra. Paulina Sarzosa Guerra, Jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Infracciones Flagrantes, nuevamente resolvió diferir la audiencia de Acción de Protección en el caso Defensores, inicialmente convocada para el lunes 14 de abril de 2025 y, posteriormente, para este martes 22 de abril de 2025 a las 8h30.
Esta decisión se tomó en atención a la solicitud del Comandante General de la Policía Nacional, Víctor Hugo Zárate, quien solicitó formalmente el diferimiento de la audiencia ante la falta de tiempo para presentar documentación de descargo por parte de la Cartera de Estado accionada y ejercer su derecho a la defensa.
La nueva fecha para la instalación de la audiencia será el 12 de mayo a las 8h30 en la misma unidad judicial.
Ariadne, asesora legal de Inredh, comentó acerca del nuevo diferimiento:
“La solicitud de diferimiento de diligencias por parte de las carteras de Estado es una práctica bastante común dentro de este tipo de causas, con la evidente finalidad de dilatar los procesos y evadir responsabilidades la mayor cantidad de tiempo posible.
En este caso, es el segundo diferimiento solicitado, siendo el fundamento de una de las accionadas que no ha tenido el suficiente tiempo para ejercer su derecho a la defensa, toda vez que todavía no cuenta con todos los medios de prueba de los que considera asistida.
Sin embargo, al tratarse de una garantía jurisdiccional, el procedimiento debería ser sencillo, rápido y eficaz, por el mismo hecho de que lo que se busca es la reparación inmediata de derechos constitucionales que han sido gravemente vulnerados.
Por tanto, resulta reprochable que las carteras de Estado incurran en este tipo de prácticas, dejando de lado los principios de la justicia constitucional.”
Contexto
El 21 de noviembre del 2024, se llevó a cabo en la ciudad de Quito una manifestación convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), a la cual se unieron diversas organizaciones sociales en rechazo a las políticas del presidente Daniel Noboa.
En la avenida 10 de agosto a la altura de la intersección con la calle General Pedro Briceño, miembros de la Policía Nacional bloquearon el paso de los manifestantes con vallas metálicas. En ese momento la protesta empezó a registrar focos de violencia ajenos a los organizadores y en medio del caos dos miembros de la policía infiltrados de civiles derribaron brutalmente a un adolescente que portaba su uniforme de colegio y con la ayuda de otros uniformados arrastraron al estudiante por la calle del Banco Central, el hecho quedó registrado por las cámaras de varios medios del país.
Ante la situación, Miguel P. como veedor de derechos se acercó a grabar la detención y pedir al adolescente que grite su nombre. Fue entonces que uno de los policías lo sujetó del brazo y lo arrastró detrás del cerco policial donde lo inmovilizaron y golpearon. Simultáneamente, otro miembro de Inredh, Jafet G., que presenciaba la detención violenta de su compañero, se acercó para identificarse como defensor de derechos, pues quería asistir a Miguel.
Los policías, ignorando que ambos portaban cascos e identificaciones, y pese a que Miguel y Jafet les comunicaban que eran miembros de Inredh, los aprehendieron y llevaron en una patrulla al Distrito de Policía Manuela Sáenz, lugar donde fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y solo después de retenerlos durante 7 horas, decidieron dejarlos en libertad a la madrugada del día siguiente, sin haberlos llevado en ningún momento ante una autoridad judicial.
Comunicación Inredh
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