Este lunes, 18 de mayo a las 09h00, se realizará la audiencia dentro de la acción de protección y medidas cautelares presentada a favor de las y los afectados por el derrame de petróleo ocasionado por la ruptura de tres oleoductos. La demanda fue presentada por varias afectados, la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), los Obispos de los Vicariatos de Orellana y Sucumbíos, con el apoyo de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, el pasado 29 de abril de 2020.
Para la Audiencia, la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Francisco de Orellana solicitó la presencia de tres ministros: René Ortiz, Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables; Paulo Arturo Proaño Andrade, Ministro de Ambiente (e); Juan Carlos Cevallos, Ministro de Salud Pública; así como, la comparecencia de Íñigo Salvador Crespo, Procurador General del Estado; y del representante legal de la Compañía de Crudos Pesados Ecuador S.A (OCP) y Gerente General de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador-EP PETROECUADOR, a fin de que den a conocer las acciones realizadas en el marco de sus obligaciones y competencias respecto a los hechos sucedidos el pasado 7 de abril.
Las garantías jurisdiccionales solicitadas buscan reparar los derechos de las personas afectadas directamente por el derrame de al menos 15,800 barriles de crudo vertidos en los ríos Coca y Napo. Evento que no puede pasar por alto, dado que este incidente es considerado como el peor desastre socio-ambiental ocurrido en los últimos 15 años en Ecuador y se calcula que serían 27 mil las personas afectadas directamente.
Como organizaciones que acompañamos a las víctimas insistimos que este derrame pudo evitarse si las entidades que comparecerán -instituciones estatales y la empresa OCP- hubiesen asumido oportunamente las acciones preventivas para evitar los daños. No obstante, por las omisiones estatales y de las empresas operadoras, el derrame de crudo en el contexto de la pandemia ha exacerbado los riesgos de las y los afectados, vulnerando sus derechos al agua, a la alimentación, a la salud y a vivir en un ambiente sano; así como, a la información, el derecho al territorio comunidades indígenas y los derechos de la naturaleza, entre otros.
En la audiencia también presentarán su testimonio varias personas afectadas, así como, testigos expertos que referirán los impactos sociales, ambientales y culturales ocasionados por el derrame, se abordará los efectos relacionados al estado de salud de comunidades indígenas cuyos moradores presentan enfermedades asociadas a la contaminación del agua y la escasez de alimentos.
En este sentido, las organizaciones que participan en el proceso hacen un llamado al Juez de garantías constitucionales del Cantón Francisco de Orellana a garantizar el debido proceso. Asimismo, exhortan al Gobierno Nacional, específicamente al Ministerio de Salud Pública, la Secretaría de Derechos Humanos, al Consejo de la Igualdad Intergeneracional y el Consejo de la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, la activación urgente de brigadas de salud dirigidas a la atención de salud de la población, especialmente de niñas y niños de poblaciones indígenas, así como, la crisis sanitaria que enfrenta la Amazonía Ecuatoriana donde se han confirmado casos de COVID-19 y un brote epidemiológico de dengue.
Contacto: Yuli Gaona, Comunicación Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos – 0980916690