En la mañana de hoy, miércoles 25 de enero de 2023, se escucharon las intervenciones del ministro de Defensa, Luis Lara; del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, y de Ingrid García, coordinadora ejecutiva de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) sobre la capacidad y preparación de las Fuerzas Armadas para complementar las acciones de la Policía en la seguridad pública.
Esta sesión se dio en el marco del tratamiento del proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución que es impulsado por el presidente Guillermo Lasso, y que se estudia desde el 17 diciembre de 2022, en la Comisión Especial de Enmiendas y Reformas Constitucionales de la Asamblea Nacional.
El ministro Lara comentó que el proyecto tiene como objetivo el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional para el combate al crimen organizado. De ser aprobada esta propuesta del Ejecutivo, en el artículo 158 se añadiría:
“Previa solicitud motivada de la Policía Nacional, la o el Presidente de la República del Ecuador podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada”.
Luego de las intervenciones de los representantes de las Fuerzas Armadas, surgieron varias inquietudes desde las y los asambleístas que iban en torno al uso de armas de las FFAA para complementar las acciones de la Policía; la vinculación de ciertos elementos de dicha institución en el narcotráfico; y las horas de formación sobre el uso progresivo de la fuerza y derechos humanos dentro de sus carreras.
El ministro Lara confirmó que en ciertos casos existe una vinculación con el narcotráfico y mencionó que se hará una depuración. Sobre la formación, no especificó las horas y se mantuvo en que son «constantemente capacitados». En cuanto al uso de armas no se refirió. Más bien, aseguró que la institución militar «no tiene denuncias sobre violaciones de derechos humanos».
Al respecto, Ingrid García, coordinadora ejecutiva de Inredh, recalcó algunos casos sobre vulneraciones a los derechos humanos, dónde están involucradas las FFAA. Esto en respuesta al ministro de Defensa, quien aseguró que en la institución militar no existen dichas denuncias.
La participación de García se centró en la preocupación que genera este proyecto de reforma, debido a que se avalaría el uso permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública del país, sin necesidad de que exista una declaratoria de estado de excepción, como está vigente en la actual normativa.
Asimismo, citó a organismos nacionales e internacionales que ratifican la importancia de la diferenciación de las fuerzas públicas; en este caso, “las fuerzas policiales están formadas para la protección y el control civil, mientras que las FFAA centran su entrenamiento y preparación en un objetivo, consistente en la derrota rápida del enemigo”.
Y cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, menciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la participación de las FFAA debe ser: a) extraordinaria; b) subordinada y complementaria; c) regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, y d) fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.
“La colaboración Policía Nacional y Fuerzas Armadas está en la Constitución y la Corte Constitucional ya se pronunció y recalcó los parámetros de dicha colaboración, por lo cual la enmienda constitucional es innecesaria”, planteó García. Finalmente, recalcó que es preciso que los Estados actúen en todo momento dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como los derechos humanos.
Como fundación Inredh recalcamos que la securitización no es la respuesta a problemas sociales y que resulta bastante alarmante que se pretenda utilizar el discurso de la lucha contra el crimen y la protección del orden público para utilizar el régimen de excepcionalidad.
El gobierno propuso que esta reforma sea parte de las ocho preguntas del referéndum que se realizará el 5 de febrero de 2023, pero la Corte Constitucional resolvió que debía tramitarse por reforma parcial en la Asamblea Nacional.
Una vez que el proyecto es tratado dentro de esta mesa legislativa, tienen entre 30 o 60 días para emitir un informe para primer debate, el cual sería entregado en el mes de febrero. Luego, se daría el segundo debate en un plazo no mayor a 90 días y de ser aprobado en el Pleno, el texto irá a referendo.
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