En la mañana de este viernes, 20 de mayo de 2022, se desarrolló la visita de la Defensoría del Pueblo (DPE) a la urbanización Miduvi Canoa que tenía como objetivo recabar información a partir de entrevistas y con la observación de las evidencias que posean las partes procesales sobre el cumplimiento o no de la sentencia y las diligencias de seguimiento.
En esta reunión, que organizó la DPE como la institución encargada del seguimiento al cumplimiento de la sentencia, participaron el delegado de la Defensoría del Pueblo de Manabí, Weimar Zambrano; representantes de la Empresa Pública Municipal Mancomunada De Agua Potable de los Cantones Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre y Tosagua (Emmap-Ep) y del Municipio de San Vicente; el presidente de la urbanización Miduvi, Luis Ayala, y el vicepresidente, Leodan Delgado.
Uno de los puntos relevantes que recalcó Luis Ayala, presidente de la Urbanización Canoa-Miduvi, en esta visita, fue que no se ha mantenido una comunicación fluida con la empresa y el GAD de San Vicente.
“En el año pasado teníamos comunicación constante con las personas encargadas de la dotación de agua, incluso me hacían firmar un documento donde se constataba que se entregaba el agua, pero en los últimos meses ya no había comunicación por su parte, al punto que casi un mes no recibimos agua potable”, recalcó Ayala.
Esta molestia persiste -mencionó el dirigente- ya que la gente espera el abastecimiento del agua a un hora ya determinada por un acuerdo escrito y avalado por el Tribunal, sin embargo no llega. “Muchas personas pierden de trabajar por esperar a que llenen el tanque que abastece los jueves y domingos a alrededor de 70 familias”.
Ante esto, tanto el gerente de la Emmap-Ep como el encargado de Obras Públicas del Municipio San Vicente se comprometieron a mantenerse en contacto con el presidente de Miduvi. Estas autoridades ratificaron que sí existió desabastecimiento pero que se debía a condiciones climáticas y logísticas en las vías.
Asimismo, la Defensoría solicitó un nuevo informe a la Emmap-Ep donde se especifique, durante los dos últimos meses qué días no se brindó el servicio con normalidad en los horarios establecidos en el proceso constitucional, los motivos, y la solución que se brindó de ser el caso; si se ha dotado o no de agua a través de tanqueros; cuántos medidores están instalados en la ciudadela, y si han existido mejoras en la red de agua potable. Este documento se prevé que se lo entregue el próximo martes, 24 de mayo del año en curso.
Ayala manifestó que la comunidad se encuentra vigilante con el cumplimiento de la sentencia. A su vez aprovechó el espacio para denunciar que ha sufrido violencia en contra de su integridad y de los accionantes.
“Si bien estos espacios de diálogo son importantes, es preciso recordar que anteriormente se han incumplido los acuerdos a los que se han llegado en audiencias de seguimiento de cumplimiento de sentencia, con aval del Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Sucre, Provincia de Manabí. En ese sentido, nos mantendremos vigilantes de que no se reitere la violación a derechos constitucionalmente reconocidos, como la alimentación, integridad personal, vida digna e igualdad, no discriminación y salud”, concluyo Dayuma Amores, asesora legal de la Fundacion Regional de Asesoria en Derechos Humanos (Inredh).
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Visita de la Defensoría del Pueblo a Canoa-Miduvi: Habitantes reiteran inconsistencias en la dotación del agua
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