Foto referencial de la Pastoral Social de Esmeraldas.
La Red Coordinadora de Organizaciones Sociales del Norte de Esmeraldas (Redcone) y la Pastoral Social Caritas del Vicariato Apostólico de Esmeraldas, mediante un comunicado, expresaron su preocupación por el incumplimiento de las medidas cautelares ratificadas por el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de San Lorenzo, Segundo Caicedo, quien tras escuchar las intervenciones de los afectados, no solo ratificó las medidas cautelares de 2011, sino que resolvió suspender toda actividad minera ilegal en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, de la provincia de Esmeraldas.
Además, dispuso que los ministerios de Recurso No Renovables, Minería, Ambiente y otras carteras de Estado solucionen el «grave problema social y ambiental» cometidos en la zona. Para ello, otorgó un nuevo plazo de 30 días para que cumplan las medidas cautelares en los dos cantones. Esto debido, a que en la audiencia del pasado 4 de junio de 2018, se constató que, según los exámenes realizados por la Secretaría del Agua (Senagua), el líquido del Río Cayapas – Santiago y sus afluentes de los dos cantones están contaminados por presencia de metales pesados como arsénico, plomo, aluminio, cromo, cobre, vanadio, zinc, molibdeno y otros, lo que causa que el agua no sea apto para consumo humano.
Este 4 de julio concluye el plazo para el cumplimiento de las medidas. Frente a esto, las dos organizaciones denuncian que las autoridades del gobierno nacional, la Prefectura de Esmeraldas y los municipios de Eloy Alfaro y San Lorenzo “nunca respetaron las medidas cautelares, al continuar extrayendo de manera ilimitada e ilegal el material pétreo para ejecutar sus obras de viabilidad”. También, señalan que el Ministerio de Minas entregó 38.700 hectáreas para la explotación minera de oro a COPROSAN, empresa privada.
Para José Ponce, coordinador de Redcone, la minería no fomenta el desarrollo económico del país, ya que en los últimos diez años de su presencia ha aumentado los índices de pobreza en la provincia.
Con él coincide, Santiago delacruz, vicepresidente de la Federación de Centros Chachis de Esmeraldas, que asegura que la minería ha contaminado los ríos y que la nacionalidad indígena hasta el momento no posee servicios básicos como el agua potable.