Posición de Alberto Acosta sobre la ley minera

Luego de algunos meses de no conversar con ustedes por esta vía, me permito enviarles este mensaje con unos comentarios sobre el proyecto de ley minera.

Con algunos abogados y conocedores en la materia, hemos trabajado intensamente el fin de semana. Aunque no fue posible una revisión detallada del proyecto, ya que éste fue puesto a circular recién la noche del viernes pasado. Esta constatación es importante para destacar el poco tiempo disponible que se ha dado para el segundo debate de un tema tan trascendente.

Este apresuramiento, que se da en medio un creciente malestar social, estaría atentando contra el derecho a la participación ciudadana en la elaboración de leyes, por el cual tanto hemos luchado.

Adicionalmente, en medio de la actual crisis económica internacional, cuando los precios de los minerales están deprimidos, al igual que las acciones de las empresas mineras, no habría tanto apuro alguno; salvo que se pretenda elaborar una ley entreguista, algo que, conociéndoles a ustedes, lo descarto totalmente.

Aún recuerdo que la mayoría de ustedes analizó con responsabilidad el Mandato Minero, antes de aprobarlo con 95 votos, de los 96 asambleístas presentes. Fue un momento histórico, para mi inolvidable. Votamos conscientes de la situación de abusos provocada por las empresas mineras, alentadas con la anuencia cómplice de los anteriores gobiernos. Ecuador vivió un verdadero “festín minero”, que estuvo a punto de provocar irreparables daños ambientales y sociales. Votamos a favor, también, convencidos de que la actividad minera en el Ecuador debe enrumbarse por una senda de profundo respeto al ser humano y a la Naturaleza.

Sabíamos que no era un fácil elaborar una nueva ley. Hay muchos intereses en juego. Y muchos problemas acumulados. Estamos convencidos que no se podían, ni se pueden mantener las cosas como están. La realidad en el ámbito de la minería a pequeña escala en el caso de los recursos metálicos o de la explotación de materiales para la construcción, es sumamente compleja en varios aspectos. Estamos convencidos que la posibilidad de una minería metálica a gran escala requiere de decisiones responsables, que no pueden ser tomadas atropelladamente.

Lo que está en debate es la continuación del modelo extractivo exportador de materia prima, en contraposición al modelo del Bien Vivir como manda nuestra Constitución. Está demostrado que este modelo extractivista, en lugar de desarrollo, ha traído más pobreza, mayor desigualdad, creciente contaminación y más dependencia, conculcando el futuro posible del país. Como sabemos ha sido un modelo causante de prácticas rentísticas en lo económico, clientelares en lo social y autoritarias en lo político.

Es por ello que se precisa el más amplio debate d
emocrático para aceptar o no la conveniencia de la minería metálica a gran escala y a cielo abierto. Pero el asunto va mucho más allá, no sólo está en juego la coyuntura y el momento político que vivimos, sino el horizonte histórico para nosotros y las generaciones futuras.

Debemos reconocer que se han hecho algunos esfuerzos para incorporar cambios en el proyecto de ley inicial. Rescatamos el hecho de que no se habla más de una ley orgánica. Eso es positivo. Sin embargo, hay además puntos que nos preocupan. Como es el caso los artículos referidos la minería artesanal o de subsistencia, de la pequeña minería y de la minería de los materiales de construcción; estos son insuficientes.

Cuestiones fundamentales, como el tema del agua, deben ser explícitamente aclaradas. Por lo tanto proponemos se incorpore, que antes de emitir sus informes favorables para dar paso a  actividades mineras, el Ministerio sectorial del manejo y gestión del agua, exija que las empresas mineras comprueben -señalando un proyecto similar al propuesto con similares condiciones ecológicas, geológicas y climáticas-, que sus actividades no contaminan las aguas superficiales o subterráneas ni durante la realización de las actividades mineras propuestas, ni durante 10 años después de la terminación de dichas actividades.

Otros aspectos vinculados a posibles efectos nocivos de la gran minería, que deben ser estudiados y analizados con detenimiento, encontrarán detallados en el documento anexo.

Ahora, como en Montecristi, es hora de las grandes definiciones. Me niego a creer que el temor al debate o al disenso democrático pueda llevarles a una posición ambivalente y ambigua. El conocimiento que tengo de ustedes me da la certeza de eso no es posible y, por ello, tampoco el silencio es aceptable. Nadie puede marginarse de esta decisión.

Estamos construyendo democráticamente una sociedad democrática (al menos eso es lo que todavía espero). Por eso, les invito a asumir con valentía una posición coherente.

Me permito, por lo tanto, hacer la siguiente respuesta política:

1. Congelar el actual proyecto de ley y abrir un espacio real de diálogo nacional.

2.    Elaborar una ley que regule la actividad minera existente, es decir la pequeña minería, la minería de artesanal o de subsistencia, la minería de pétreos o materiales de construcción y no metálicos. Además, en esta ley se debe crear y normar la nueva institucionalidad minera en el país (incluyendo la empresa estatal minera), con los correspondientes sistemas de control monitoreo y evaluación económica, social y ambiental.

3. Cumplir a cabalidad el Mandato Minero y por cierto la nueva Constitución de la República. A partir del cumplimiento total de dicho Mandato, se puede empezar el debate de una posible ley de minera metálica a gran escala.

4. Conjuntamente con la participación de la SENPLADES, los gobiernos locales y los demás organismos pertinentes, se deberá realizar un proceso de regionalización y planificación del uso de los recursos naturales, tal como lo establece la Constitución en el Art. 279. Esa información deberá servir de base para poder establecer aquellas zonas en donde se desarrollarían las actividades mineras.

5. Si es
preciso, al finalizar este debate nacional, caminemos hacia una consulta popular. Preguntémosle al pueblo si está o no de acuerdo con la minería metálica a gran escala a cielo abierto.

El reto es abrir la puerta a un gran debate nacional. Sin chantajes de ningún tipo, discutamos sobre este tema de trascendencia nacional. Nadie puede esgrimir como propio el argumento del supuesto interés de la mayoría de la población para imponer una u otra tesis. Nadie puede presentarse como el intérprete de la voluntad política colectiva en esta cuestión (ni en ninguna otra). El diálogo debe darse en condiciones de igualdad y sobre todo de equidad.

Ustedes me conocen, rechazo terminantemente todo tipo de violencia, venga de donde venga. La vía de los intolerantes de cualquier índole y desde cualquier posición, no es la vía de la democracia.

El desarrollo de la actividad minera, no se diga la nueva ley, exige un proceso de consulta que no acumule más resentimientos y desconfianza de las comunidades. Transformemos el debate en una oportunidad para tomar decisiones fundamentadas y no atropelladas.

Como un último punto, me permito sugerir que la Comisión Legislativa cree las condiciones para la re-estatización de las industrias cementeras, que fueron privatizadas en forma alegre y corrupta durante “la larga noche neoliberal”.

Que no sea la conveniencia personal de la coyuntura política o la comodidad del silencio la que abra la puerta a que se lleven a cabo atropellos sobre el orden constitucional y los derechos fundamentales del ser humano y la Naturaleza.

Con aprecio,

Alberto Acosta

¡Nada para nosotros, todo para la Patria!