Hoy, lunes 11 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia de cumplimiento de las medidas de reparación de la sentencia sobre los actos de tortura cometidos en el ex pabellón de Mediana Seguridad JC, del Centro de Rehabilitación Social CRS Turi, ocurrido el pasado 31 de mayo del 2016. Las medidas de reparación fueron acogidas a través de un habeas corpus presentado ante el juez Esteban Vélez Pesantez el 30 de junio del 2016.
La audiencia se instaló con la presencia de representantes del Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, la Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo y el Servicio Nacional de Protección a Personas Privadas de Libertad y Menores Infractores. El juez José Alejandro Peralta Parra otorgó la primera intervención a Defensoría Pública, representado por David Ayala quien solicitó información al Ministerio de Interior y al Servicio Nacional de Protección sobre el cumplimiento de las charlas sobre derechos humanos y trato a personas privadas de la libertad en todos los Centros de Rehabilitación Social a nivel nacional.
Los representantes del Ministerio del Interior y del ex ministerio de Justicia informaron que no pudieron dictar las charlas de derechos humanos en los Centros de Rehabilitación Social, que se tenía previsto impartir para para los internos y funcionarios. La razón: no la explicaron en la audiencia; mientras, que el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo presentaron un informe de cumplimiento de charlas y atención psicológica a los internos del Centro de Rehabilitación Social de Turi.
El delegado del Ministerio de Salud aseguró que el tratamiento psicológico era para las 300 víctimas de tortura y que solo 23 aceptaron, de ellas solo a 15 se les dio seguimiento y de los 8 restantes se desconoce la información.
Frente a ello, el juez solicitó que se proporcione información sobre los 8 internos que fueron trasladados a otros CRS y el estado de estas personas, si fueron parte del proceso de reparación integral y si recibieron tratamiento psicológico.
Tras escuchar a las partes, el juez José Alejandro Peralta Parra otorgó un plazo de 45 días para que la dos carteras de Estado presenten un informe del cumplimiento de las charlas de derechos humanos en los Centros de Rehabilitación Social. También por petición de Defensoría Pública, se pidió que se vincule a la Defensoría del Pueblo para que se ejecute y verifique el cumplimiento de estas medidas de reparación.
Para finalizar el Juez dictó que el informe a presentar por dichas carteras del Estado no requiere de una nueva audiencia de cumplimiento.
Para Pamela Chiriboga, parte del equipo de Inredh, el incumplimiento de estas medidas de reparación demuestran la falta de voluntad política y la no importancia que el sistema tiene frente a las personas privadas de la libertad.
«Recordamos, al Estado ecuatoriano que las personas privadas de la libertad son un grupo de atención prioritaria y están bajo la protección del Estado -dijo Chiriboga-, ya que es el único responsable de su bienestar. Además, cuando una persona comete un delito no pierde sus derechos humanos, sino solo el derecho a la movilidad».